muerte por delitos relacionados, que fortalezcan los programas de prevención y proporcionen tratamiento, rehabilitación y resocialización para toxicómanos, que fomenten programas de sustitución de opioides, rechacen políticas de “guerra contra las drogas” y promuevan políticas con un enfoque de género. Estos cambios han reconocido que el consumo de drogas psicoactivas, su tráfico y producción constituyen cuestiones complejas y las políticas de drogas deben tener en cuenta dicha complejidad. Sin embargo, este reconocimiento no se ha traducido en ninguna flexibilización a la restricción de los usos de drogas a los fines médicos o científicos.
La tercera parte del libro se centra en los desafíos a los que se enfrentan las políticas de drogas psicoactivas en un mundo complejo de sociedades con diversas leyes, normas sociales e individuos con diferentes niveles de autocontrol. Estas sociedades tienen distintas estructuras y políticas y sufren variados males sociales. Esto da lugar a que los países tengan diferencias significativas en su vulnerabilidad y riesgos para desarrollar organizaciones criminales e industrias de drogas ilegales. Estas vulnerabilidades limitan la eficacia de las políticas de drogas.
A pesar de las interpretaciones estrictas predominantes de las convenciones sobre drogas, se revisan algunas opciones de política propuestas por algunos analistas. Se muestra que la falta de definiciones de términos importantes y la ambigüedad en las convenciones abren la posibilidad de ampliar la interpretación de los términos fines médicos o científicos para incluir los conocimientos obtenidos científicamente en las ciencias sociales y reinterpretar las convenciones. Otra opción de reforma de la política consiste en establecer un acuerdo para acordar un tratado inter se permitido por las Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT)6. Finalmente, se plantea la posibilidad de ofrecer diversos tratamientos a diferentes drogas dependiendo de sus efectos en el cuerpo humano y sus riesgos de adicción.
En esta parte también se analizan algunas cuestiones de política “ineludibles”: los posibles conflictos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030 y las políticas actuales de la SICD; los aparentes conflictos entre los principios más importantes de la OMS y el SICD con su finalidad de establecer un “mundo libre de drogas”; la necesidad de controlar el comercio internacional de drogas psicoactivas y sus precursores químicos; los problemas del SICD en algunos países con gobiernos federales donde sus estados son soberanos y no aplican las políticas; y los desafíos planteados a las políticas de drogas por la forma en que operan los servicios del sector de la salud y los mercados legales de drogas psicoactivas. El capítulo final resume las principales conclusiones, extrae algunas lecciones y destaca los desafíos políticos presentados por el complejo “problema mundial de las drogas”.
Finalmente, es importante alertar al lector sobre las referencias a los documentos de las Naciones Unidas. Como se verá en el capítulo cuarto, en el segundo apartado “Inconsistencias importantes, términos indefinidos y vacíos legales en las convenciones de drogas”, las versiones en inglés y español de las convenciones en algunos casos se diferencian sustancialmente. Los documentos de la JIFE están disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, pero el inglés y el francés son los únicos en que se trabaja en ese órgano. Por eso, las traducciones de los documentos de la JIFE al español no son acertadas algunas veces, por ejemplo legalization en inglés se convertía en “despenalización” en español, aunque en este idioma estos dos conceptos son distintos. Para evitar esos problemas, he utilizado traducciones propias cuyos resultados reviso y adecúo para reflejar los conceptos originales.
Notas
1 Los Comentarios a las convenciones son documentos que, aunque no son vinculantes, ayudan a entenderlas e interpretarlas. Su redacción está a cargo de expertos y testigos de los debates que tuvieron lugar a lo largo del proceso de redacción de las convenciones.
2 En febrero del 2020, los únicos países que no formaban parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 eran la República Democrática de Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Nauru, Samoa, Sudán del Sur, Tuvalu, Vanuatu, Islas Cook y Niue.
3 La JIFE se opuso a este enfoque de “reducción de daños” para el consumo de drogas psicoactivas y se convirtió en un blanco de fuertes críticas de algunas ONG, periodistas y académicos que argumentaban que las políticas de reducción de daños representaban formas legítimas para promover y proteger el bienestar de los ciudadanos, que los consumidores de drogas y los adictos no perdían sus derechos humanos y que la JIFE estaba actuando más allá de su mandato y en conflicto con las Convenciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Bewley-Taylor, 2012b; Small y Drucker, 2007; Csete y Wolfe, 2007; Barrett, 2008; entre otros). En los últimos años, la JIFE ha suavizado su posición. Véanse los capítulos séptimo y octavo.
4 Este proceso se detalla en el capítulo décimo.
5 La marihuana contiene más de 300 sustancias de las cuales más de sesenta son “cannabinoides” únicas de la planta de marihuana. “El principal componente psicoactivo en el cannabis es el Δ-9 tetrahidrocannabinol (THC). Los compuestos que son estructuralmente similares al THC se conocen como cannabinoides” (OMS, s. f. a). Muchas de las sustancias que contiene la marihuana no tienen efectos psicoactivos; el cannabidiol, la sustancia empleada en la mayoría de los usos médicos es uno de ellos. La marihuana medicinal se ha fumado principalmente sin separar sus sustancias. En muchos lugares, la prescripción de marihuana medicinal ha sido muy laxa y de hecho se convirtió en un pretexto para legalizar el uso de sus sustancias psicoactivas.
6 Esto permite que un grupo de partes en un Convenio se una y realice un cambio en la convención que solo es válido dentro de sus países.
primera parte: el proceso de formación del Sistema Internacional de Control de Drogas
1. Los asuntos de las políticas de drogas no son nuevos
Todas las sociedades en las que ha habido disponibilidad de drogas psicoactivas las han usado1, pero han percibido los peligros y efectos del consumo de maneras muy diferentes que, además, han cambiado con el tiempo. Sus efectos han sido percibidos como negativos, neutros o positivos dependiendo de la sociedad, la droga y la época2.
Las bebidas alcohólicas y otras drogas se han utilizado para aumentar la productividad en sociedades agrícolas donde muchos trabajos son repetitivos, solitarios y aburridos3. La urbanización, la modernización y la industrialización transformaron el trabajo y otras relaciones sociales y, por primera vez en la historia, personas no aristócratas tuvieron un poco de ocio e ingresos para gastar a su antojo. Cuando eso sucedió, los costos sociales de la drogadicción crecieron y se hicieron evidentes. Se observó que, en algunos entornos tradicionales, el consumo de drogas aumentaba la productividad; mientras en los contextos urbanos modernos, constituían un obstáculo para las actividades productivas que requerían coordinación y colaboración entre los trabajadores (Hush, 1992)4.
Las drogas psicoactivas han tenido múltiples usos: “para la relajación, la recreación, curar y aliviar el dolor, para hacer y disfrutar la música, para la seducción, el trabajo, las batallas y para la adoración” (Kleiman, Caulkins y Hawken, 2011, pp. xviii-xix). También se utilizan en rituales culturales que facilitan las interacciones sociales. Estos usos han variado a lo largo del tiempo y según las sociedades. Para muchas drogas, especialmente los opiáceos, prevalecieron los usos medicinales. Hasta no hace mucho tiempo, la medicina no curaba muchas enfermedades y las drogas
