han sido justificadas al amparo de razones de bienestar social, pero rechazadas por los órganos de control de drogas de las Naciones Unidas debido a que incumplen las convenciones en la materia. Sin embargo, tras la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia en 2006, el gobierno inició un movimiento para modificar las convenciones sobre drogas con el fin de permitir los usos tradicionales de la coca. Así, en 2009, propuso una enmienda a la Convención de 1961 que permitiera la masticación de coca sin alterar otros controles sobre las plantaciones y la producción de cocaína. Esta solicitud se hizo de acuerdo con el proceso de enmienda de la Convención Única (artículo 47) y fue justificada por la nueva constitución del país que declaró la hoja de coca como patrimonio cultural del país. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por el ECOSOC y Bolivia denunció la Convención. Luego, siguiendo el procedimiento establecido, el país solicitó de nuevo el acceso a esta con reservas y volvió a adherirla el 10 de febrero de 20134.
Por otra parte, el crecimiento de la industria de drogas ilegales en América Latina desencadenó fenómenos muy altos de corrupción y niveles elevados de violencia en algunos países y regiones. Esto llevó a que en 2008, diecisiete prominentes latinoamericanos, entre ellos tres expresidentes de Brasil, Colombia y México, convocaran la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia para rechazar el enfoque de la guerra contra las drogas y promover reformas en materia de políticas de drogas. Como resultado de esta, en marzo de 2009 se publicó un informe donde se afirmaba que la guerra contra las drogas había fracasado y se abogaba por un cambio de paradigma en dichas políticas (Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, 2009). En consecuencia, en noviembre de 2011, el presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que era momento de repensar las políticas de drogas; ese mismo año, Otto Pérez Molina fue elegido presidente de Guatemala con una plataforma política que incluía la legalización de estas y, en México, después de terminar su mandato presidencial a finales de 2012, Felipe Calderón se unió al grupo de expresidentes latinoamericanos que apoyan cambios significativos en la política de drogas.
El informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia 2009 actuó como un catalizador que condujo al establecimiento de la Comisión Mundial de Política de Drogas, que actualmente cuenta con veinticinco miembros, incluidos doce expresidentes, primeros ministros y otros importantes ex artífices de políticas en la materia alrededor del mundo. La Comisión Global ha elaborado informes anuales cuyos objetivos, en 2016 y 2017, se centraron en “Avanzar en la reforma de las políticas de drogas: un nuevo enfoque para la despenalización” y “El problema mundial de la percepción de las drogas - contrarrestar los prejuicios sobre las personas que consumen drogas”. Estos documentos analizan la complejidad y las cuestiones de derechos humanos asociadas a las políticas de drogas.
Adicionalmente, partir de 1996, un grupo de estados estadounidenses empezaron a desarrollar sistemas para suministrar marihuana medicinal5, cuyo uso es permitido por las Convenciones, aunque se ha invocado con frecuencia para permitir usos no médicos.
Para mayo de 2019, en Estados Unidos, treinta y tres estados, además del Distrito de Columbia y los territorios de Guam y Puerto Rico, habían aprobado el uso de la marihuana medicinal. La marihuana no medicinal (“recreativa”) fue legalizada por votación en Colorado y el estado de Washington en noviembre de 2012. En mayo de 2019, Alaska, Michigan, Oregón, Nevada, Maine, Vermont, Massachusetts, el Distrito de Columbia y California también lo hicieron, así como la tribu Flandreau Santee Sioux, en su reserva de Dakota del Sur.
Uruguay fue el primer país que legalizó la marihuana no medicinal en diciembre de 2013. No obstante, el gobierno ha procedido con cautela para establecer un sistema de estrictos controles. Así, la marihuana al por menor solo estuvo disponible en dieciséis farmacias en julio de 2017. Aunque este país no ha impugnado el SICD, sostiene que su política cumple con las convenciones porque está diseñada para promover la salud y el bienestar de su población.
Posteriormente, el 21 de junio de 2018, Canadá promulgó la Ley de Cannabis que legaliza los usos no medicinales de la marihuana. Esta es una ley compleja que busca regular todos los aspectos del mercado de la marihuana y no hace ninguna referencia al SICD. Por su parte, el gobierno de Canadá ha argumentado que se ha tomado muy en serio sus obligaciones internacionales y a lo largo del proceso legislativo ha tenido en cuenta los objetivos generales de regular y restringir estrictamente el acceso al cannabis con el objeto de proteger a la sociedad de las consecuencias adversas del consumo ilegal de drogas. Canadá también sostiene que sus políticas tratan de proteger la salud y el bienestar y, por lo tanto, cumplen con los propósitos del SICD (F. Thoumi, comunicación personal con delegados de Canadá en su visita a la JIFE en Viena, 14 de mayo de 2019).
El 17 de enero de 2019 (Actas II 2018/19, No. 42, artículos 5 y 8) los Estados Generales de Países Bajos (legislatura bicameral) aprobaron el “Experimento de cadena de suministro en coffee shops”, un ensayo para suministrar legalmente cannabis de manera controlada a los coffee shops y analizar cuáles serían los efectos de hacerlo. El experimento también investiga la incidencia sobre la delincuencia, la seguridad y la salud pública, y se limita a algunos coffee shops en pocos municipios.
Estos acontecimientos son indicativos de los crecientes cuestionamientos de facto al consenso sobre las políticas mundiales del SICD. Si bien no se pone en duda que la adicción a las drogas psicoactivas puede ser devastadora para los consumidores adictos y sus familias, y que puede causar altos costos sociales y económicos; las industrias y mercados de drogas ilegales generados por la prohibición de la producción, comercialización y consumo también producen costos sociales y económicos elevados como el aumento de la corrupción, la violencia y el debilitamiento de la gobernabilidad. Ciertamente, tanto la prohibición mundial como la legalización de los usos no médicos generan costos y beneficios sociales y económicos; no obstante, sus distribuciones varían significativamente entre las sociedades.
Como se mencionó anteriormente, las políticas del SICD se basan en un conjunto de tratados que establecen la obligación de eliminar el consumo humano de las sustancias controladas, exceptuando los usos con fines médicos o científicos. Sin embargo, al considerar esta política surgen algunos interrogantes como:
1. ¿Qué se debe hacer si una parte considera que los costos de esa política exceden sus beneficios?
2. ¿Cómo abordar las diferencias ideológicas entre los gobiernos con respecto a la libertad de las personas para consumir drogas que alteran la percepción, estado de ánimo, conciencia, cognición o comportamiento?
3. De igual manera, ¿cómo se deben manejar los diferentes enfoques para formular e implementar políticas públicas en la materia?
Las respuestas a estas preguntas conducen a las verdaderas raíces de los desafíos a los que se enfrenta el SICD. Para responder a ellos, es necesario reconocer la necesidad de establecer un diálogo fructífero, reconocer los obstáculos y analizar la pertinencia que tiene el Sistema de las Naciones Unidas en la formulación de políticas contemporáneas que busquen alterar comportamientos humanos enraizados en las diferentes sociedades.
3. La necesidad de establecer un diálogo fructífero
La forma como los humanos forman sus opiniones y creencias sobre los temas que les importan ha sido una tarea de filósofos, científicos sociales, políticos y todos los demás que están interesados en explicar cómo los seres humanos entienden la vida y el mundo. La literatura académica sobre estos temas ha crecido a un ritmo rápido. En las últimas décadas, muchas disciplinas han adoptado métodos empíricos para establecer cómo y por qué las personas desarrollan sus creencias y cómo evalúan la evidencia sobre los problemas sociales. Una conclusión común de muchos de estos estudios sostiene que las personas usan el razonamiento para explicar la vida y decidir qué creer, pero este proceso también está influenciado por sentimientos y emociones. Este trabajo no pretende examinar la literatura que
