Políticas como un resorte de punición y de control: «un eficaç instrument a l’hora d’aplicar un escarment social, neutralitzador de futures veus dissidents i generador, alhora, de passivitats submises».92 Todo un aparato judicial cuyas consecuencias exceden las repercusiones cuantificables para adentrarse en el resbaladizo terreno de lo subjetivo, lo psicológico, el mundo de las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Son esos «efectos no contables» generados por la violencia de posguerra que no pueden ser baremados, pero no por ello deben ser minusvalorados. En definitiva, los sentimientos que conlleva la punición y que, además, no afectaron únicamente al encausado, democratizándose ese temor.93
Finalmente, la Ley de Responsabilidades Políticas era continuadora de la búsqueda de legitimación del golpe de estado y la dictadura. Así, excede su carácter de instrumento jurídico de castigo para ser también un instrumento político de legitimación. Se requería armar todo un discurso que justificara la sublevación –y por tanto su origen legítimo– y revistiera de legalidad y juridicidad la feroz violencia desplegada. Es en este sentido en el que Manuel Álvaro, que es quien más ha incidido en esta vertiente, señala que la dictadura franquista tiene en la ley de 9 de febrero de 1939 «una de sus concreciones doctrinales más acabadas».94 Punir bajo un manto de legalidad y oponerlo a una violencia revolucionaria cruel e incontrolada o justificarlo por los atropellos cometidos no era una práctica novedosa, ni tampoco exclusiva de la Ley de Responsabilidades Políticas. La diferencia estriba en el refinamiento alcanzado. A lo largo de su articulado, aunque especialmente y de manera más explícita en su preámbulo y parte sustantiva, se recogen los mitos de la dictadura sobre el pasado reciente. También una dicotomía entre buenos y malos que delimita al enemigo como causante de los males.
De entrada, el origen de la responsabilidad se sitúa en octubre de 1934 y no en el golpe de estado de julio de 1936. Tras esta retroactividad se encierra la lectura franquista del golpe de estado y la Guerra Civil. Esto es, las claves de los mitos construidos, la reinterpretación del pasado más reciente y la tergiversación de los roles desempeñados como base ideológica legitimadora del golpe y la dictadura –y la represión–. Obviamente, ello requiere la demonización del pasado republicano y, por el contrario, transformar una sublevación contra un gobierno legal y legítimo en un necesario e ineludible «Movimiento Nacional».
El manido vocabulario empleado incide en esa construcción interesada del pasado contraponiendo términos que designan y describen claramente una dicotomía de buenos y malos. Por un lado, está el Gobierno, la Patria, el Movimiento Nacional, la civilización. Por otro, la «subversión roja», las «personas culpables». Además, frente a la benevolencia, misericordia y «humana moderación» de unos se encuentran los grandes agravios inferidos por los otros.
En cuanto a las causas de responsabilidad, se debe tener en cuenta que la legitimación del golpe de estado pasaba por no reconocer la legalidad del Estado republicano. En consecuencia, se debía estigmatizar y castigar a sus protagonistas. ¿Cómo hacerlo a posteriori sin condenar con retroactividad? Es por ello que se trata de actitudes y comportamientos políticos que en el momento de producirse estaban revestidos de la más absoluta legalidad y formaban parte de la vida política. Como señala Manuel Álvaro, las causas de responsabilidad están delimitando la «anti-España» que debía ser castigada al establecerse una relación causal entre los antecedentes –los comportamientos políticos legítimos– y las consecuencias –los supuestos males padecidos por la Patria–. El vínculo que los une no se sostiene sobre razones jurídicas. Es en realidad un nexo puramente ideológico.95
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