situación, sino en verificar que cumplan con los requisitos de ley y averiguar si tienen intención de participar. Es decir, la diferencia entre la notificación y la notificación efectiva radica, principalmente, en que la segunda ya no toma en cuenta a los no aptos (que no cumplen con requisitos de ley) o a quienes se niegan a participar (cuadro 2).
Durante la segunda etapa se capacita por igual a todos, al margen de que unos serán propietarios y otros, suplentes. La idea es no diferenciar entre los cargos para que todos puedan desempeñar cualquiera de ellos. En 2018, al finalizar la segunda etapa se registraron casi 1 400 000 personas listas para cumplir con su función. Finalmente, el día de la elección 908 301 estuvieron presentes para recibir el voto de sus vecinos.
Si bien los datos muestran que se cumplió con el propósito de que los ciudadanos se hicieran cargo de la elección en el momento clave –la jornada electoral–, también hay información que muestra el desgaste del modelo. Como se observa en la gráfica 4, a lo largo del tiempo se han registrado en términos relativos menos personas dispuestas a participar (notificados efectivos) debido a un aumento en el número de no aptos (en 2018 este rubro ascendió a 3 000 982) y de rechazos (1 781 171 en el mismo año). En 2006, de cada 10 personas visitadas había cuatro dispuestas a ser funcionarios de casilla; en 2018 el número bajó a 2.8. Sin embargo, el INE ha aprovechado mejor a ese subconjunto de personas dispuestas a participar. En 2018, el 7.5% de las personas visitadas al principio terminaron fungiendo como funcionarias de casilla, que es el mayor porcentaje en las últimas cinco elecciones, incluso con el aumento de las negativas a participar.
Gráfica 4. Ciudadanos insaculados notificados efectivamente, no aptos y rechazos, y total de funcionarios que participaron en la jornada electoral. Elecciones 2006-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los procesos electorales 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, INE.
Durante todo el proceso, la negativa de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla se presenta en distintos momentos: no aptos y rechazos en la primera etapa, sustituciones en la segunda etapa (personas que dijeron que sí y se les dio la segunda capacitación, pero después renunciaron) y quienes simplemente no llegan el día de la jornada electoral, por lo que se tiene que tomar a un suplente entre las personas que hacen fila para votar.
La tasa de rechazos y de no aptos en la primera etapa de capacitación ha aumentado desde 2006: de 22% en ese año a 39.5% en 2018. De igual manera, ha habido un incremento de rechazo de personas que habían aceptado y que incluso se habían capacitado (sustituciones) –14% más que en 2012– o de aquellos que simplemente no llegan el día de la jornada electoral, por lo que se tiene que invitar a un ciudadano formado en la fila para que realice las funciones (tomados de la fila): en 2012 la cifra fue del 3.8%, en 2015 subió casi a 8% y en 2018 se logró disminuir a 6.2% (gráfica 5).
Gráfica 5. Comparativo de rechazos y no aptos, sustituciones y tomados de la fila. Elecciones 2006-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los procesos electorales 200, 2009, 2012, 2015 y 2018, INE.
Entre los motivos para no participar estuvieron, en primer lugar, los laborales, ya fuera porque los ciudadanos no contaban con el permiso para ausentarse el día de la jornada o porque trabajaban por su cuenta; en 2018, tres de cada 10 justificaciones cayeron en esta categoría. La segunda razón fue que se declararon enfermos, y la tercera que no sabían leer ni escribir. En cuanto a los rechazos, 17% simplemente se rehusaron a participar o no atendieron al capacitador del INE, seguidos por los que adujeron que estarían de viaje.
Paradójicamente, en México las mayores dificultades para contar con ciudadanos que quieran hacerse cargo de la jornada electoral no surgen de la pobreza o el analfabetismo, sino de la simple negativa a participar. Esto ocurre sobre todo entre quienes se ubican en el percentil más privilegiado; es ahí donde se registra el mayor desprecio a participar en la «cosa pública». Las entidades con el mayor número de rechazos fueron Ciudad de México (35%), Baja California (34%) y Nuevo León (33%). En entidades con índices de pobreza más altos, las tasas de rechazo directo fueron menores: Oaxaca (11%), Guerrero (12%) y Chiapas (16%).
Más aún, los sitios donde se encontró mayor resistencia a ser funcionario de casilla se ubican en ayuntamientos de la Ciudad de México, como Benito Juárez o Miguel Hidalgo, zonas urbanas con elevada calidad de vida: 53% en el primer caso y 44% en el segundo. En las zonas Polanco, Lomas de Reforma, San Miguel Chapultepec, Lomas de Virreyes y Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, caracterizadas por su alto nivel adquisitivo, el INE se topó con que la mitad de los visitados no quiso participar. En el distrito 06 de Monterrey se registró el 51% de rechazo. En cambio, en Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca, Chilapa en Guerrero o San Cristóbal de las Casas en Chiapas, el problema no fue significativo: 4%, 5% y 7%, respectivamente.49
Una vez más, la desigualdad socioeconómica es fuente de problemas, pero esta vez por la negativa de los más acomodados para dedicar su tiempo a las tareas democráticas.
UN CIUDADANO, UN VOTO
El principio democrático de que a cada ciudadano le corresponde un solo sufragio por elección, y que el voto se respeta, se hace efectivo en cada casilla electoral.
Cada ciudadano tiene asignada una sola casilla, cercana a su domicilio, para emitir su voto. El día de la votación, tanto los funcionarios de casilla como cada representante de partido tienen en su poder la lista nominal de los ciudadanos que pueden sufragar en ese punto de votación. Así, nadie podrá ser recibido para votar en una casilla distinta a la que le corresponde.
Además, el ciudadano debe presentar su credencial para votar con fotografía. Esa es la llave única e irreemplazable para sufragar.50 La fotografía debe corresponder con el portador de la credencial, y tanto el nombre impreso en la credencial como la fotografía deben coincidir con los que aparecen en la lista nominal. Tras comprobar esas coincidencias, se le entregan al elector las boletas para que marque su sufragio en cada una. En la lista nominal de la casilla, el secretario debe anotar la palabra «votó» junto al nombre de cada elector que acude a sufragar, una vez que se le identifica.
Las boletas de las elecciones federales están a cargo del INE.51 En 2018 se imprimieron 279.5 millones de papeletas de votación para las elecciones federales, que contenían nueve medidas de seguridad: marca de agua, fibras ópticas visibles, fibras ópticas ocultas, microimpresión con el texto «CERTEZALEGALIDADINDEPENDENCIAIMPARCIALIDADMAXIMAPUBLICIDADOBJETIVIDAD», impresión invertida, imagen latente (es decir que requiere de una mica especial para observarse) y una impresión invisible que se observa con la ayuda de una lámpara de luz ultravioleta. Además, existen dos medidas de seguridad que sólo conoce el fabricante –Talleres Gráficos de México– y que se dan a conocer al INE después de la jornada electoral. Por tanto, las boletas son infalsificables.
De forma adicional, los funcionarios de casilla pueden firmar las boletas por el reverso para asegurarse de que los votos que contarán al final de la jornada se hayan emitido sobre las boletas que ellos entregaron a los ciudadanos en propia mano. Así, se desactiva el riesgo de que se introduzcan votos en boletas falsificadas.
Ya con las boletas en su posesión, el ciudadano vota dentro de una mampara donde sólo cabe una persona y que tiene una cortina de plástico que no permite ver desde fuera hacia el interior.52 Así se garantiza la secrecía,
