«La democracia es siempre democracia representativa».16
Pereyra alertaba a la izquierda, dada la experiencia autoritaria del mal llamado socialismo real («desde los procesos de Moscú en los años treinta hasta el aplastamiento de la movilización obrera en Polonia a comienzos de los ochenta»), sobre «los riesgos inherentes al desprecio de la democracia formal».17 Y aquí cobra plena relevancia el pluralismo: «Con base en dicotomías confusas como democracia formal/democracia sustancial se tendió a dejar de lado el asunto central de las libertades políticas y el tema no menos fundamental del pluralismo».18 Éste es clave porque Pereyra tenía «la convicción de que no importa cuál partido gobierne, en ningún caso puede garantizar la inclusión de todos los intereses, aspiraciones y proyectos sociales».19 Más aún en las sociedades masivas y complejas: «Es inconcebible la homogeneidad absoluta. Es obligado reconocer la presencia del otro, es decir, de otro con intereses particulares, con proyectos específicos. La democracia opera como el único régimen político que no supone la supresión del otro».20 De ahí su tesis: «La democracia es siempre democracia pluralista».21
Ahora que se minusvalora la «democracia electoral» –como si pudiera haber una democracia que no fuera necesariamente electoral, aunque no sólo eso–, conviene subrayar lo que sostenía Pereyra: «Ninguna democracia sustancial es posible sin el respeto riguroso a los mecanismos de la democracia formal».22
La lucha por una sociedad más justa es una lucha democrática, pero prescindir de la representación formal del pluralismo político de la sociedad puede cancelar ese anhelo de justicia, hoy como ayer.
He acudido a un intelectual riguroso de la izquierda mexicana para subrayar que en México ha habido una consistente tradición democrática desde la izquierda, incluso años antes de la caída del Muro de Berlín. La izquierda no sólo aportó partidos y movilizaciones a la democratización mexicana, sino también ideales de libertad y compromisos con la legalidad. Carlos Pereyra y muchos otros intelectuales y compañeros insistieron en que la legítima aspiración de justicia social no puede separarse de la causa de la libertad. Pereyra formuló sus tesis cuando la posibilidad de que la izquierda mexicana llegara al gobierno era remota, pero desde entonces subrayó que debería ser por la vía pacífica y democrática como se diera el cambio político, y desde temprano advirtió que la izquierda no puede despreciar desde el poder el pluralismo y las libertades, a riesgo de volverse autoritaria, como ocurrió en distintos países en el siglo XX.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que Pereyra escribió, y tanto los acontecimientos históricos como rigurosas elaboraciones conceptuales en el campo de la filosofía, la ciencia política y el derecho –por ejemplo, las desarrolladas por la Escuela de Turín– le han dado la razón y confirman que la democracia, más que un mero procedimiento, es todo un marco de garantías de derechos.
Más aún, hoy se entiende que la democracia es el único sistema que puede garantizar tanto las libertades como los derechos sociales. Lo dice con claridad Luigi Ferrajoli en La ley del más débil, cuando apunta:
… los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política: vínculos negativos, generados por los derechos de libertad que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos, generados por los derechos sociales que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer. […] Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social.23
Así que «democracia formal» y «democracia sustantiva» no sólo están muy lejos de contraponerse o resultar escindibles, sino que constituyen partes inseparables de un mismo sistema político. Los derechos fundamentales, todos, forman parte de un solo bloque indivisible de derechos: la búsqueda de los derechos sociales no puede hacerse a costa de los derechos de la libertad, ni viceversa. México mantiene sin resolver el viejo reto de hacer efectivos los derechos sociales, pero ahora sin sacrificar las conquistas que hacen efectivos los derechos políticos.
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Este libro tiene el propósito de explicar, sin rehuir el debate, cómo fue posible, en un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones públicas y de bajo aprecio por la democracia, llevar a buen puerto las elecciones de 2018. Busca documentar, en sus distintos capítulos, que México contaba con un sistema electoral que hacía posible el irrestricto respeto al sufragio además de ofrecer una base de equidad en la contienda para que los comicios fueran tan legales como competidos y genuinos.
Alimentada por la inteligencia de la Ilustración, la Constitución mexicana tiene una certera definición del criterio que debe orientar la educación en México, que se basará «en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios». Ojalá que nuestra deliberación pública siguiera esa prescripción: sin extremismos ni juicios sumarios; que, en cambio, buscara la objetividad al verificar hechos y datos; en donde lo habitual fuese rebatir las ideas que no se comparten, en vez de combatir a las personas que las expresan. Ése es el ánimo del que quiere contagiarse este libro: ofrecer argumentos que se basen en cifras siempre constatables, poner sobre la mesa explicaciones que puedan, si no compartirse, sí comprobarse.
De alguna manera, este texto trata también de ser un desmentido a la noción, tantas veces reiterada, de que aún era posible que ocurriera una elección controlada por el gobierno o incluso que se diera un fraude electoral, y refuta a quienes reconocen la limpieza de la elección sólo porque los resultados coincidieron con sus preferencias políticas. Este libro sale al paso de la posverdad –entendida como la propagación de versiones falsas que se magnifican en las redes sociales–,24 para lo cual se sustenta en hechos y datos verificables sobre el sistema electoral mexicano. En este sentido, se hace aquí un recuento de las garantías de imparcialidad, independencia y legalidad en cada tramo de la organización y desahogo de las elecciones, atributos que es indispensable defender y mantener para que el poder se siga renovando de forma democrática.
El primer capítulo presenta los resultados de las elecciones de 2018 y recupera los resultados de comicios previos, con el propósito de documentar cómo desde hace años el voto libre y una cada vez mayor competencia electoral cambiaron el mapa del poder y de la representación política, tanto a escala nacional como en las entidades federativas y en el plano de los municipios, con lo que se ha generado una auténtica era política caracterizada por las alternancias.
El segundo capítulo explica cómo se organizan las elecciones, de qué manera la presencia de una autoridad electoral que cuenta con un sólido servicio civil de carrera –el Servicio Profesional Electoral Nacional– se conjuga con la actuación de consejeros electorales en 300 consejos distritales y 32 consejos locales, en los que se toman las decisiones clave: desde la ubicación de cada lugar de votación hasta la conformación de las mesas directivas de casilla por ciudadanos que serán los responsables, en la jornada electoral, de contar los votos y elaborar las actas de escrutinio y cómputo, que son el documento legal a partir del que se construye el resultado de cada elección. Se describen, también, los múltiples candados de seguridad que se han establecido para garantizar el voto secreto y que un ciudadano solamente pueda emitir un sufragio por cada cargo de elección. Además, muestra cuál es el papel que le corresponde al INE –a diferencia del que en su momento tuvo el Instituto Federal Electoral, IFE– tras la reforma electoral de 2014, en la organización de las elecciones locales.
La base de toda elección confiable pasa por tener un padrón confiable. En México el censo electoral no es controlado por el gobierno, sino que lo elabora el INE bajo la supervisión permanente de todos los partidos políticos. Además de confeccionar y actualizar el padrón electoral, que ya alberga a nueve decenas de millones de ciudadanos, el INE está a cargo de diseñar la
