Resiliencia, sostenibilidad e informalidad. Carlos Alberto Torres Tovar

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Resiliencia, sostenibilidad e informalidad - Carlos Alberto Torres Tovar

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han generado de manera recíproca reacciones y resistencias que dependen de su capacidad de homeostasis y resiliencia para mantener su existencia en el territorio. Según Vargas (2002):

      la protección y la facultad de reacción inmediata constituyen la homeostasis, que es la capacidad del ecosistema (y de sus elementos) para mantenerse en equilibrio, es decir, para preservar sus características básicas, la vida de sus componentes y sus condiciones de subsistencia, cuando se presenta una actividad potencialmente destructiva o desestabilizadora. La capacidad de recuperación básica y de reconstrucción constituyen la resiliencia, o capacidad del ecosistema para reponerse después de haber sido alterado por una actividad destructiva o desestabilizadora. (p. 16)

      Colombia es uno de los países que no escapan de los estragos causados por amenazas naturales, antrópicas y sociales a lo largo de su historia. Hoy se aprecia que las afectaciones a las comunidades y la economía en todo el territorio son más frecuentes en la medida en que estas amenazas impactan con mayor reiteración en el entorno físico y natural.

      El municipio de Villavicencio (departamento del Meta) tiene particularidades en cuanto a su ubicación geográfica, la cual se conoce como pie de monte llanero, puesto que una parte del municipio se extiende sobre la falda de la cordillera Oriental y a su vez goza de una vasta zona plana o sabana que relaciona la ciudad con la región de la Orinoquia o Llanos Orientales. Una de las principales características de Villavicencio es su importante red hidrográfica: el territorio de la ciudad se extiende entre los ríos o cuencas hídricas Guatiquía, Guayuriba y Ocoa; mientras que al área urbana la atraviesan subcuencas o caños principales como Maizaro, Parrado, Gramalote, Buque, Cuerera, Tigre y Quebrada Honda.

      La red hidrográfica se complementa con 164 humedales: algunos se han urbanizado y otros solo se presume que existieron. Este sistema ecológico alberga una gran variedad de especies que dotan a la ciudad de características especiales en las que se debe trabajar de forma mancomunada para recuperar, preservar y dirigir el lugar hacia la sostenibilidad ambiental.

      Como varios municipios del Meta, Villavicencio es parte de este doble escenario: riqueza ambiental y alta vulnerabilidad. Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos importantes en la gestión pública y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a través de entes gubernamentales, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) del municipio, es imprescindible desarrollar procesos conjuntos entre instituciones estatales, universidades y comunidades para promover investigaciones transdisciplinarias que den respuestas efectivas por medio de la gestión estratégica.

      Con base en lo expuesto, esta investigación se enfocó en la capacidad de análisis de aspectos fundamentales para detectar los niveles de riesgo por inundaciones e impacto ambiental generados en las zonas determinadas. Para ello se aplicaron instrumentos de recolección de datos de manera conjunta con la participación de todos los actores y herramientas digitales creadas y patentadas por la Universidad Antonio Nariño, a través de investigaciones previas bajo los principios éticos y académicos establecidos por la institución.

       formulación y realización de actividades destinadas a evaluar el riesgo

      VILLAVICENCIO PRESENTA uno de los valores más negativos en cuanto a la relación entre el suelo urbano difuso y el continuo; en consecuencia, la huella urbana se ha expandido sin control superando obstáculos ambientales como el río Ocoa, el río Guatiquía y el piedemonte de la cordillera Oriental.

      La lectura socioespacial del territorio a partir de la documentación cartográfica y la observación de campo muestra que las viviendas de Villavicencio son precarias y se encuentran de manera principal en las zonas de ribera de los caños y ríos Ocoa y Guatiquía; es decir, se sitúan en áreas vulnerables con peligro de inundaciones y deslizamientos o en áreas complicadas de modo topográfico. Ante esto la entidad de gestión del riesgo toma medidas para implementar procesos y principios que permitan mitigar el impacto social sobre las rondas hídricas. De acuerdo a Keipi et al. (2005):

      la gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas que deben emprenderse. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar el riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. […] los sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es. El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-post y depende esencialmente de:

      • la identificación y análisis del riesgo;

      • la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación;

      • la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo;

      • los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y reconstrucción. (p. 8)

      En la actualidad muchos de los pobladores de América Latina y el Caribe, así como gran parte de su infraestructura económica y social, son vulnerables a las amenazas naturales. La consideración de estos aspectos requiere de la formulación y realización de actividades destinadas a evaluar el riesgo y generar medidas de prevención y mitigación, para lo cual se dispone de un conjunto de herramientas vigentes y otras más en vías de actualización e implantación. Una de estas medidas es la creación de políticas, normas, marcos regulatorios y protocolos institucionales para reducir el riesgo.

      A partir del marco legal establecido por las autoridades colombianas, el sistema ha dado pasos importantes sobre políticas públicas enfocadas a las vulnerabilidades y las amenazas naturales y socionaturales. Con la expedición de la Ley 1523 del 2012 se derogaron los principales sustentos legales del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), a fin de darle paso a la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y a la adopción de una política pública en la materia.

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