la libertad plena.
Las capacidades de las personas delinean la noción de sus libertades reales en la obra de Sen (2000), pues el acumulado de las primeras les confiere la ampliación de su haz de oportunidades. Desde esta perspectiva, los derechos políticos y humanos son determinantes de las libertades. De allí que el desarrollo implica eliminar las privaciones de libertad, entre las que están la pobreza, la desigualdad, la inasistencia sanitaria, la tiranía, las privaciones sociales, el abandono, los Estados represivos y demás; es decir, la falta de libertades está relacionada directamente con la falta de oportunidades y se priva la libertad cuando hay falta de servicios y atención social.
La diferenciación entre las nociones de desarrollo y subdesarrollo no es universal ni automática, en razón a que las instituciones tienden a edificarse en buena medida sobre los valores y costumbres sociales, entre las que existe una relación simbiótica con la libertad. Sin embargo, las investigaciones empíricas que han adoptado una perspectiva instrumental han enfatizado en que las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora, son los determinantes del desarrollo y, por tanto, son los ejes normativos de las políticas públicas.
La falta de libertad surge a raíz de procesos inadecuados o por insuficiencia de oportunidades para conseguir lo que mínimamente les gustaría a las personas conseguir. Un ingreso insuficiente está asociado a fenómenos como la mortalidad prematura, la desnutrición y el analfabetismo y, por esta razón, los sistemas de seguridad social son imprescindibles para la política pública. Por ejemplo, el sistema de seguridad social europeo respecto al desempleo tiende a compensar el bajo nivel de renta o su ausencia temporal, y se realiza aun si ello conlleva la confianza personal entre los subempleados y desempleados.
Pero la mera voluntad de acción individual no es suficiente para explicar el desarrollo. Jiménez (2016, p. 3) discute la dimensión social de la libertad, asimilándola a la libertad de procesos, noción que no hace parte de la aproximación desde la perspectiva de Sen de las capacidades individuales, ya que guarda más relación con la idea de las capacidades absolutas.
Cualquier teoría de la justicia social es incomprensible si en su construcción elude la cuestión distributiva, como ocurre con los enfoques basados en el individualismo ético de la oportunidad. La coerción a la libertad de expresión, la censura a quienes piensan diferente o el desplazamiento y confinamiento forzados, son algunos ejemplos de los obstáculos de que se ocupa la libertad de procesos, pero es algo más, pues también se ocupa de la negación de las relaciones interpersonales como rasgo distintivo de algún entorno social; es decir, hay restricciones sociales que coartan procesos (Jiménez, 2016, p. 4-5): de nada sirve saber escribir si el ejercicio del poder lo impide, de nada sirve tener una fuente de agua si no es posible beber.
Los individuos que han acumulado capacidades seguramente serán más libres que aquellos que no lo han hecho, pero unos y otros quedarán confinados en similar precariedad si el entorno socialmente construido así lo determina. Son las capacidades sociales y técnicas acumuladas por las sociedades las que gozan del poder para potenciar o constreñir el desarrollo de las capacidades individuales y, por ello, son asumidas como “capacidades sociales” o “capacidades de funcionamiento”, a las que es consustancial la noción de “contracapacidad” que no son otra cosa que los impedimentos para funcionar surgidos del entorno social (Jiménez, 2016, pp. 5-6): la voluntad política asida al clientelismo es una contracapacidad al obstruir deliberadamente la libertad social, tanto de elegir como de disponer de bienes públicos.
1.2 APORTES PLURIDISCIPLINARES A LA COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIAL
Nieto y Koller (2015) buscan sintetizar el panorama general de la discusión internacional sobre la definición de habitante de calle, encontrando diferencias entre las definiciones propuestas en países desarrollados, países en vía de desarrollo y las Naciones Unidas. Aunque la habitabilidad en calle es un fenómeno social presente en muchos países y en varios momentos históricos de la humanidad, en la actualidad no hay un consenso general respecto a su definición. Las definiciones de habitante de calle son variadas y hay diferencias no solo entre los países, sino incluso al interior de un mismo país. “Según los términos utilizados en las discusiones sobre la habitabilidad en calle de los países desarrollados, se puede afirmar que se trata de una definición circunscrita a la dimensión habitacional, operativa y funcional para los estudios cuantitativos y de enumeración, pero conceptualmente asociada a la dimensión social de dicha problemática” (Nieto & Koller, 2015, p. 10). En los países en desarrollo, las definiciones de habitabilidad en calle no han sido estables ni homogéneas, como tampoco objeto de debate. Por el contrario, son amplias e incluyen tanto a quienes no habitan en una vivienda como a quienes viven en la calle o en instituciones de abrigo. Por su parte, las definiciones utilizadas por Naciones Unidas también son inestables y variadas, y están dedicadas a estudiar el fenómeno desde una perspectiva habitacional, enfocado en la calidad de la vivienda. Los niños en situación de calle son considerados como un subgrupo de habitantes de calle. La definición de niño, niña y adolescente en situación de calle también es heterogénea e inestable, con connotaciones políticas y ha sido objeto de variadas discusiones. La falta de consenso afecta la forma en que los habitantes de calle son caracterizados, así como las comparaciones que se hacen sobre la prevalencia de esta problemática en diferentes países, e incluso los criterios para que sean incluidas en investigaciones, en programas o en políticas de intervención social.
El trato desigual atañe al ingreso de las personas, pero también al acceso a los bienes y servicios inseparables de la órbita funcional del Estado, y a prácticas discriminatorias en las esferas privadas de la vida. Los habitantes de la calle son el resultado humano más conspicuo de la desigualdad. Wilkinson y Pickett (2009) convienen en que la desigualdad dificulta la vida en comunidad, las relaciones y la movilidad sociales. El igualitarismo no es una regla universal y, por el contrario, aun entre los más pobres la desigualdad en la percepción de los ingresos es considerable (Sen, 2011). Dentro de los pobres se encuentran aquellos a quienes su ingreso no les permite acceder a los bienes que les garanticen su consumo básico y menos aún su equilibrio nutricional. El costo de la canasta normativa de satisfactores básicos es denominado la línea de indigencia, quedando por construir la línea de habitanza de la calle que sería la del ingreso cero.
1.2.2 Juridicidad, psicoanálisis y representaciones sociales
Báez, González & Fernández (2013) proponen una investigación-intervención sustentada en las disposiciones de la teoría psicoanalítica, donde el sujeto se constituye como actor principal. La noción del sujeto que habita en la calle se acuñó en espacios de participación marcados por los discursos religiosos y del Estado de derecho y de deberes. Esto posibilitó la entrada del significante, aquel que interroga y permite la apertura del inconsciente para que sea el sujeto mismo quien encuentre un sentido a su decir. El acercamiento con el habitante de calle permitió que este se reconociera así mismo y pudiera expresar a qué se hace referencia cuando se le denomina de esa manera, qué hace en las calles y por qué circula en ellas. Intentan comprender el fenómeno del habitar en la calle como un modo de subjetivación, donde el sujeto, por un lado, establece una particular forma de relación con otro sujeto y, por
