plenos para negociar la venta de un paquete controlador del Banco de Chile al grupo Luksic, la que logró cerrar. Mientras negociaban en secreto, Délano, Lavín y otros cinco miembros del grupo controlador compraron acciones para aumentar su participación en el banco, a sabiendas de que Luksic había hecho una oferta superior al precio del mercado. La “pasada”, un burdo caso de uso de información privilegiada, fue sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros, en un fallo que sería ratificado por unanimidad en la Corte Suprema.
Sin embargo, la ley que establecía como delito el uso de información privilegiada aún no entraba en vigor. La sanción para este grave atentado contra el libre mercado fue digna de un país bananero: una multa de 17 millones de pesos para cada uno. Además, los papeles de los involucrados quedarían limpios, lo que les permitiría acogerse a su “irreprochable conducta anterior” como atenuante al estallar el caso Penta. Moreno continuó como director del Banco Penta hasta asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras su paso por la Cancillería volvió al redil de Penta, asumiendo como director de Empresas Penta y cinco de sus filiales. Entonces estalló el escándalo. Con Lavín y Délano formalizados, no hubo dudas sobre el reemplazante: Alfredo Moreno fue designado presidente de Empresas Penta. Desde esa plataforma dio el siguiente paso: en marzo de 2017 fue elegido como timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la organización de los grandes empresarios chilenos. Más allá de sus cualidades personales, el símbolo era elocuente: los grandes grupos económicos que dominan la CPC ponían en su cargo más visible al hombre de confianza de los protagonistas de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia del país. Es más: Moreno mantuvo la presidencia de Penta en paralelo a la de la CPC.
La señal no sería la única: dos meses después, en mayo de 2017, el segundo gremio empresarial más poderoso del país, la Sofofa, elegía a Bernardo Larraín Matte como su nuevo presidente. Heredero del imperio Matte, Larraín tenía a su favor ser de una nueva generación, más abierta al diálogo y preocupada de dar un sello social a su gestión, pero cargaba con una pesada mochila: había sido director de la rama tissue de la CMPC (la Papelera) en los años en que esta lideró la colusión del papel.
El presidente de Penta y uno de los protagonistas del cartel del papel asumían, así, el liderazgo del gran empresariado.
En su año al frente de la CPC, Moreno tuvo como prioridad mostrar un sello cercano a la comunidad. Firmó convenios con Fonasa e incorporó el gremio a Empresas B, vinculando al empresariado con preocupaciones sociales y ambientales. Optimista, creía que el desprestigio del empresariado había quedado atrás. “Veo también que la gente, la sociedad, percibe eso. Puede leer la editorial de El Mercurio, la de La Tercera. Esos son medios de comunicación que representan a la gente”, decía en octubre de 2017. También aseguraba que “la percepción de la desigualdad es mucho mayor que la desigualdad efectiva”.
De Penta a CPC y de CPC a La Moneda. Sebastián Piñera designó a Moreno como ministro de Desarrollo Social y a cargo de la agenda más ambiciosa del gabinete. Ese Ministerio entraría al comité político de La Moneda y además se haría cargo del conflicto de La Araucanía. “A Moreno le corresponderá la vanguardia de lo que la derecha llama ‘la batalla por las ideas’”, describía el analista Ascanio Cavallo. En la CPC, agregaba, “el proyecto de Moreno tenía que ser el de salvar y proteger a un sector económico y social que se sentía desamparado. No hace falta subrayar que el verdadero amparo vino con el resultado de las elecciones”.
Alfredo Moreno fue elevado de inmediato a la categoría de presidenciable para 2021, y él mismo daba gas a la idea. Su cartera “será una muy buena plataforma para que la centroderecha pueda hacia adelante tener una muy buena posibilidad de ser un contendiente serio en las elecciones”, decía tras ser designado. Y apenas tres días después de asumir, desplegó su proyecto en el foro empresarial Icare. “Vamos a convocarlos, los teléfonos de muchos de ustedes van a sonar para pedirles colaboración, talento, ayuda y participación”, anunció. Algunas semanas después invitaba a La Moneda a los líderes del empresariado, encabezados por su nuevo presidente, Alfonso Swett. “Lo que nos interesa del sector privado son sus capacidades, experiencias, la capacidad de convocar a otras personas, de traer buenas ideas a la mesa”, dijo Moreno. El Sename, los adultos mayores y las cárceles, anticipó, serían los primeros temas en que el empresariado colaboraría con el gobierno.
Y el 16 de octubre de 2018 la alianza tuvo su presentación pública. En el parque Víctor Jara de San Miguel, un selecto grupo de empresarios posó para las cámaras junto a Piñera y Moreno en el lanzamiento de Compromiso País, un proyecto de 16 mesas de trabajo sobre temas como la deserción escolar, los campamentos, las listas de espera en la salud o la informalidad laboral, que incluirían a miembros de fundaciones y académicos, junto a representantes del “sector privado”, un eufemismo para referirse a líderes de grandes grupos empresariales como Roberto Angelini, Bernardo Matte, Juan Sutil, Bernardo Larraín y Juan Cueto.
Meses después, el ministro Moreno presentó su proyecto estrella en París, ante la OCDE. Los grupos “han estado evaluando cómo financiar las soluciones, recurriendo a financiamiento público, filantropía y otras formas de capital privado, como los bonos de impacto social”, detalló. Y explicó la lógica de la participación de los grandes empresarios. Son las personas con “más educación, más recursos, más talentos y más redes, que ponen a disposición su tiempo y sus capacidades en solucionar los problemas más complejos de los grupos más vulnerables. Es la mejor manera, a nuestra forma de ver, de crear capital social y una sociedad más fuerte e inclusiva”.
Es pertinente recordar aquí que en 1934 el empresariado sugirió al presidente Arturo Alessandri Palma crear un Consejo Económico y Social donde ellos tuvieran participación. La respuesta del León fue tajante: “Ustedes no tienen derecho a ser parte del Estado; frente a él, ustedes solo tienen derecho a petición”. Ese portazo llevó a los empresarios a crear la CPC.
Ochenta y cuatro años después, el empresariado tenía su revancha. El exlíder de la CPC, ahora instalado en La Moneda, los convocaba a tener un rol protagónico. La legitimación del empresariado como actor político y de las soluciones privadas para problemas públicos sería el gran objetivo político del nuevo gobierno. Una “sociedad más fuerte e inclusiva” se crearía desde arriba hacia abajo, mediante la acción de aquellos con “más educación, más recursos, más talentos y más redes”. Lo que no sabían es que la cuenta regresiva para este proyecto se estaba acabando. Y que la fuerza que lo derribaría procedía exactamente al revés: empujaba desde abajo hacia arriba. Desde los que no tenían los recursos ni las redes.
… mientras tanto
En paralelo al exitista discurso oficial, la lenta cadencia de estallidos que había comenzado con la revuelta estudiantil de 2011 tomaba cada vez más impulso. Según un estudio del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), entre 2009 y 2018 se contaron 15.455 acciones de protesta. La gran mayoría (entre 55% y 75%, dependiendo del año) se debía a demandas socioeconómicas, mucho más que a las culturales o referidas a la institucionalidad política. “El gran conflicto en Chile –destacaba el COES–, refiere a cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica y social”. Los datos mostraban un cambio clave: “Desde el 2011 en Chile se fortaleció enormemente la capacidad de movilización de los actores sociales, aunque ello de modo extra–institucional”.
El doctor en geografía humana Felipe Irarrázaval destaca que “la sociedad chilena estaba en un proceso de politización al margen de los espacios institucionales durante la última década”, y que “se observa un aumento en el involucramiento de personas que participan en actividades políticas, pero que no se identificaban con el sistema de partidos ni con posiciones políticas tradicionales. Una de las dimensiones en que se expresaba esta politización no institucionalizada
