y complejos procesos de gobierno en el ámbito de lo rural desde una visión poco abordada en el país.
En el capítulo siguiente, Alma de León propone una metodología para el análisis de la gobernanza rural en México. Dicha propuesta se construyó a partir del análisis de varios de los casos que componen el presente volumen. En su trabajo, después de explicar que la medición u operacionalización de la gobernanza es un reto metodológico importante, la autora plantea que la gobernanza puede ser analizada desde los actores en relación con el territorio, en donde éstos llevan a cabo sus actividades a partir de diferentes componentes o variables: Definición del problema público que atienden, instrumentos de relacionamiento, marco institucional, coordinación y características de los espacios de coordinación. Concluye que existe una variabilidad importante en los casos analizados, pero que, varios de ellos, constituyen interesantes experiencias de gobernanza.
Por su parte, Alberto Rojas Rueda, tomando como base los enfoques de la geografía crítica, la ecología política y particularmente el de derechos humanos, construye una tipología para el análisis de los espacios, estructuras, arreglos o mecanismos de gobernanza institucionalizados. A partir de un análisis de su naturaleza deliberativa, estructura y función, cataloga los “Mecanismos institucionalizados de participación ciudadana” (MIPC) tomando en cuenta estas dimensiones generales. Se trata de una tipología flexible que se adapta a un sinnúmero de posibilidades y alternativas y que permite, hasta cierto punto y entre otras cosas, hacer valoraciones sobre el diseño y operación de los MIPC, así como las desigualdades e inequidades de poder que el arreglo de dichas estructuras puede ocasionar o reproducir.
La segunda parte está compuesta por cinco estudios de caso en los que se analizan experiencias contemporáneas de gobernanza rural en México.
La primera de ellas es un análisis del llamado Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD+), que es un espacio de gobernanza orientado a la reducción de emisiones por deforestación, degradación forestal, así como el manejo sustentable de los bosques, producto de un acuerdo internacional en la materia firmado por México. El texto escrito por Raquel Jiménez plantea que este mecanismo de gobernanza ha alcanzado un grado importante de incidencia y se ha posicionado como una de las voces de mayor peso en la materia en México, debido fundamentalmente a la constante y experta participación de numerosos y muy relevantes actores no gubernamentales que tienen una amplia experticia en la materia, aspecto que se suma a la voluntad política que algunos actores gubernamentales han mostrado para que este mecanismo alcance un interesante grado de impacto en el sector en el que opera.
Un segundo estudio de caso es el de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) existentes en cinco municipios del oriente del Estado de México. En este capítulo, Óscar Figueroa plantea que estos consejos tienen graves problemas de diseño y operación, debido a que en ellos se observa un problema de representatividad, en tanto que los actores gubernamentales están sobrerrepresentados en detrimento de la participación de los actores no gubernamentales, como lo pueden ser miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC) o de centros académicos, entre otros. El autor plantea que en la región de Texcoco se requiere todavía mucho trabajo de desarrollo institucional para garantizar que la participación de la ciudadanía en los CMDRS sea más efectiva.
En el siguiente capítulo, Jorge Carbajal realiza un análisis del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte. En su contribución el autor pone especial énfasis en la perspectiva de los actores participantes, provenientes de ámbitos sistémicos muy diferentes, como pueden ser agencias gubernamentales, empresas, organizaciones de pescadores, academia, etc. En su investigación, el autor se centra en la calidad y los resultados del proceso participativo y concluye, entre otras cosas, que entre los participantes en el comité hay posiciones encontradas en cuanto a la valoración de la inclusión de los actores relevantes en el sector y hay una subrepresentación de algunos grupos sociales. Caso contrario a la percepción de los resultados que ha conseguido este espacio de gobernanza, en la medida en que la mayoría de los participantes sienten que tuvieron cierto grado de incidencia en la adopción de algunas decisiones importantes.
Lidia Blásquez, Daniel Rojas y Eduardo Alva estudian una cuarta experiencia. En esta oportunidad se trata de la red informal de actores involucrados en la formulación del programa de manejo del Área Natural Protegida Yum Balam en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Quintana Roo, en donde se encuentra la turística isla de Holbox. A través del análisis de redes sociales, en el trabajo se discute la compleja problemática que vive la región en términos de los equilibrios/desequilibrios que genera la contraposición con respecto, por un lado, a la preservación ambiental y, por el otro, a la explotación turística. La heterogénea composición del grupo de stakeholders redunda, en cierta medida, en una enorme dificultad para lograr acuerdos y para dar una salida eficaz y sustentable al problema de la degradación ambiental de la región. En este escenario, se explica que usualmente las opiniones de los actores económicamente más poderosos y con mayores recursos relacionales prevalecen por sobre las de otros actores.
El último apartado de esta sección, escrito por Armando Sánchez, está dedicado al estudio de una red de gobernanza, tildada de radical, dado que se crea por fuera de los cauces institucionales-formales, pero en última instancia, su acción se constituye como un importante activo para la definición de una parte de la reciente política pública de manejo hídrico en México. La investigación se centra en el caso del movimiento de organizaciones y colectivos que se opuso a los diez decretos de explotación de cuencas hídricas, por parte de la iniciativa privada, la cual fue aprobada en 2018 en el Congreso de la Unión. El éxito de esta experiencia reside en su capacidad de llevar a cabo una participación basada tanto en movilizaciones públicas, como en procesos de debate experto, contribuciones que, a la postre, enmarcaron las posibilidades y espacios transitables para la deliberación y la decisión sobre la materia.
Finalmente, la tercera parte incluye otros cuatro estudios de caso en los que se pone a discusión algunos problemas, límites y críticas a la gobernanza rural desde situaciones concretas y procesos en los que la práctica se distancia de la teoría.
La razón para la inclusión de este apartado descansa en que existe una contranarrativa que ve a la gobernanza como una especie de “juego de suma cero”, en el que la transformación estructural del Estado y su consiguiente achicamiento, procesos que derivaron en su retirada de múltiples sectores y áreas antaño consideradas estratégicas, resultó en la necesidad de la participación de actores no gubernamentales en la atención de las problemáticas públicas para subsanar el vacío dejado por éste. Esta lectura ve a la gobernanza, desde una lógica de reforma política, como una alternativa subóptima, en la medida en que elimina la responsabilidad que tiene el Estado en la atención de las necesidades sociales. Este proceso ha generado una literatura crítica de la gobernanza que ha tenido una veta de crecimiento en las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial5 (Santos, 1998, 2007; Carrasco 2020).
En el primer capítulo de esta sección, Alejandro Natal pone a discusión la compleja problemática que se generó alrededor de la implementación del programa Pueblos Mágicos en Valle de Bravo entre los años 2000 y 2006. En su escrito, el autor explica que el programa, basado en buena medida en espacios de gobernanza en los que confluyen actores gubernamentales y no gubernamentales, no logró generar procesos de participación y deliberación suficientemente efectivos. Explica que las condiciones sociopolíticas estructurales en el nivel local todavía generan inercias e intereses demasiado potentes como para que puedan ser revertidas en espacios de gobernanza de naturaleza primordialmente deliberativa. Desde esta lógica, Natal reconoce que todavía hay un largo camino por recorrer para lograr un anclaje subnacional más profundo de los mecanismos y arreglos de gobernanza, pero sostiene que no se puede ni se debe poner fin a esa búsqueda.
El análisis del caso de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, en Chiapas, sirve a Carla Zamora para poner a discusión uno de los márgenes de la gobernanza rural en México. En este
