Op.cit.: En la obra citada; remite a la obra de un mismo autor citada en una nota anterior
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
§.: sección
SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Vid.: vide (véase)
Tengo el privilegio de prologar la presente obra que es producto del estudio y esfuerzo en la estancia de investigación posdoctoral del doctor Filiberto Eduardo R. Manrique, que realizó bajo mi dirección y dentro del grupo de investigación Red Internacional de Política Criminal Extrema Ratio UN, con la estrecha cooperación de importantes universidades y consejos de investigación de América; me refiero a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México).
Los textos aquí reunidos hacen parte de un proceso investigativo de más de 12 meses, tendiente a examinar y dar mayor claridad al impacto de los actos de corrupción, especialmente en el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas y su afectación en el desarrollo humano, estudio que es pertinente y actual, pues tal como lo señala el informe de 2019 sobre corrupción y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la región latinoamericana el fenómeno de la corrupción es un problema complejo de carácter estructural.
Por ello, el estudio que se presenta es oportuno, derivado de la amenaza que caracteriza la corrupción estructural y hace referencia a una serie de factores que, desde el diseño de la organización estatal, tolera y fomenta diversas formas de injusticias e impunidad de sus actos; de allí que en un sistema corrupto la finalidad es protegerlo y mantenerlo con el poder público que beneficia de manera desproporcionada e ilegal a un pequeño grupo de la población.
Así pues, estas formas de corrupción no solo tienen el efecto de dañar económicamente el erario, sino que desvirtúan el fundamento mismo del Estado y sus fines propios, de acuerdo con el documento Corrupción y derechos humanos: estándares interamericanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019, p. 51), afectando a la mayoría de la población, en especial a la más desamparada o con necesidades especiales.
Las personas pobres, aquellos que viven en situación de desigualdad precaria o en condición de vulnerabilidad, son las más afectadas por la miseria estimulada y agravada por los actos de corrupción, víctimas de una transgresión superior de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, etc. Esto condena, tal como lo sostiene el autor, a miles de personas a continuar en la pobreza, incluso extrema, a la insatisfacción de sus necesidades actuales y compromete el bienestar de las generaciones futuras, por lo que socava los esfuerzos de la humanidad por alcanzar el desarrollo sostenible de millones de personas en la región.
Otra de las amenazas de la corrupción es la relacionada con la captura del Estado por parte de esquemas de carácter criminal, mediante la asociación entre funcionarios corruptos y miembros de organizaciones criminales, lo que puede desembocar en crímenes calificados como de lesa humanidad; ejemplo de ello es la situación de corrupción y violencia que se detalla en el seguimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana:
[…] en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México; lo cual permite observar a qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado con gravísimas consecuencias en materia de derechos humanos para las personas individuales, sus familias y la sociedad en su conjunto. (Comisión Interamericana, 2019, p. 47)
Además, el fenómeno de la corrupción es un desafío de condición compleja que lentamente fractura y fragmenta la estructura gubernamental y el Estado de derecho, lesiona los ideales de la democracia situándola en grado de crisis, deslegitima y debilita a los representantes populares y a las instituciones, generando con ello un proceso de inestabilidad política interna con altas incidencias de violencia y poniendo en riesgo la integridad del Estado, empujándola hacia su balcanización.
Ante esos retos, lo interesante del planteamiento de los cuatro capítulos en los que se desarrolla la obra es que estos no son únicamente de carácter descriptivo, sino que presentan una serie de propuestas inéditas tendientes a aprestar una eficaz lucha contra la corrupción, que, según el autor, debe ser integral, pues no estamos ante un estudio exclusivo en clave penal. El autor también señala que al ser este un problema común, se requiere de una lucha conjunta que involucre a la sociedad, el gobierno, los países y las instituciones interamericanas, que requieren el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción y de tutela multinivel de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los aportes de esta obra y que la hacen original son sus propuestas, como la generación de instrumentos estándar definidos en el ámbito interamericano, lo que el autor denomina como ius anticorruptionis commune, que requiere de instituciones, mecanismos y una legislación modelo que permita a los países de la región prevenir, detectar, sancionar y reducir a niveles tolerables los actos de corrupción, y que represente una auténtica garantía de los derechos humanos en el contexto regional, pues los existentes no son un recurso efectivo: esto significa que falta mucho por hacer en la materia.
Coincido con el autor en que en el escenario regional es incuestionable el papel y la participación directa de los organismos internacionales en la lucha contra los actos de corrupción que afectan a los derechos de carácter convencional, por lo que resulta relevante que haya un mayor activismo y compromiso por parte de esos organismos, como lo es el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Asimismo, resalto la urgencia de impulsar un desarrollo jurisprudencial específico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tipo de casos, que represente una guía vinculante para los países integrantes de ese sistema; igualmente, recojo y hago mía la propuesta de crear la relatoría especializada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que tenga la suficiente capacidad, jurisdicción y competencia para detectar e investigar los actos de corrupción en la región.
Hay que mencionar, además, que es urgente instaurar o reformar, tal como lo propone el doctor R. Manrique, los sistemas nacionales anticorrupción desde un enfoque basado en los derechos humanos, pues hay que recordar que la justicia internacional es subsidiaria y complementaria, por ello, el frente más importante en esta lucha es en el plano interno. Para el efecto es necesario dotar a las autoridades, en especial a aquellas cuya función es la anticorrupción de los conocimientos y los métodos para poder desarrollarla en su actuación.
Algo muy relevante es la propuesta metodológica para el desarrollo de ese enfoque, que permite contar con un sistema integral, tendiente a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las víctimas de esos actos y que, en caso de violación a esos mandatos, cuenten con un mecanismo efectivo que permita compensar y reparar las afectaciones materiales e inmateriales que los mismos provocan, en especial las de la población más desfavorecida.
No es suficiente continuar con las actuales políticas y estrategias centradas en la investigación, la identificación, el procesamiento y el enjuiciamiento de los responsables que afectan los recursos públicos y las estructuras estatales, sin antes voltear a mirar a los afectados directos de los actos de corrupción, de allí que la propuesta de un sistema integral anticorrupción con un enfoque basado en los
