Organizaciones comunitarias
Fuente: PNUD (2010).
Con base en lo anterior se formuló la propuesta de la Política pública pluricultural de protección de los sistemas de conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, que contó con la participación de grupos étnicos y comunidades campesinas provenientes de seis sitios piloto, según se detalla en la tabla 1. 266 familias participaron en la elaboración de este primer mapa de caracterización del conocimiento tradicional agrícola en Colombia, como insumo para el diseño de estrategias para la recuperación de semillas, variedades silvestres, ceremonias, prácticas y usos. En definitiva, es una iniciativa a destacar, no solo por su rol integrador de la diversidad agrícola y el conocimiento tradicional en Colombia, sino por su vocación como solución para el fortalecimiento de la capacidad local —principalmente de los tomadores de decisiones, las comunidades y organizaciones— en el manejo del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad.
Por otra parte, en cuanto a retrocesos en este sentido, de forma aunada a los viejos conflictos asociados al uso y la tenencia de la tierra, se evidencian políticas públicas traducidas en normas que ponen riesgo los conocimientos tradicionales agrícolas y la soberanía alimentaria de las comunidades que se abastecen de dichos conocimientos. Es el caso de la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) derogada y reemplazada por la Resolución 3168 de 2015 de la misma entidad, cuyo ámbito de aplicación ha impedido a estas comunidades que, como parte de sus saberes y tradiciones, destinen las semillas de los mejores productos de su cosecha para conservarlos con fines de resiembra.
La resiembra, quizás el uso principal más desplegado como conocimiento tradicional agrícola, se encuentra destinado a desaparecer (Uribe-Arbeláez, 2017), pues las semillas que se conservan y se reutilizan mediante este método ancestral son en principio semillas no certificadas, es decir, aquellas que no se ha producido a partir de la semilla básica o registrada, sometida al sistema de certificación del ICA, y que de acuerdo con las citadas resoluciones, no pueden destinarse para los fines de producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización o uso. Lo anterior, salvo que las comunidades puedan acogerse a la figura de la excepción o privilegio del agricultor:
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