el gobierno ingresará al Congreso una reforma general al sistema eléctrico. El gobierno tiene insumos para plantear esos cambios.
Desde 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en sus manos un estudio realizado por Bonilla y Asociados donde se analiza el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad que se les asegura a las empresas distribuidoras de electricidad. El estudio concluye que una tasa de rentabilidad acorde a nuestros tiempos no debe exceder el 6,5 %.
Según expertos consultados por Ciper, bajar la rentabilidad asegurada a las empresas de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 %, generaría una baja significativa de las cuentas de electricidad que se pagan en Chile.
Así lo afirma Cristián Muñoz, profesor asociado adjunto de la Universidad Católica, quien actualmente está al frente de la Consultora Breves de Energía. Muñoz afirma que al revisar la experiencia internacional (fundamentalmente de Estados Unidos y Europa), la rentabilidad asegurada a las distribuidoras eléctricas es significativamente inferior a la establecida en Chile:
—La ley que les asegura a las distribuidoras la tasa del 10 % antes de impuestos, es de los años 80, cifra que está relacionada con el premio por el riesgo que las empresas asumían en esos años. En ese tiempo la realidad del país era otra, situación que sugiere que es momento de actualizar el cálculo de esa tasa —afirma Cristián Muñoz.
Efectivamente, en otros países la ganancia que se les asegura a las empresas es mucho menor. A fines del año pasado en España la redujeron del 6,5 % a un 5,58 % (después de impuestos). En Alemania pasó lo mismo, y las tasas quedaron entre un 5,1 % y un
6,9 % (después de impuestos).
Enel es una de las principales empresas que participa del negocio de la distribución de la electricidad.
El estudio de Bonilla y Asociados, que tiene en sus manos la Comisión Nacional de Energía, coincide con el diagnóstico de que la rentabilidad del 10 % que se les garantiza a las distribuidoras eléctricas debe modificarse: “Esta tasa se encuentra sobrestimada. Y no es de extrañarse, ya que fue fijada hace al menos 30 años, cuando en Chile solo la tasa libre de riesgo era del orden de 5 %. Reconociendo la evolución del mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta”.
La propuesta de reducir la tasa de ganancia asegurada fue recogida por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Vidal (ambos de RD) que presentaron un proyecto de ley que apunta a ese objetivo. En el gobierno están estudiando la medida.
Para Cristián Muñoz una buena forma de beneficiar al consumidor, además de actualizar la rentabilidad asegurada, es introducir una mayor competencia en la venta de energía al cliente final. Por eso, aconseja mirar el modelo de comercialización de energía instaurado en países del primer mundo, el que mantiene el monopolio a las distribuidoras para el “negocio cable” (la estructura que permite distribuir la energía), pero que abre el mercado para su comercialización:
—Eso se llama retail de electricidad libre o desregulado. Y se aplica hoy en Europa principalmente (España, Alemania e Inglaterra) y también en Australia. No es necesario que la comercialización de energía sea regulada porque los clientes pueden tener distintas preferencias. Por ejemplo, una persona puede optar por recibir solo energía renovable u optar por solo comprar energía producida en base a carbón, que puede tener un descuento, pero es mucho menos amistosa ambientalmente. Otras comercializadoras pueden ofrecer opciones de prepago, donde se compra energía hasta un tope y después se interrumpe. La ventaja de ese modelo es que tienes una amplia gama de combinaciones que los comercializadores pueden ofrecer a los consumidores. También puede aliviar los vertimientos de energía renovable, situación que se ha dado en Europa, donde los generadores les pagan a los clientes por consumir en determinadas horas del día. La competencia finalmente beneficiará a los clientes con una mayor variedad de opciones de suministro —explica Cristián Muñoz.
Historia de un cambio inesperado
El escándalo provocado por el cambio obligado de los medidores, con cargo a los usuarios, abrió una discusión sobre el sistema en general. La chispa que encendió el debate fue una tramitación express y a última hora en el Senado en enero de 2018. El impulsor fue el último ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Rebolledo.
La paradoja es que esa modificación se originó en una iniciativa de diputados que establecía que las empresas eléctricas se harían cargo de los daños provocados por catástrofes naturales en las instalaciones eléctricas. Ningún diputado asume hoy haber sabido que su moción terminaría exactamente en lo contrario: impulsando un cambio obligatorio de todos los medidores financiado por los usuarios.
Fue en el Senado donde el proyecto dio un giro brusco. En sesiones de su Comisión de Energía, entre fines de 2017 y enero de 2018, se reactivó el proyecto de ley que habían presentado los diputados y cuya tramitación estaba congelada desde agosto de 2016. Eran las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, con premura se movió en el Senado para aprobar el proyecto. Así lo declararon varios parlamentarios a Ciper.
A la Comisión de Energía asistió el ministro Rebolledo, la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y otros personeros de esa repartición. Fue la subsecretaria la que inició la ofensiva frente a los senadores: “Abogó por la conveniencia de que el articulado precise a quién corresponde la titularidad del derecho de dominio sobre el medidor”, se lee en el informe de la Comisión de Energía.
El diputado Sergio Gahona (UDI) asistió a esa comisión del Senado para resguardar el proyecto original. Ante la propuesta de la CNE los convidó a presentar una indicación “que aclare el punto”, pero resguardando el menor costo posible para el usuario. Luego habló la senadora Isabel Allende (PS): “Señaló que, en su opinión, el medidor debe ser de propiedad de la empresa. Una vez instalado, ha de ser entregado en arriendo al usuario”.
La subsecretaria Jara apuntaló esa idea: “La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”. Fue entonces que el secretario ejecutivo de la CNE (Andrés Romero), lanzó la propuesta del gobierno. Las compañías eléctricas debían ser dueñas de medidores y empalmes (el cableado que lleva la electricidad a las casas), y que al ser estos parte de la red de distribución su instalación y mantención debían ser cargados a la tarifa que pagan los usuarios. Instó a los senadores a hacer suyas esas propuestas para agilizar el trámite legislativo.
Así fue. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad y el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, donde se tramitó sin discusión y también fue aprobado por todos los diputados.
La rabia ciudadana se ha expresado en las redes sociales con creativos memes relativos al tema.
Nadie planteó una crítica. Según el reporteo de Ciper, ningún parlamentario se percató de los cambios de fondo que se le habían hecho a la iniciativa. Eso solo se explica porque ningún diputado
—ni ninguno de sus asesores— leyó el proyecto antes de votar.
La idea del recambio tecnológico de medidores no se le ocurrió súbitamente a la CNE a fines de 2017. El cambio venía siendo planteado por las empresas a las autoridades desde al menos 2015.
A nivel internacional los medidores inteligentes ganan terreno: son parte de una actualización necesaria del sistema eléctrico y ofrecen beneficios que pueden ser aprovechados si su instalación está sujeta a una regulación eficiente.
Eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso de Chile. Esa regulación
