reproduciendo ese modelo de la Leyenda Negra. Posada Carbó (2000), en la línea trazada por David Bushnell y Malcolm Deas, ha expresado la necesidad “de examinar de manera más sistemática las prácticas descalificadas como corruptoras del sufragio en Latinoamérica”, temática que para el año 2000 él consideraba había recibido “escasa atención por parte de la historiografía moderna” (p. 272).
25 Intentando revisar esa visión tradicional de las elecciones en el continente, Posada Carbó (1999) comparó los comicios de 1835 en Venezuela y los de 1836 en Colombia. En la misma línea, Conde Calderón (2009) realizó un acercamiento a las elecciones efectuadas en el Caribe colombiano durante el período 1820-1836.
26 En relación con el liberalismo en Latinoamérica en la centuria decimonónica véase Jaksić y Posada Carbó (2011) y Laguado Duca (2001).
27 La perspectiva constitucionalista
28 Forment (2003) ha examinado ese proceso de participación llevado a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX a partir del concepto democratization of antipolitics.
29 La implementación del orden republicano se fundamentó “en la construcción de un poder legítimo” que “remitía a la comunidad política instituida o que se buscaba instituir” (Sabato, 2007, p. 3), proceso que estuvo sustentado tanto en las prácticas del sufragio como en la opinión pública. A partir de “este basamento conceptual” se “establecieron normativas y se forjaron y articularon formas diversas de hacer política, es decir, de construir, sostener, reproducir e impugnar el poder” (p. 3).
30 Sobre este tópico, véase Escalante (1993), Chiaramonte (1995 y 1997), Murilo de Carvalho (1999), Ternavasio (1995, 2000, 2002, 2003, 2007), González Bernaldo de Quirós (2000), Sabato y Lettieri (2003), Annino (2004), Aljovín de Losada y López (2005), Alonso y Ternavasio (2011), y Sabato y Ternavasio (2015).
31 Posada Carbó ha estudiado la relación de la prensa con los políticos y las elecciones en Colombia para el período 1830-1930. Al respecto él afirma lo siguiente: “newspapers served as organs of the political parties. In this context, the press instated the roles of a party agent, from organizing campaigns to stirring up partisan spirit. Newspaper editors were also directly involved in electioneering. Next to the senators, representatives, and artisans who attended the Liberal convention in 1850 were the editors and redactores of leading papers, who attended not as reporters, but as party activists. Often, various factions of different parties organized themselves around a periodical publication” (Posada Carbó, 2010, pp. 954-955).
32 La influencia alcanzada por los periódicos igualmente residió en su aptitud para servir como vehículos “para la difusión de ideas”, en su potencial para fabricar argumentos que causaran un “efecto persuasivo” en “sus eventuales lectores” (Palti, 2007, p. 191) y en “su capacidad material para generar hechos políticos”, fuera “orquestando campañas, haciendo circular rumores, etc.” (p. 192).
33 A la luz de esta aserción (a saber, de no poner en riesgo el régimen representativo), el régimen de Rafael Reyes se presenta como una excepción, ya que, con el fin de contrarrestar la animosidad de ciertos sectores de la opinión pública, el general decidió poner en jaque el modelo republicano clausurando el Congreso y eliminando las votaciones populares para regidores municipales.
34 La carencia de firmas es frecuente en los artículos publicados en la prensa del período 1886-1910, motivo por el cual la citación se hará referenciando el nombre del periódico. La abreviatura s. p. significa que no tiene paginación.
35 Interesa subrayar que la capitalidad de Bogotá no se determina explícitamente en la Constitución de 1886; de hecho, la designación de la ciudad como capital del departamento de Cundinamarca se produjo meses después a través de la “Ley 21 de 1887” (Restrepo Hernández, 1900, p. 4). En la Constitución de 1863 tampoco se menciona esta cuestión, aunque allí se le otorga la atribución al Congreso de designar la capital de los Estados Unidos de Colombia. El Pacto de Unión, firmado el 20 de septiembre de 1861, sí establece, en contrapartida, que Bogotá es la capital de la Unión.
36 Siempre se aceptó (incluso para cuestionarlo) el rol directivo que durante los años en estudio tuvo la ciudad en la escena nacional. No en vano, el hecho de que Manuel Antonio Sanclemente no pudiera residir en ella y gobernar desde allí fue lo que sirvió de justificación para el golpe de Estado perpetrado por José Manuel Marroquín. Aunque la Corte Suprema avaló la actuación del vicepresidente, el voto de los magistrados no fue unánime, entre otras razones, porque uno de ellos alegó que ni en la carta magna de 1886 ni en otra normatividad se había designado a Bogotá como capital de la República. A la larga, empero, el ente resolvió respaldar el cambio de mandatario argumentando, con base en la constitución vigente, que el presidente no podía ejercer indefinidamente el cargo por fuera de la urbe y que su ausencia se consideraba una falta que debía subsanarse por quien estaba habilitado para sustituirlo. Sobre la capitalidad implícita de Bogotá en la Constitución de 1886 véase La Opinión (1900a, p. 214).
37 La propensión que mostraron los regeneradores a “utilizar el Estado como un instrumento esencialmente político”, “sin medir bien hasta qué punto” esa “politización” iba a constituir “un obstáculo” para “la consolidación de su autoridad” (Martínez, 2001, p. 547) fue usual aun en el gobierno de Ramón González Valencia.
38 Esa urgencia de recuperar la institucionalidad es la que explica el nacimiento de una coalición partidista (la Unión Republicana) que tuvo como único propósito hacerle oposición a Rafael Reyes. Posada Carbó (2015) estima que este movimiento fue dirigido por Carlos E. Restrepo, pero, en el ámbito capitalino, los líderes fueron el general Guillermo Quintero Calderón y Nicolás Esguerra. Quinquenio es uno de los nombres con que se designó al gobierno de Rafael Reyes.
39 No se creó un nivel para la esfera provincial porque si bien el prefecto provincial sí intervino en el ámbito distrital, sus acciones se pueden articular a lo acaecido con las autoridades nacionales y departamentales.
40 El hecho que las elecciones para concejales capitalinos se erigieran en un escenario de disputa es un tópico que no debe minimizarse; por el contrario, debería tener un rol protagónico para estudiar la historia electoral y la historia política del país. Los términos concejal, regidor, cabildante y consejero son sinónimos utilizados en la época para aludir a los miembros de la corporación bogotana, motivo por el cual en este escrito se utilizarán indistintamente. Es pertinente recordar que los nacionalistas eran quienes pertenecían al partido oficialista, el cual en su origen estaba ligado ideologicamente al conservatismo.
41 Uno de los productos de la investigación fue determinar, de la manera más detallada posible, quiénes fueron los regidores bogotanos para el período 1886-1910. Sin embargo, por problemas de extensión editorial esta información no se podrá incluir en este libro. Si se quiere tener algunos datos al respecto, véase Suárez Mayorga (2006, 2017a).
42 Palacios (2002) asegura que “el centralismo de la Regeneración se quedó en el papel” porque “la fórmula de la República unitaria contrapuesta al localismo de la República federal estuvo lejos de consumarse” (p. 271). Esta afirmación se pone en cuestionamiento al estudiar el problema desde la esfera local.
43 Se hace énfasis en las discusiones que dichos letrados fraguaron porque los argumentos, respuestas, discursos
