Bogotá en la lógica de la Regeneración, 1886-1910. Adriana María Suárez Mayorga

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Bogotá en la lógica de la Regeneración, 1886-1910 - Adriana María Suárez Mayorga

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El término regeneracionistas pertenece a Alfredo Gómez Muller (2011).

      45 La centralización implementada por el movimiento regenerador fue ampliamente cuestionada en el período en estudio. Rafael Uribe Uribe llamó la atención sobre este punto en un discurso pronunciado el 3 de septiembre de 1910 con las siguientes palabras: “Los pueblos excesivamente centralizados son pueblos enfermos, porque la vida entera nacional se les agolpa á la cabeza como una congestión, y son los más expuestos á esas apoplejías fulminantes que se llaman revoluciones y golpes de Estado […]” (Uribe Uribe, 1910, p. 237).

      46 La cita pertenece al artículo titulado “La causa de las causas”; escrito aparentemente a comienzos de la década de 1890.

      47 La cita pertenece al artículo denominado “Las crisis sociales” fechado el 31 de julio; posiblemente lo escribió entre 1890 y 1892. Rafael Núñez (1825-1894) es considerado la figura central de la Regeneración. Ejerció como presidente de Colombia de 1880 a 1882, de 1884 a 1886, de 1887 a 1892 y de 1892 a 1894. Según Melo (1989), él “no quiso residir en Bogotá ni ejercer directamente el mando, excepto en situaciones de crisis” (p. 53), por lo que Carlos Holguín (de 1888 a 1892) y Miguel Antonio Caro (de 1892 a 1898) fueron quienes gobernaron durante sus dos últimos períodos presidenciales. Esta situación no significó, empero, que el cartagenero perdiera su influencia sobre la política nacional, ya que los artículos que escribió hasta que murió en 1894 se convirtieron en una suerte de guía para quienes comulgaban con los principios regeneradores.

      48 Para profundizar en esta cuestión en el contexto latinoamericano de finales del siglo XX remitirse a Roberts (2005).

       Capítulo 1 | Meditando el problema en clave histórica

      El tiempo histórico se realiza en un presente. Ayer como hoy, el presente de un individuo o grupo se define como una modalidad particular de acción entre un espacio de experiencias y un horizonte de espera. El pasado es un presente que se desliza. (López, 1999, p. 376)1

      Una vez delimitado el contexto historiográfico en el que se inscribe la pesquisa, es necesario establecer el referente teórico desde el cual se abordará el examen de la administración bogotana. Los trabajos más sugerentes para aproximarse a los problemas previamente trazados han sido elaborados por la historiadora argentina Marcela Ternavasio, quien se ha interesado por analizar el rol desempeñado por las ciudades rioplatenses en la estructuración del gobierno central.

      Tomando como eje esta pregunta, su propuesta investigativa busca “comenzar a redefinir la historia política” a través de la “articulación entre espacios municipales, regionales y nacionales”, abriendo de esta forma “el espectro temático” hacia tres cuestiones cardinales: a) los conflictos surgidos en torno a “la antinomia centralización-descentralización del poder”; b) “la distribución de funciones y atribuciones entre las diferentes instancias” gubernamentales, y c) el sistema de representación local (Ternavasio, 1992, p. 56).

      La pertinencia de acudir a la academia argentina para estructurar la argumentación no es inopinada, sino que responde a la relevancia que el país austral alcanzó en las cavilaciones de los letrados colombianos del período en estudio, justamente por su reputación de pueblo que caminaba “decidida y valerosamente por la senda del progreso” (La Opinión, 1900b, p. 210).

      Interesa advertir, empero, que los planteamientos que aquí se enunciarán no están orientados a efectuar un ejercicio comparativo entre Buenos Aires y Bogotá.2 Lo que se pretende es reconocer que, a pesar de las ostensibles diferencias históricas que existieron entre ambas ciudades, también se dieron ciertas similitudes propias del lenguaje común que nutrió al universo hispanoamericano.3 Un universo que, salvando los matices de las distintas repúblicas, compartió en el siglo XIX “un mismo clima de ideas respecto” al papel y las funciones que debían desempeñar “los municipios en el seno de la relación entre [E]stado y sociedad” (Ternavasio, 1991, p. 7).

      Testimonio de lo anterior son las reflexiones llevadas a cabo a partir de la segunda mitad de la centuria decimonónica por la élite letrada rioplatense en torno a cómo se debía organizar el gobierno municipal con referencia a la provincia y al Estado nacional.4 Juan Bautista Alberdi,5 una de las voces más autorizadas de la época en lo tocante a este tema, propuso dos modelos de ordenamiento para encarar la situación: el primero de ellos consistió en combinar “el localismo con la nación”, con miras a superar la disgregación y la anarquía que, a su juicio, estaban personificadas en el enorme “espacio desierto e inhabitado” (Ternavasio, 1991, p. 24). Con tal fin sugirió “constituir una república federal —centralizada en la figura del Poder Ejecutivo—” que simbolizara “un estado intermedio entre la independencia absoluta de muchas individualidades políticas y su completa fusión en una sola soberanía” (p. 25).

      El segundo de ellos consistió en brindarles autonomía y libertad a las comunidades para organizar la administración local. Hay que anotar que este arquetipo lo formuló, pero no lo desarrolló porque, a su modo de ver, únicamente era “posible y deseable” de materializar cuando se produjera una transformación en la sociedad que redundara en una mutación del Estado (Ternavasio, 1991, p. 25).

      Fundándose en el primer modelo mencionado, Juan Bautista Alberdi le asignó las siguientes funciones al municipio:

      - Administración de justicia civil y criminal en primera instancia.

      - Policía de orden, de seguridad, de limpieza y de ornato.

      - Instrucción primaria: el vecindario [tenía que encargarse] de instalar, vigilar y sostener […] las escuelas.

      - Cuidado de caminos, puentes, calles y veredas. Instalación de hospitales para indigentes, casas de crianza para niños [desamparados y] asilos para extranjeros desvalidos.

      - Promoción de la inmigración y control del aumento del vecindario […]

      - Manejo de rentas, impuestos, fondos [y] medios de crédito [indispensables] para llevar adelante las funciones antes mencionadas, manteniendo la total autonomía en su administración respecto al poder central. (Ternavasio, 1991, pp. 28-29)

      La propuesta alberdiana fue rebatida por Domingo Faustino Sarmiento,6 quien reivindicó la correlación entre la institución local y la “aglomeración y arraigo” de su población (Ternavasio, 1991, p. 26). Oponiéndose al sistema centralizado propuesto por Alberdi, insistió en que era imperioso descentralizar el territorio desde arriba, accionar que entrañaba que el gobierno central debía delegar “funciones limitándose a sí mismo” y generar una redistribución del poder (p. 26).

      Mientras que en la opción inicial se buscaba “integrar las viejas estructuras regionales bajo la hegemonía de un régimen político centralizado”, en el cual la localidad quedaba relegada a labores “racionalmente restringidas”, en el modelo sarmientino el entorno comunal se constituyó en el “eje de articulación de un proyecto” que abogaba por la descentralización, así proviniera “del mismo poder central” (Ternavasio, 1991, p. 27).

      La plasmación de estos preceptos en una normatividad específica propició otro desacuerdo entre ambos intelectuales: aunque para Alberdi el cabildo colonial, legado de la tradición española, era el sustrato por excelencia de la “libertad local”, para su contraparte, crítico mordaz de dicha institución, la pauta a seguir era “el régimen comunal norteamericano”, en el que el municipio se consagraba a administrar el territorio que estaba a su cargo, a la par que se erigía en “sede de difusión de la instrucción y de formación de la opinión pública” (Ternavasio,

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