T. J. (2009). «Modeling new party performance: A conceptual and methodological approach for volatile party systems». Political Analysis, 17(3), pp. 311-332.
O’Donnell, G. (1997). «¿Y a mí qué mierda me importa? Notas sobre sociabilidad y política en Argentina y Brasil». Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, 165-193. Buenos Aires: Paidós.
Rosenblatt, F. (2018). Party Vibrancy and Democracy in Latin America. New York: Oxford University Press.
Scott, J. (2008). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale University Press.
Welp, Y. (2013) «¿Por qué Perú?» Elecciones, 12 (13), ONPE.
Wills, L. (2016). Latin American Traditional Parties, 1978-2006. Bogotá: Uniandes.
Zavaleta, M. (2005). Coaliciones de independientes. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
3 Profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad –CAPES.
4 Este artículo se basa en la adaptación de argumentos previamente presentados en la serie «Crisis del sistema político», publicado por CIPER (ciperchile.cl), y editado por Juan Andrés Guzmán, así como en un conjunto de argumentos introducidos en el artículo de mi autoría: «¿El fin de los partidos políticos?», publicado en Diálogo Político 1, 2017. Las secciones 2 a 5 reproducen íntegramente secciones incluidas en dicho artículo.
5 J. Schumpeter, con su visión de los partidos políticos como meros estructuradores de la oferta electoral, es, tal vez, la voz disidente más potente en este sentido.
6 Como síntesis de esta corriente véase el libro: La Política de las Políticas Públicas, editado por el BID en 2006.
7 No obstante véase, por una visión discrepante: J.P. Luna, (2016). «Chile’s Crisis of Representation», Journal of Democracy, 27-3, pp.129-138, y Luna, J. P., & Rosenblatt, F. (2012). ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. Democracia con partidos. Informe para la reforma de los partidos políticos en Chile. Santiago, CEP y CIEPLAN. Luna, J. P., & Mardones, R. (2010). «Chile: are the parties over?» Journal of Democracy, 21(3), 107-121.
8 Sobre la gestión del Estado en Perú y la fuerte inserción tecnocrática en este ámbito ver Dargent (2015).
9 Entrevista personal con Ricardo Soberón, marzo de 2015, realizada en conjunto con Andreas Feldmann en la ciudad de Lima.
10 Me baso en estimaciones provistas por Ernesto Calvo en «Anatomía política» de Twitter en Argentina.
11 Sobre este punto véase: <http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/>.
Conflictos territoriales y movimientos sociales. Los límites de un modelo de crecimiento sin participación
María Ignacia Fernández12
Introducción
En Chile, con mayor frecuencia, estamos siendo testigos de la emergencia de movimientos sociales de protesta vinculados a asuntos que, en sentido amplio, podemos llamar territoriales.
Algunos de estos movimientos son orgánicos y persisten en el tiempo; otros son reactivos y coyunturales; otros no llegan a constituirse como tales y se manifiestan en una serie de protestas que alcanzan grados variables de visibilidad y eficacia. Más allá de sus diferencias, en el origen de todos ellos hay un elemento común: la creciente irrupción de conflictos socio-territoriales que expresan la existencia de visiones contrapuestas sobre el acceso y uso de los recursos naturales.
Un conflicto socio-territorial supone desacuerdos entre actores con intereses y prioridades diferentes sobre un determinado territorio. El objeto de disputa es el territorio, su definición, uso y significado, generalmente asociados a la estructura de propiedad, al uso y manejo de los recursos naturales y al aprovechamiento de las oportunidades de riqueza o bienestar asociadas (Fernández, 2018: 5).
Según el mapa de conflictos socioambientales, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile se registra en la actualidad un total de 92 conflictos activos (62) o latentes (30), además de otros 24 cerrados. Se trata de conflictos que surgen como reacción a las externalidades negativas derivadas de actividades productivas, tales como la minería, la pesca, la agroindustria, la producción de energía, o la gestión de residuos, que impactan directamente en el bienestar de las comunidades, así como también en el medioambiente. Sin embargo, es un tema de escasa prioridad para las políticas públicas, que se ocupan de los conflictos casi exclusivamente en reacción y respuesta a las manifestaciones sociales, en tanto representan una amenaza para el orden público, el normal funcionamiento de la actividad económica o el bienestar de los ciudadanos directamente perjudicados.
Es difícil analizar el papel de estos movimientos, o el grado en que pueden estar significando un renovado impulso en lo colectivo, sin atender a la complejidad de las dinámicas territoriales que están sobre la base de los conflictos.
A continuación, argumentaré que la creciente emergencia de conflictos socio-territoriales es consustancial a la dinámica de un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas y que, en consecuencia, avanzar hacia su resolución requiere cuestionar y discutir algunas de las bases más fundamentales del modelo. En muchos territorios en conflicto estos se superponen con situaciones de pobreza y rezago, que son abordadas con políticas sociales de mitigación o productivas tradicionales, sin atender al problema de fondo. Ello sumado al agotamiento del sistema político tradicional, que carece de la legitimidad necesaria para impulsar procesos de diálogo y construcción de acuerdos.
Pero no todo son malas noticias. Los conflictos socio-territoriales pueden ser también una oportunidad para innovar en la gobernanza del territorio. Para eso se requiere poner en marcha una agenda destinada a resolver, o al menos gestionar y canalizar de manera adecuada, conflictos que, de no enfrentarse, tienen consecuencias negativas para todas las partes.
La urgencia de esta agenda es particularmente relevante para la socialdemocracia y la izquierda latinoamericana. En materia socioeconómica, porque los conflictos socio-territoriales ponen en evidencia la imposibilidad de obtener al mismo tiempo objetivos de inclusión social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico. En términos políticos, porque son una manifestación más de la forma como los gobiernos de izquierda latinoamericanos parecen haber abandonado su preocupación por fortalecer actores colectivos, claves para impulsar cualquier agenda de desarrollo territorial capaz de conducir una mejor gobernanza del territorio y sus conflictos.
Antes de delinear el contenido de esta agenda, cabe detenerse un momento en el análisis de las causas y las consecuencias de la emergente conflictividad sobre la calidad de vida de quienes habitan en territorios en conflicto, pero también sobre la posibilidad de sostener (o iniciar) una senda de desarrollo que sea inclusiva y sostenible.
