Miranda, Avellaneda, Gabino Vargas, entre otros), al denunciar que Fujimori había traicionado los postulados de Cambio 90, se alejaron de la bancada de este partido para formar la Coordinadora Parlamentaria Independiente. El otro sector (Siura, Barreto, Jiménez, Cárdenas, Bocanegra, etc.), más afín al estilo autoritario de Fujimori, decidió seguir apoyando al régimen. De este grupo, Gilberto Siura se convertiría luego del «autogolpe» de 1992 en uno de los más entusiastas defensores de las decisiones políticas más controvertidas adoptadas por el gobierno de Fujimori y de las leyes inconstitucionales que fueron desmantelando paso a paso la institucionalidad democrática.
Durante la etapa conocida como el fujimorismo, en la que el carácter autoritario del régimen se acentuó notablemente, excepto la presencia política visible de Gilberto Siura, los congresistas evangélicos en el período del ccd de 1992–1995 (Vílchez, Ysisola, Barreto, Chávez) y en el período 1995–2000 (Vílchez, Barreto, Quicaña, Abanto) fueron figuras anónimas y decorativas en el escenario público. Estos congresistas evangélicos, al lado de la mayoría de los otros representantes del partido de gobierno, estuvieron en el Congreso únicamente para respaldar con sus votos la aprobación de las leyes que Fujimori necesitaba para seguir gobernando sin mayores problemas. Su contribución a la vida política, si se tiene en cuenta que las tres tareas básicas de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar, fue intrascendente, pues no presentaron proyectos de ley relevantes ni defendieron en esos años la institucionalidad democrática. Pero si trataron de justificar «pragmáticamente», como el caso de Pedro Vílchez, su apoyo incondicional al régimen:
El Presidente es amigo de quienes quieren ser sus amigos[...]. Es más, nunca antes el pueblo evangélico ha gozado de la libertad que tiene ahora, a tal punto que tenemos campañas evangelísticas seguidas, contando con mayores facilidades para que misioneros, predicadores y hasta grupos evangelísticos vengan a apoyar a la iglesia evangélica nacional (La Luz s/f:2. Resaltado nuestro).
O intentaron justificar «teológicamente», como en el caso de Gamaliel Barreto, la práctica autoritaria del régimen fujimorista:
Yo creo que Dios puso a Fujimori en el gobierno del país. El éxito de su gestión no es necesario decirlo, porque se ve. Ahora, como todo ser humano no es perfecto, pero a la iglesia, Dios no nos llama a criticar sino a orar. Oremos, pues, para que Dios trate con Fujimori y lo bendiga (La Luz s/f:1).
Dos de los congresistas evangélicos vinculados al fujimorismo (Vílchez y Abanto), cuando salieron del anonimato, fue para explicar a la opinión pública sus discutibles proyectos de ley. Abanto se hizo «popular» cuando presentó un proyecto de ley el 13 de febrero de 1998 sobre «La prohibición del uso de la minifalda en las instituciones públicas y privadas de concurrencia pública». Este proyecto de ley fue calificado como una huachafería por miembros de la oposición política al régimen (La República 1998:10) y como una ley contra la tentación por el periodismo independiente (Vargas 1998:26). Del congresista Abanto se decía lo siguiente en los medios de comunicación social:
Alejandro Ruperto Abanto Pongo abandonó su perfil bajo, casi anónimo y decorativo, para saltar a la «fama». «El trampolín»: una minifalda. En menos de un día, concedió más de 10 entrevistas, pisó sets de televisión, habló en la radio [...]. Fue el centro de la noticia. O, en otras palabras, fue la vedette de la semana (Vargas 1998:26).
Y de la gestión pública del congresista Vílchez se tenía la siguiente opinión:
¿Quién es Pedro Vílchez Malpica? Se trata de un gris representante oficialista, evangélico, quien casi nunca ha dado una entrevista a la prensa. Entre agosto de 1998 y junio de 1999 sólo dos veces hizo uso de la palabra [...]. En sus siete años de legislador Pedro Vílchez Malpica apenas ha presentado un par de proyectos de ley, ambos en la pasada legislatura (Mendoza 1999:17).
Vílchez se hizo conocido ante la opinión pública nacional cuando el 15 de julio de 1999 presentó un proyecto de ley que pretendía castigar la vagancia con pena de cárcel y trabajos forzados. Proyecto de ley que había sido plagiado de la Ley de Represión de la Vagancia dado en 1924 y derogada en 1986 (Mendoza 1999:17). El proyecto presentado por Vílchez, según un periodista, para nada había tenido en cuenta:
Cifras que tienen que ver mucho con el tema: el medio millón de desempleados del país y los dos millones ochocientos mil subempleados que consiguen un cachuelo cuando la suerte los acompaña. O los casi 10,000 mendigos o indigentes que deambulan por las calles de Lima (Mendoza 1999:17).
A la luz de estos datos, está claro que la gestión pública de congresistas fujimoristas como Abanto y Vílchez fue casi anónima y anecdótica en el escenario político11. A ellos y a los otros congresistas evangélicos (Ysisola, Chávez, Barreto, Quicaña), no se les llegó a conocer por su eficiencia en la función pública o por su defensa de la institucionalidad democrática, sino por ser parte del aparato político del fujimorismo, útil únicamente para respaldar con sus votos las leyes que favorecían la continuidad del régimen o los decretos que erosionaban los pocos espacios democráticos que todavía quedaban en el país. Ellos formaron parte del núcleo de defensores incondicionales del fujimorismo, incluso, dando a entender que su función pública tenía el pleno respaldo de otros evangélicos. En palabras de Ysisola:
Desde 1989 hasta la fecha [...] hemos apoyado a personas que no necesariamente eran evangélicas, el ejemplo más claro lo tenemos en el Presidente Alberto Fujimori, quien sin ser evangélico ha sido apoyado por los evangélicos y en esta reelección se le ha seguido respaldando y así también respaldaremos a cualquier Presidente que gobierne en nuestro país [...] (Congreso Constituyente Democrático 1994c:452).
Estos cinco congresistas evangélicos (Siura, Ysisola, Vílchez, Chávez y Barreto), violando todos los mecanismos internos y todos los procedimientos jurídicos, con sus compañeros de bancada del ccd, promulgaron el 8 de febrero de 1994 la llamada «Ley Cantuta» N.° 26291. Esta ley ilegítima sancionaba que el Fuero Civil no tenía competencia para juzgar a los miembros de las fuerzas del orden acusados de haber desaparecido a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Así que, transgrediendo todos los dispositivos legales vigentes, este caso de flagrante violación del Derecho a la Vida fue trasladado al Fuero Privativo Militar, incluso, conociendo ellos que el ciudadano evangélico Juan Mallea, había sido acusado públicamente por diversos personajes del gobierno —entre ellos Fujimori— de ser el autor de los croquis de Cieneguilla que permitieron ubicar el lugar en el cual habían sido enterrados clandestinamente los cuerpos de los estudiantes y del profesor asesinados por el Grupo Colina12.
A diferencia de la gestión pública casi anónima y hasta decorativa de la mayoría de los congresistas evangélicos que fueron parte del aparato legislativo fujimorista, durante el período 1992–2000, la presencia política de Gilberto Siura sí fue bastante singular. Así, por ejemplo, durante el Debate Constitucional de 1993, Siura defendió públicamente el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Éstas fueron sus palabras:
Yo anuncio, desde aquí: voy a elaborar un proyecto de ley para que el 5 de abril de todos los años, se declare el día de la defensa nacional, porque eso fue lo que sucedió a partir del 5 de abril de 1992, el Perú, la historia del Perú, cambió definitivamente (Congreso Constituyente Democrático 1998:1608).
Meses después, durante su intervención en la sesión del 21 de setiembre de 1994 en el ccd, dijo lo siguiente sobre este hecho que quebró el orden constitucional:
El 5 de abril, señores de la Mayoría y de la minoría, pasará a la historia como un día de beneficio para el país. Es un hito en la historia del Perú, donde empieza la reconstrucción nacional, y quiera Dios que ésta no se detenga (Congreso Constituyente Democrático 1994a:760).
Tres
