cada vez más sobre las finanzas públicas. En 2017, el Estado desmanteló finalmente la empresa: los vuelos entre islas se confiaron a una empresa privada canaria a cambio de una participación en capital, y TACV fue gestionada por una compañía aérea islandesa, con la promesa de nuevos aviones Boeing para los próximos años. En el caso de Electra, la situación ha mejorado un poco en los últimos años, aunque las cuentas de la empresa nacional de producción y distribución de agua y electricidad siguen en números rojos. Privatizada y luego re-nacionalizada, Electra ha podido invertir para suplir las necesidades cada vez mayores de la capital y de Mindelo, donde los apagones son más escasos, pero sigue faltando agua en algunas islas.En términos más generales, si bien los resultados económicos son moderadamente satisfactorios, lo que debe preocupar al recién reelegido MPD son las cuestiones sociales, ya que ganó por haber prometido luchar contra el desempleo a gran escala. En una sociedad que va adquiriendo paulatinamente y de forma ostensible todas las características de una sociedad de consumo (red bancaria, bolsa de valores, televisión, aeropuertos), la población sólo tiene un deseo: formar parte de ella. Se va a juzgar al MPD según si va cumple o no sus promesas electorales, en particular el aumento progresivo del salario mínimo (fijado en unos cien euros en enero de 2014) y la creación de prestaciones de desempleo.
La Unión Europea (Comisión Europea y Estados miembros) es uno de los principales actores de los que Cabo Verde recibe ayudas. En estrecha coordinación con otros socios de la cooperación, garantiza que la ayuda contribuya al desarrollo sostenible y produzca beneficios a largo plazo. En el marco del undécimo Fondo Europeo de Desarrollo, la Comisión Europea asignó 50 millones de euros (marco estratégico 2016-2020) para el apoyo macroeconómico, políticas sectoriales, y programas y proyectos en las zonas afectadas y no afectadas por la ayuda comunitaria. Otros catorce millones se destinaron a la reconstrucción tras la erupción del volcán Fogo (2014) y las lluvias torrenciales en Santo Antão (2016).
Forma de gobierno
La Corte Suprema de Justicia (STJ) es soberana en materia constitucional. Puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, que luego no será promulgada. Tiene las competencias para regir todas las disputas electorales, y también puede aprobar o destituir asociaciones y organizaciones políticas.
El sistema judicial también está bien engrasado. Se basa en la unidad jurisdiccional. A la cabeza del sistema se encuentra el STJ, seguido por los tribunales de primera instancia, el Tribunal de Cuentas, los tribunales fiscales, aduaneros y militares. Los fiscales son nombrados por el Ministro de Justicia, y los jueces por el STJ, cuyo presidente es también presidente del Consejo Superior del Poder Judicial.
Partidos
Retos actuales
El gobierno continúa diversificando el apoyo internacional, firmando o negociando acuerdos con Estados Unidos y Europa como socio especial. Por ejemplo, el archipiélago está haciendo campaña para facilitar la entrada de los caboverdianos en la Unión Europea, a la larga sin visados, pero también trata con China, Brasil y Angola. Cabo Verde fue el único país que se benefició de un segundo acuerdo en el marco de la Cuenta del Milenio, además de los elogios de un FMI que estaba encantado con sus resultados. Presentada regularmente como un modelo de estabilidad política y buena gobernanza, Praia sigue participando en la resolución de conflictos en África Occidental (Costa de Marfil, Guinea-Bisáu).
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