que progresaba el proceso de crisis ganaba potencialidad hegemónica (Piva, 2012b; Bonnet, 2008). La articulación de esa estrategia de redefinición de la relación entre Estado y acumulación corrió por cuenta del peronismo, que encontró, también, de ese modo la salida a su propia crisis. El bloque político peronista, en descomposición desde 1975, se rearticuló como portador de un proyecto neoliberal de Estado; es más, el peronismo se transformó en un aparato de mediación política, cuya reproducción dependía de su vínculo con el Estado, que era capaz de interiorizar el conjunto de las contradicciones sociales y de funcionar como partido del orden. Poseía para ello tres condiciones: la incorporación de los sindicatos en el bloque político, un extendido aparato de control territorial y una vasta base de apoyo social fundada en la adhesión popular a la identidad peronista.
Sin embargo, la confusión entre interés particular del capital e interés general de la sociedad no podía durar demasiado. El núcleo de la estrategia neoliberal era la desorganización y desmovilización obrera como condición de una ofensiva contra los salarios y las condiciones de trabajo. La dominación política neoliberal se articuló, por lo tanto, a través de un consenso negativo, construido en torno al miedo al caos hiperinflacionario y sobre la base de la fragmentación estructural de la clase obrera, producto de la heterogeneización de la industria, y del rápido crecimiento de la informalidad laboral y el desempleo, que debilitaron las capacidades estructurales para la acción colectiva de los trabajadores. La apertura comercial, el tipo de cambio fijo, la desregulación de los mercados y las privatizaciones configuraron un dispositivo de disciplinamiento, vía mercado, que transformaba la presión competitiva sobre el Estado para atraer y fijar capitales en coerción de la competencia sobre personas y empresas.
La crisis de la convertibilidad fue la crisis de ese dispositivo. El proceso de movilización social que se inició entre 1996 y 1997 (irrupción de los cortes de ruta y los movimientos de desocupados, movilización de las clases medias, creciente fractura del movimiento sindical) tendió a la generalización y nacionalización, a diferencia de las resistencias durante el primer gobierno menemista que podían ser aisladas y neutralizadas. Desde fines de 1998, cuando los desequilibrios generados durante la fase expansiva del ciclo se combinaron con el estallido de sucesivas crisis en toda la periferia, se abrió una fase depresiva que se extendería hasta fines de 2002. El eje de la crisis fue la contradicción entre las necesidades de valorización del capital, que empujaban en el marco del dispositivo neoliberal a un ajuste deflacionario, y las necesidades de legitimación, en un contexto de movilización por un conjunto de demandas políticamente improcesables. El problema de fondo, y que eclosionó en la insurrección popular de diciembre de 2001, fue el fracaso tendencial de los mecanismos de desmovilización e individualización vía mercado. Fue nuevamente el peronismo el que pudo articular una estrategia de recomposición del Estado y la acumulación, esta vez como portador de un proyecto de Estado neopopulista.
Pero la reconstitución neopopulista de la dominación política a partir de 2003 puso de manifiesto los límites que enfrentaban los procesos de incorporación política de demandas populares. A poco de andar el gobierno enfrentó las contradicciones entre los límites que imponía el modo de acumulación y la estrategia de reconstrucción del consenso. El primero se basaba en la exportación de commodities industriales y agroindustriales —sometidas a fuertes oscilaciones de precios—, una industria heterogénea y dependiente de las importaciones, con los sectores más dinámicos del capital transnacionalizados tanto en su propiedad como en sus estrategias de acumulación, un comportamiento inversor reticente y, su contracara, la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior. La estrategia de reconstrucción del consenso se basaba en la satisfacción gradual, selectiva, y en la resignificación de las demandas formuladas en el proceso de movilización de 2001 y 2002. Su núcleo era la integración de sindicatos y movimientos sociales en mecanismos rutinizados de negociación colectiva y su participación en el aparato estatal.
Un proceso de acumulación capital extensivo permitió la rápida caída del desempleo y fue la base de una política de aumento de los salarios reales, mientras que la mejora de los términos de intercambio permitió sostener superávit de cuenta corriente y superávit fiscal. Pero pronto las presiones inflacionarias señalaron la existencia de un desfase entre Estado y acumulación. Frente a la contradicción entre acumulación y legitimación se desplegó una modalidad neopopulista de desplazamiento del antagonismo capital/trabajo hacia el futuro (inflación) y de desplazamiento espacial hacia formas no clasistas de confrontación social (pueblo - grupos económicos; pueblo - medios de comunicación, etc.). A su vez, la disputa por el excedente, a medida que se reducía el superávit fiscal, llevó a conflictos con fracciones de la clase dominante, mientras la estrategia neopopulista desataba procesos de movilización en la clase media, de cultura política antiperonista.
Más allá de 2007 se ponía de manifiesto el núcleo duro de los resultados de la reestructuración de los años noventa: la reducción del empleo informal y la pobreza se detenían en los niveles promedio de aquella década. Los efectos de un desarrollo capitalista productor de heterogeneidad estructural imponían límites a la continuidad del proceso de incorporación política. Finalmente, entre 2010 y 2011, la propia autonomía ilusorio-objetiva del Estado se ponía en cuestión ante la reemergencia de la restricción externa al crecimiento y el inicio en 2012 de una larga fase de estancamiento económico y presión por la reestructuración. En ese marco, la capacidad de bloqueo del ajuste y la reestructuración de un movimiento obrero y popular fortalecido solo produjo maxidevaluaciones que impulsaron nuevos saltos de los pisos anuales de inflación.
Conclusiones
Iniciamos este trabajo planteando un problema: si —como nos dice Zavaleta— la heterogeneidad de la estructura económica no es una especificidad de América Latina, sino que es el producto normal de la reproducción ampliada del capital, la pregunta debe ser por la homogeneidad. Es decir, la pregunta es ¿cómo explicar las dificultades para la unificación, nacionalización o totalización social de las sociedades latinoamericanas en comparación con los países centrales, al menos hasta los años sesenta y setenta? Pero, lejos de abandonar el vínculo entre especificidad de la cuestión estatal en América Latina y heterogeneidad estructural, formulamos la hipótesis de que la respuesta debía hallarse en la modalidad de heterogeneidad estructural que las afecta.
La expansión del capital en el período de la gran industria, que es también el período de su mundialización, tiende a producir una modalidad particular de heterogeneidad estructural en la periferia capitalista. Por un lado, la competencia mundial obliga a la asimilación de las formas de producción y de las tecnologías más productivas. Por otro lado, la brecha tecnológica, los volúmenes mínimos de capital exigidos por la concentración del capital industrial, y la ausencia de las condiciones sociales, que son supuesto y resultado de esos desarrollos en gran escala, producen una fractura entre “desarrollo” y “atraso” dentro de las formaciones sociales periféricas y entre centro y periferia, que son la causa de desequilibrios específicos de la acumulación. Esta es la base de relaciones de dependencia de difícil reversión. La dependencia tecnológica, el atraso relativo de la mayor parte de la producción y el papel del capital de origen extranjero o transnacional en el desarrollo son reforzados por la especialización en la exportación de productos del trabajo simple, o por la inserción en fases de cadenas globales de valor que exigen trabajo relativamente simple. En particular, la acción de la ley del valor a escala mundial en condiciones de desarrollo desigual y combinado implica una asignación de tiempos de trabajo que tiende a perpetuar esta especialización y la fractura estructural. Por otro lado, si bien la ley del desarrollo desigual y combinado, a diferencia de la teoría de la dependencia, permite explicar pasajes de posiciones periféricas a semiperiféricas o incluso centrales, los vuelve también altamente improbables.
El problema del Estado en América Latina, por lo tanto, no se vincula simplemente a que las estructuras sociales sean heterogéneas, sino a la dinámica específica que origina el desarrollo combinado. La fractura social que instaura determina una dinámica desequilibrada de la reproducción
