en la sociedad setabense, hay que reseñar que entre los agraciados figuraban, principalmente, miembros de la nobleza de la ciudad que habían ejercido cargos en el Consell, y otros que aprovecharían la circunstancia para incorporarse a la clase dirigente de la nueva ciudad. Así, están presentes personas que se integrarían en los nuevos ayuntamientos borbónicos, como D. Gregorio Fuster, D. Francisco José Cebrián, D. José Ferrer, D. Juan Ortiz y Malferit, D. Pedro Benlloch, D. Manuel Menor, D. Onofre José Soler, D. Manuel Jordán, etc. Y otros que se incorporarían más tarde, o sus descendientes, como los Aliaga, Agulló, Terranet. Igualmente, destacan linajes que, aunque no ejercerían cargos municipales en el XVIII, pertenecían a los sectores acomodados de la ciudad, como los Guitart, Quadrado, etc.[14]
Una tercera relación hacía referencia a recompensas en dinero y tierras a instituciones y personas, a lo que había que añadir concesiones en rentas vitalicias.[15] Destacan personas del ámbito eclesiástico, así como instituciones religiosas. Entre estas últimas se encontraba el monasterio de Santa Clara, a quien se le recompensó en dinero, tierras y casas, por un valor de 2.000 libras valencianas. Igualmente, se tenía en cuenta diversas cantidades para el hospital de inválidos que se pretendía fundar en San Felipe, reservándose una cantidad de 200 libras, y asignándole una renta vitalicia de 10.520 libras. Sin embargo, este hospital nunca llegó a construirse, a pesar de que incluso se cargaron cantidades en algunos abastos de la ciudad, que debían ir destinados al mismo. En 1726 todavía coleaba este asunto, hasta que el príncipe de Campoflorido propuso zanjar la cuestión.[16] Aducía que fue tan insuficiente el impuesto, 4.000 pesos anuales, que no pudo materializarse el proyecto. En 1718, D. Miguel Nuñez de Rojas, superintendente general, ordenó a los jueces de bienes confiscados que se suspendiera el proyecto de construcción, y que los fondos que hubiese pasasen a la Tesorería General de Bienes Confiscados, como así se hizo, en 1719. Así pues, uno de los proyectos emblemáticos de la nueva administración borbónica en San Felipe nunca llegó a materializarse, pues las dificultades políticas y económicas de la nueva ciudad se revelaron de tal envergadura, que fueron imposibles de solventar en estas primeras décadas del Setecientos. Guerra, expolio, recompensas y recuperación paulatina, fueron todos ellos factores que se interrelacionaron, al menos en la primera mitad del siglo XVIII.
Hemos de introducir una reflexión ligada a la actuación del monarca, respecto a los bienes confiscados en San Felipe, muchos de los cuales se adscribieron al patrimonio real. Y es el concepto de patrimonialismo, que desarrollaremos. En efecto, desde el primer momento la monarquía borbónica manifestó una voluntad patrimonial clara, a pesar de la ambigüedad y contradicciones de una situación confusa, en el momento en que la monarquía procedió al reordenamiento del Real Patrimonio. En ese sentido, la Corona, mediante su progresivo poder absoluto «concurrió en competencia con otros agregados municipales y señoriales». En Valencia, esta actuación estuvo mediatizada por la institución del Real Patrimonio.[17] Así, la actuación de la monarquía sobre el ámbito de poder local sería una de las manifestaciones más claras de esa voluntad patrimonialista que, a lo largo del Setecientos iría variando en cuanto a su naturaleza. En un primer momento, que coincidiría con el reinado de Felipe V, esta voluntad estribaría en recuperar esos bienes para el Real Patrimonio, para posteriormente, hacer donaciones o arrendamientos, en una práctica encaminada al juego de alianzas o de los intereses de la propia monarquía. En una segunda etapa, coincidente con el reinado de Carlos III, la monarquía actuó de una manera más administrativa, acentuando el proceso de reversión de bienes a la Corona, y, mediante la promulgación de la correspondiente legislación, consideró dichos bienes como parte integrante de la hacienda real.[18] La actuación del monarca Felipe V en Xàtiva en cuanto a los bienes confiscados en la ciudad, y el duro enfrentamiento entre sus delegados y un ayuntamiento que todavía no atisbaba el alcance de esa voluntad, acostumbrado a una concepción diferente de lo que constituían los bienes de la Corona, es decir, un mero usufructuario, debe enmarcarse dentro de este proceso de reordenación del Real Patrimonio, y de la voluntad patrimonialista de la nueva monarquía.
La destrucción física y material de que fue objeto la ciudad no impidió su posterior renacimiento. A pesar de la caótica situación de los primeros años, los factores arriba citados, sobre todo los incentivos y recompensas, se conjugaron para que, en la segunda mitad de la centuria, Xàtiva, ahora San Felipe, fuese de nuevo una ciudad importante dentro del conjunto de localidades valencianas, aunque no recuperara ya el esplendor de siglos pasados. Mucho tendrían que ver, como decimos, las expectativas generadas mediante las recompensas y que actuaron de reclamo. Las posibilidades de negocio, el movimiento de compra-venta de tierras y casas, la huída y desaparición de muchos propietarios, generaron unas perspectivas que no pasaron desapercibidas a los que llegaron, ni a la parte de habitantes que habían sido fieles al monarca. Veamos esa evolución socioeconómica a lo largo del Setecientos.
3. LA RECUPERACIÓN DE UNA CIUDAD DESTRUIDA
El análisis del contexto espacio-temporal en que nos situamos es fundamental para observar el desarrollo de la ciudad a lo largo del Setecientos, y para entender en qué circunstancias sociales y económicas la ciudad a lo largo de la centuria. Como en otros lugares, el Consell municipal de Xàtiva de finales del siglo XVII, estuvo en manos de la nobleza local, entre la que encontramos nombres que se fueron sucediendo en los distintos cargos de su gobierno, como los Menor, Fuster, Cebrián, Ortiz de Malferit, Blesa, Agulló, etc.
Hablamos de una ciudad que fue capital de un extenso territorio sobre el que ejerció su jurisdicción y percibió cuantiosas rentas por distintos conceptos. Así consta en los muchos pleitos que numerosas localidades emprendieron contra Xàtiva, precisamente por la percepción de la peita, contribuciones e impuestos. Incluso las villas segregadas en centurias anteriores, Benigànim, l’Olleria y Castelló de la Ribera, convertidas en villas reales, pero con la obligación de pagar una renta anual a Xàtiva, mostraron su animadversión hacia aquélla. Semejantes episodios ocurrían también en lugares de señoríos laicos o eclesiásticos. El profesor Pedro Ruiz Torres denomina este tipo de ciudades como «repúblicas urbanas», que, aunque muy mediatizadas por el intervencionismo regio, todavía conservaban cierta autonomía política y financiera.[19] Las dificultades pecuniarias de la monarquía exigían continuas demandas de numerario a las ciudades. Xàtiva facilitó al rey donativos para el tesoro en distintas ocasiones, como en 1633, que donó 3.000 libras; o aportando hombres para los muchos conflictos habidos durante el siglo XVII, cuya manutención era bastante onerosa, como las 7.000 libras que supuso el mantenimiento de una compañía setabense en las guerras de Cataluña, en 1648; o contra los franceses en la misma zona.[20] En cuanto a honores y privilegios reales, Xàtiva siempre estuvo presta a hacerlos valer y a reclamar aquéllos que consideraba como justos para la ciudad. Así, no dudó en reivindicar, en 1687, el mismo privilegio concedido a la ciudad de Alicante,«de menor importancia que Xàtiva», de señoría de justicia y de dosel en la sala, y privilegio militar para sus ciudadanos insaculados, al igual que en la ciudad de Valencia.
Nos parece interesante destacar este hecho, el de la larga competencia política que mantuvo Xàtiva con Valencia, manifestada con actuaciones como la perenne reinvidicación de un obispado que debería haberse segregado del de la capital, y que ésta jamás consintió; o el de la predisposición de la ciudad a satisfacer las demandas pecuniarias de la Corona, tanto en época foral como borbónica, traducido en la introducción de formas políticas como la insaculación, realizada por primera vez en el Reino de Valencia, precisamente en Xàtiva, en 1427;[21] así como la instauración de la figura del alférez mayor, en 1740, también por primera vez en dicho Reino de Valencia, en la misma ciudad.
De las consecuencias
