y actualizar varias veces en un solo día.
En estas coyunturas, la función de narrar la realidad que se atribuye al periodismo se ve sometida a una prueba de fuego. El valor en juego es la veracidad, pero también la independencia, sobre todo cuando el oficio de informar se pone bajo sospecha y muchos se preguntan si los periodistas servimos al ciudadano que busca información útil para tomar decisiones acertadas o a ciertas élites de poder (Rincón, 2006).
Las elecciones generales del 2016 se realizaron cuando los principales medios se hallaban inmersos en un proceso de fusión/concentración que, según observadores, podría significar la consumación de ciertas prácticas corporativistas en la entrega de la información. De otro lado, se esperaba que los grandes medios convencionales no fueran los únicos en establecer la agenda ni el ritmo del debate político, sino que compartieran esa función con el espacio virtual (mediático, partidario y ciudadano).
Por ello, fue un avance que seis medios (América Televisión y Canal N, El Comercio, La República, Latina y Panamericana Televisión) firmaran un pacto ético para proporcionar al ciudadano información suficiente para que tome sus propias decisiones políticas. Aunque la experiencia señala que en ocasiones los acuerdos se incumplen, habría sido ideal que, en esta iniciativa, impulsada por el Instituto de Prensa y Sociedad, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral en Perú (IDEA Internacional) y la Unión Europea, participasen todas las empresas de comunicación. Como anotan los académicos, los medios transfieren a sus destinatarios una lista de temas importantes y valoraciones que podrían contribuir a la creación de consensos (López-Escobar, McCombs y Rey, 1996) y también fijan la agenda en la opinión pública, lo cual podría implicar el desarrollo de una labor orientadora, sobre todo en sistemas políticos y noticiosos abiertos y libres (McCombs, 2006).
En este contexto, ¿cuáles serían las coincidencias y diferencias en los discursos de los medios más influyentes de Lima (convencionales y digitales) sobre las principales propuestas electorales? ¿Qué aportarían al debate, qué impacto tendrían en la formación de opiniones o corrientes de opinión y qué lecturas generarían entre sus eventuales destinatarios? Esta investigación trata de contestar estas interrogantes.
De las campañas electorales se ha dicho que son “la puesta en escena de la elección en la democracia”, pero también “el momento de la mentira” (Castells, 2010, pp. 299, 304). En un caso o en otro, como escribió Zygmunt Bauman (2001), en estas coyunturas se debe “elegir entre” las opciones disponibles (la agenda de opciones), con base en ciertas reglas “que le indican al individuo por qué debe preferir una opción por encima de otras” y cuándo “su elección ha sido acertada o desacertada” (p. 81) (código de elección). Tales limitaciones determinan la libertad de elección individual de cada persona.
En principio, se debe coincidir con Manuel Castells en que los electores toman como base, principalmente, la información que reciben procesada por los medios de comunicación (2010).
Más allá de la perspectiva discursiva, el papel de “representación” que ejercen los medios de comunicación en cada sociedad se ha comparado con el que cumplen los políticos, con la diferencia de que los periodistas no son electos por el voto popular. Sin embargo, las organizaciones de la comunicación pueden aportar a la democracia y a los consensos desde una perspectiva de largo plazo, mientras compiten con quienes se mueven en el “mundo del corto plazo y del conflicto subjetivo-partidario” (Annunziata, 2016, p. 81).
Conforme a esta visión, los medios pueden amplificar el quehacer de otras organizaciones de la sociedad civil respecto a la creación y la difusión de sus autoconvocatorias, hoy más que antes a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pueden “deslocalizar” los nuevos movimientos sociales y sobre todo cumplir tareas inherentes a los representantes: pueden ser autorizados y reconocidos por la sociedad, y contribuir a la accountability o rendición de cuentas (Annunziata, 2016).
En época electoral, la función mediadora es indiscutible —o debería serlo— si, como señala Pierre Rosanvallón, la vida en democracia es sinónimo de foro abierto en el que se discuten públicamente los grandes temas o las controversias cuando estas estallan, por lo general, de manera sorpresiva. En dichas circunstancias, el papel de la prensa se magnifica y revalora porque “existen múltiples arenas dispersas en las diferentes instituciones y en los diferentes lugares de la vida social, de las que los medios de comunicación se hacen eco; ellos mismos desempeñan así un papel específico de filtros o aceleradores” (Rosanvallón, 2009, p. 197).
En el proceso del 2016, la prensa local cumplió una activa labor que se tradujo en amplias coberturas desde diciembre del 2015 hasta junio del 2016, intensas sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, antes de la primera y la segunda vueltas electorales, del 10 de abril y del 5 de junio, respectivamente.
En esos seis meses, podría decirse que la presencia y la ausencia de los candidatos al sillón preferencial estuvieron asociadas a la exposición, positiva o negativa, que tuvieron en los medios de comunicación. Allí se puede identificar a los políticos que se mantuvieron constantes en las portadas y los titulares durante la campaña; a aquellos que cobraron notoriedad poco a poco, al ritmo que subían en las encuestas; a los que renunciaron antes de la primera vuelta y que reclamaron amargamente al retirarse no haber existido para la prensa. En este último caso, vale la pena reflexionar acerca de si todos fueron ignorados o escasamente consultados, si sus propuestas y su ubicación en las encuestas los hizo poco atractivos para los votantes y también para los medios.
Rosanvallón sostiene que, en épocas no electorales, los medios principalmente audiovisuales suman a la denominada política de la presencia del gobernante, a la visibilización de los políticos e incluso de los impopulares congresos. Ello tal vez explique la centralidad de la televisión, que sigue ostentando el primer lugar en las preferencias del público a la hora de informarse. Una explicación más profunda es que esta función de “mostrar” o “poder empático responde de esa manera a la crisis de la representación, al orientarse a devolverle legibilidad y visibilidad a una política moderna que se había escabullido a los sentidos” (Rosanvallón, 2009, p. 274).
En la campaña 2016 sucedió algo muy similar. Los medios dieron a conocer lo que dijeron o no dijeron, hicieron o no hicieron los candidatos, pero sobre todo buscaron “mostrarlos”, repitiéndose una práctica que, en realidad, se ha convertido en una norma en las elecciones peruanas.
Los políticos más mencionados no fueron los que llegaron a la recta final necesariamente. Pero junto a sus portavoces interiorizaron y sintonizaron con esta forma de mediación sin ruborizarse, como rindiendo culto a la ansiada “visibilización”. Parte de tener notoriedad implicó que las principales agrupaciones de la contienda —como el Partido Nacionalista Peruano; el Partido Aprista (APRA) y su socio en esta campaña, el Partido Popular Cristiano (PPC); Fuerza Popular (FP); Perú Posible y Acción Popular— no dudaran en ventilar públicamente todo, incluyendo las crisis internas que arrastran en la mayoría de los casos por décadas o que han surgido en el contexto de un país donde, según Julio Cotler, no ha existido históricamente un sistema de partidos. Lo que existe es una gran fragmentación de pequeños segmentos que se unen esporádicamente bajo determinados intereses. “Un sistema [de partidos] es cuando hay una colaboración de las diferentes partes, pero compiten”, es decir, fuerzas que dialogan sobre la base de una plataforma común, una articulación de intereses sociales, puntualiza Cotler (2016a).
Parafraseando a Bauman (2017), además de la exposición de las diferentes opciones políticas que acudieron a la contienda, los medios pusieron en evidencia otra crisis: la de las reglas y los códigos que deberían haber normado la elección. Los analistas y expertos coincidieron en que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), antes Ley de Partidos, no debió haberse aprobado en el Congreso de la República ni ser aplicada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo interpretaciones que, fuera del resultado de los comicios
