Francisco Franco. Heinz Duthel
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Los partidos nacionalistas se centraron en la defensa de su autonomía o en planteamientos secesionistas. Muchos militares sublevados y los falangistas defendieron, en palabras del propio Franco, la implantación de un Estado totalitario. Los monárquicos pretendían la vuelta de Alfonso XIII. Los carlistas la implantación de la dinastía carlista, etc. En ambos bandos hubo intereses encontrados.
Las democracias occidentales, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, decidieron mantenerse al margen, según unos en línea con su política de no-confrontación con Alemania, según otros porque parecían preferir la victoria de los sublevados. No obstante, el caso de Francia fue especial, ya que estaba gobernada, al igual que España, por un Frente Popular. Al principio intentó tímidamente ayudar a la República, a la que cobró unos 150 millones de dólares en ayuda militar (aviones, pilotos, etc.), pero tuvo que someterse a las directrices del Reino Unido y suspender esta ayuda.
En cualquier caso, esta alineación de los diferentes países no hacía más que reflejar las divisiones internas que también existían en la España de los años 1930 y que sólo pueden explicarse dentro de la evolución de la política y la sociedad española en las primeras décadas del siglo XX. Algunos ven en estas profundas diferencias político-culturales lo que Antonio Machado denominó las dos Españas.
El número de víctimas civiles aún se discute, pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a la represión en forma de ejecuciones sumarias y paseos. Esta se llevó a cabo en el bando sublevado de manera sistemática y por orden de sus superiores, mientras en el bando republicano se produjo de manera descontrolada en momentos en que el gobierno perdió el control de las masas armadas. Los abusos se centraron en todos aquellos sospechosos de simpatizar con el bando contrario. En el bando sublevado se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos (tanto de izquierdas como de derechas), mientras en el bando republicano esta represión se dirigió hacia simpatizantes de la reacción o sospechosos de serlo y sacerdotes de la Iglesia Católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica, pues se destruyeron unos 20 000 edificios —entre ellos varias catedrales— incluyendo su ornamentación (retablos e imágenes) y archivos.
Tras la guerra, la represión franquista se cebó con el bando perdedor, iniciándose una limpieza de la que fue llamada España Roja y de cualquier elemento relacionado con la República, lo que condujo a muchos al exilio, la muerte, al robo de bebés de padres republicanos que aún a día de hoy desconocen, en muchos casos, su identidad. Durante ese tiempo, hablar de democracia, república o marxismo era perseguible. La economía española tardaría décadas en recuperarse.
Trasfondo político
Al abandonar Alfonso XIII España, vista la falta de apoyo popular en las elecciones municipales de 1931, se proclama la República y se convocan elecciones que ganan las izquierdas republicanas y obreras (el PSOE se convierte en el partido con más diputados en las Cortes). Comienza el llamado Bienio Progresista, durante el cual el Gobierno de la República, formado por distintas formaciones republicanas de izquierda (Acción Republicana, radicales-socialistas...) y el Partido Socialista, trata de poner en marcha una serie de leyes de alto contenido social. El fracaso y la lentitud en la aplicación de las mismas llevan a un descontento popular, que culmina en una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933), reprimidos con dureza y que provocan un fuerte escándalo político, la caída del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas en 1933.
La CEDA, partido derechista, gana estas elecciones, pero el Presidente de la República no les permite formar gobierno, por lo que lo acaban formando los radicales de Lerroux con el imprescindible apoyo de la CEDA. Comienza el gobierno de centro derecha llamado por la izquierda Bienio Negro, ya que anuló muchos de los derechos sociales y reformas progresistas aprobadas durante el gobierno anterior, bienio progresista, oponiéndose especialmente a la reforma agraria. Gran parte del pueblo llano había esperado grandes cambios de la Segunda República. Pero la victoria de los conservadores truncó las esperanzas de muchos y reverdeció la agitación y las protestas al ver el rumbo de marcha atrás que tomaba su política.
Ante lo que consideran mal gobierno de Lerroux, la CEDA exige su participación en el gobierno. Se nombran tres ministros de la CEDA, pero este nombramiento (constitucional) no es aceptado ni por la izquierda ni por los nacionalistas. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) proclama desde Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española y UGT declara una huelga general revolucionaria, lo que provoca la Revolución de 1934 y la proclamación desde Oviedo de la República Socialista Española. La situación queda rápidamente dominada por el Gobierno, salvo en Asturias, único lugar en el que los anarquistas se unen a los partidos y sindicatos de izquierdas. El Gobierno reprime la sublevación de Asturias con dureza, trayendo de África a la Legión y, una vez finalizada, se produce una fuerte represión.
Los escándalos financieros y políticos hacen caer al Gobierno radical-cedista y se convocan nuevas elecciones, en las que, por primera vez en mucho tiempo, la izquierda une fuerzas formando el Frente Popular, y los anarquistas, tradicionalmente abstencionistas, a pesar de no formar parte de la coalición, le dan su apoyo.
Con unos resultados muy ajustados, gana las elecciones el Frente Popular. Poco tiempo después, basándose estrictamente en una norma sobre la disolución de las Cortes, es destituido el Presidente de la República, Alcalá-Zamora; por otra parte, se destina fuera de Madrid a los generales que se consideran desafectos a la República.
Durante la Segunda República, la polarización de la política española que se inició a finales del siglo XIX alcanza su cenit. Conviven una izquierda revolucionaria y una derecha fascista importantes, con una izquierda moderada y una derecha republicana; un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico, una sociedad secular muy anticlerical y un catolicismo ultraconservador.
Desde 1808, la sociedad española intentaba salir de una tradición absolutista que, a diferencia del resto de los países de Europa, lastraba aún al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, derivados del moderantismo decimonónico. Los conservadores, muchos militares, terratenientes y parte de la jerarquía católica ven peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España.
Una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También existía una tradición de más de un siglo (desde los tiempos del rey Fernando VII), según la cual los problemas no se arreglaban más que con los levantamientos.
Este conjunto de circunstancias hace que, durante la Segunda República, el clima social sea muy tenso, la inseguridad ciudadana muy alta y los atentados de carácter político o anticlerical una lacra para el país.
No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.
La revolución social
Como consecuencia de la inacción del Gobierno en los primeros momentos de la revuelta militar, en las áreas controladas