vs. localidad, universalidad del DIDH vs. margen nacional de apreciación) o presentar estudios de caso de desarrollos progresivos recientes en el contenido material de la rama del derecho internacional elegida, con una perspectiva hispano-iberoamericana. Como resultado de esta primera sección, se presentan doce estudios: Héctor Olasolo analiza las consecuencias para el ser humano medio de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal, Laura Alicia Camarillo Govea estudia el fenómeno del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y sus efectos en los derechos humanos y, continuando con fenómenos glocales, Daniel Jiménez Sánchez analiza la creación de la Guardia Nacional en México, tanto desde la óptica de la seguridad como los derechos humanos.
Esteban Coronel desarrolla un análisis sobre el fenómeno de la “cosa juzgada fraudulenta” desde el derecho internacional y Eulalia Pascual Lagunas aborda el uso del patriarcado como arma de guerra. En concordancia con estas nuevas propuestas de investigación, Favio Farinella estudia el derecho internacional aplicable a los ciberataques. Juan Fernando Gil Osorio aborda el fenómeno de la judicialización de las violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH por parte de los grupos armados organizados (GAO) en Colombia, y Nataly Macana Gutiérrez estudia la responsabilidad penal de los terceros civiles en el conflicto desde una aproximación constitucional.
En la misma sección, Sergio Cortés Beltrán analiza de forma comparada la protección del derecho animal desde lo privado y lo penal, y Silvia Patricia Juárez García aborda los crímenes de lesa humanidad juzgados bajo la aplicación de normativa interna y del derecho penal internacional en Guatemala.
Finalmente, Mario Iván Urueña Sánchez aborda el fenómeno de las compañías militares y de seguridad privada (CMSP) y Miriam Dermer la tensión comercio-cultura, ambos desde su relación o colisión con el derecho internacional público.
La segunda parte de la obra se dedica a los debates recientes seleccionados por algunos investigadores en materia de justicia transicional. La pregunta principal de investigación de esta sección es indagar sobre la adecuación de modelos de justicia transicional a escenarios locales y la relación entre la comunidad y los ejercicios de justicia transicional. En esta sección, más específica, los autores eligieron un enfoque de análisis descriptivo-analítico de escenarios de justicia transicional locales inspirados en paradigmas teóricos de ese tipo de justicia. En esta, Lizeth Judith Choconta Solano y Ruth Astrid Mora Cuervo abordan el ámbito comunitario de la justicia restaurativa y Julián Darío Bonilla Montenegro, el uso de los principios del derecho blando (soft law) para la adecuación de los modelos normativos de la justicia transicional.
La tercera parte de la obra aborda el cada vez más completo mundo de los desarrollos de materias de fondo y procedimiento ante tribunales internacionales. La premisa fundamental que sustenta las preguntas de investigación elegidas por los investigadores de esta sección es la relación indisoluble entre el procedimiento ante los tribunales internacionales, con sus desarrollos jurisprudenciales. Los investigadores de esta sección identifican desarrollos del derecho internacional en la jurisprudencia de distintos tribunales internacionales y su relación tanto con las reglas primarias propias de cada tribunal, con sus procedimientos y normas secundarias. Juan José Quintana presenta el proceso frente a la Corte Penal Internacional en cuanto a la activación de su competencia sobre el crimen de agresión y el debate en la conferencia de Estados Parte. Jordi Bonet estudia y sistematiza las cuestiones recientes en materia de la jurisdicción extraterritorial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mónica Alejandra Sales Juárez desarrolla los avances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los DESCA a la luz de la responsabilidad del Estado de Guatemala.
Soledad I. Castro desarrolla el debate sobre la igualdad de armas en las jurisdicciones penales internacionales, Sofía Josefina Danessa analiza al Tribunal Especial Para el Líbano frente al terrorismo y, finalmente, Ricardo Abello-Galvis y Walter Arévalo-Ramírez estudian el desarrollo jurisprudencial de la responsabilidad internacional del Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de los criterios de atribución de conductas al Estado, el hecho ilícito en el tiempo y las formas de reparación integral.
Los autores desean que tan variada selección de temas y aproximaciones contribuyan a la fijación de una doctrina iberoamericana en los debates de derecho internacional público en los escenarios del DIDH, el derecho internacional penal y la justicia transicional, desde los tribunales internacionales y su jurisprudencia.
Notas
* Profesor principal de carrera académica de la Universidad del Rosario. Miembro del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje – CPA (2014-2025), agente de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva n.º 23), director / editor del ACDI – Anuario Colombiano de Derecho Internacional, codirector de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH, director de la Especialización en Derecho del Mar. Miembro del Consejo Académico de la Academia Augusto Ramírez Ocampo en representación del Sr. ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Miembro de sladi – Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Miembro de la SFDI – Sociedad Francesa de Derecho Internacional, Miembro de ASIL – American Society of International Law. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y expresidente del Colegio de Abogados Rosaristas.
** Profesor principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Miembro del Consejo Académico de la Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración (UBA-Argentina). Miembro del Consejo Académico de la Revista de Direito International e Direitos Humanos UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Miembro del consejo directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Profesor del Curso de Formación Diplomática de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional.
Héctor Olasolo** Antonio Varón Mejía***
El II Congreso de Derecho Internacional (“el II Congreso”) celebrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) los días 25 y 26 de abril de 2019, se dedicó a los 20 años de la Corte Penal Internacional (CPI), contando con la presencia de las magistradas de la CPI Olga Herrera Carbuccia (2010-2019) y Sylvia H. Steiner (2003-2016) y con el apoyo institucional del Colegio de Abogados Rosaristas, el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip), la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional (Relaredi), la Red de Investigación Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia y el Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH).
En la mesa inaugural del II Congreso, las magistradas de la CPI y el profesor Héctor Olasolo abordaron, con la moderación del Prof. Ricardo Abello-Galvis, el joven legado de la CPI en el vigésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional al término de la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Roma (Italia) entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998. Por esta razón, el equipo de editores de las Memorias del II Congreso hemos considerado oportuno incluir unas palabras sobre esta cuestión a título de editorial académica, que tengo el gusto de presentarles a continuación.
Los graves acontecimientos producidos desde enero de 1991 en el territorio de la antigua Yugoslavia y desde abril de 1994 en Ruanda, y la creación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (‘Consejo de Seguridad’) de las dos comisiones de expertos y de los Tribunales Internacionales Penales para la ex-Yugoslavia y Ruanda, resultaron
