cocinetas en sus celdas y preparan su comida con los alimentos que sus familias les suministran los días de visita. Con significativas diferencias, esto mismo sucede en la Torre de Alta Seguridad, en donde la elite de personas presas cuenta con servicio doméstico y cocineros privados que a diario preparan la comida, se encargan de la limpieza de las celdas y realizan las actividades propias de lo doméstico.
El tercer mecanismo de alimentación es el público, es decir, la comida suministrada por la institución penitenciaria. Las personas presas que no pueden sufragar los costos del régimen alimentario comercial, deben formar una larga fila en uno de los principales corredores de la prisión. Los cocineros de la prisión lentamente empujan los enormes barriles que a su paso dejan una estela que inunda el lugar con el aroma de la comida preparada para centenares de personas. Siguiendo las instrucciones de los prisioneros vinculados con el Cacique, reciben la comida en cajas de cartón, en macetas, algunos privilegiados en platos y otros menos afortunados en sus propias manos, para luego ser encerrados en un patio aledaño evitando así que coman dos veces. Cuando el último prisionero ha recibido su precaria porción, aquellos que habían sido excluidos de la fila como represalia, son autorizados para tomar las sobras. Rápidamente, empujando y corriendo, se abalanzan sobre los barriles para conseguir el último trozo de carne.
— VI —
Conclusiones
Como se ha discutido en las páginas anteriores, las características y funciones de los campos del control del crimen en América Latina y Colombia, y especialmente del abuso de la prisión como mecanismo (re)productor de exclusión y desigualdad, no son simplemente el resultado de decisiones políticas que gobiernos elitistas y autoritarios han adoptado para gobernar a una población rebelde. También son consecuencia de procesos sociales complejos que se relacionan de manera estrecha con transformaciones económicas, políticas y sociales que se manifiestan globalmente.
El proyecto moderno de la incorporación de la población a una ciudadanía plena no se ha hecho realidad (Young 1999: 4). Como lo dijo T. H. Marshall, varias décadas atrás, la ciudadanía plena no se trata simplemente de derechos civiles y políticos, sino también de derechos sociales: un nivel básico de empleo, ingreso, educación, salud y vivienda (1992). Las elites económicas y políticas, al haber asegurado sus derechos sociales, están más preocupadas por aquellos derechos individuales (como la propiedad privada y la libertad de empresa) que pueden proteger e incrementar su bienestar, influencia política y estatus social. Mientras tanto, los derechos sociales y económicos de buena parte de la población, excluida por las fuerzas del mercado y criminalizada por el sistema penal, no ocupan un lugar prioritario en la agenda política.
El verdadero desafío para las sociedades y los gobiernos democráticos latinoamericanos consiste, de una parte, en dar marcha atrás a esta tendencia y garantizar la ciudadanía plena a toda la población. De otra, en crear y aplicar una política criminal que, en lugar de castigar y excluir a los sectores más vulnerables de la sociedad, esté dirigida a garantizar su seguridad física y social, y no solo la seguridad de los sectores más privilegiados, ansiosos por ser protegidos de las “clases peligrosas”.
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