la garantía y protección de los derechos de las mujeres víctimas. En el segundo capítulo, se estudia la Política Pública que desarrolló Colombia ante la exigibilidad internacional de los derechos humanos y los desafíos que esta implica para el Estado. En particular, la Política Pública de Defensa Integral de la Nación analizando las deficiencias que esta presenta al no responder con estrategias que permitan proponer mecanismos de resolución de conflictos previos a llegar a los organismos internacionales. Por último, cierra este eje un capítulo sobre derecho constitucional que analiza el “bloque de constitucionalidad” y la problemática asociada al hecho de que los operadores jurídicos suelen no dimensionar su contenido concreto ni su alcance material para las garantías de los derechos humanos.
Finalmente, es pertinente agradecer el apoyo de la decanatura y la dirección del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas Francisco de Vitoria, que han facilitado y alentado el desarrollo de esta producción.
Cecilia Barraza Morelle
Editora académica
1 Las nuevas tendencias en materia de protección de los derechos humanos incluyen el desarrollo de una serie de medidas que se materializan a través de las políticas públicas, informes sobre derechos humanos, seguimiento a compromisos adquiridos por el Estado en instancias internacionales en las cuales no se hace necesaria una acción judicial.
Primera parte
Garantía de derechos en el Acuerdo de Paz y en el posconflicto en Colombia
El género, una de las posverdades del Acuerdo de Paz 1
Cecilia Barraza Morelle
El lenguaje político está diseñado para que las mentiras
parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y
para dar al viento apariencia de solidez.
—George Orwell
Introducción
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc-ep fue el primero de su tipo a nivel mundial en incorporar el enfoque de género de manera transversal en el contenido del Acuerdo. No obstante, pese a este importante avance valorado a nivel nacional e internacional en materia de reconocimiento de la afectación diferenciada y desproporcionada que el conflicto armado tiene en sus víctimas, fue utilizado durante la campaña que terminó con el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016 en Colombia, como bandera en contra del Acuerdo e instrumentalizado para generar noticias falsas en el marco de lo que se ha conceptualizado como posverdad.
El problema de investigación abordado surge de la preocupación sobre los posibles riesgos para la exigibilidad de los derechos humanos; y, en particular, para su cumplimiento y protección por parte del Estado, que puede ocasionar la utilización intencional, descontextualizada y politizada de conceptos e ideas que generan respuesta social polarizada y que atentan contra un marco de derechos ya reconocido por el Estado en instrumentos nacionales e internacionales que ha suscrito. Los debates que suscitó el uso de la categoría género en el Acuerdo de Paz pusieron en riesgo los avances alcanzados en temas de igualdad de género tanto para mujeres como población lgtbi2, no solo en el marco del Acuerdo, sino también en otros campos de las políticas públicas nacionales y contribuyeron o hicieron evidente la polarización de la sociedad colombiana.
El objetivo de este estudio fue analizar de qué forma un sector político utilizó el concepto género —tanto en su significado como en su representación— para movilizar a una parte de la sociedad colombiana en contra del Acuerdo de Paz a través de la generación de noticias falsas que apelaban a una serie de “modos de actuar, de pensar y de sentir”3 anclados en la cultura, generando riesgos para la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de la población lgbti.
La metodología utilizada fue de carácter cualitativo mediante un estudio de caso —el uso del género en torno al Acuerdo de Paz—. Para ello, se construyó un marco conceptual con los aportes de la sociología y los derechos humanos, se revisaron los hechos a partir de fuentes secundarias principalmente de prensa y se realizó un análisis de lo que finalmente se incorporó en los Acuerdos de Paz en materia de género para determinar si en dichos acuerdos se garantizó un enfoque diferencial de los derechos humanos. Finalmente, se plantearon unas conclusiones sobre los riesgos que enfrentan los derechos humanos para su exigibilidad y justiciabilidad en sociedades altamente polarizadas.
El hecho social y su eco
La masculinidad hegemónica puede definirse como la posición social dominante de un tipo de masculinidad que ejerce poder y mantiene formas de coacción y coerción social en la cual las mujeres y otras formas de masculinidades ocupan una posición subordinada y en la que impera un deber ser de sociedad sustentada en un supuesto orden natural, construido a partir de posturas tradicionales con fuerte arraigo religioso y sustentada en la familia heterosexual, en el rechazo a la diversidad sexual y a los derechos reproductivos y, en general a cualquier transformación social que ponga en riesgo lo que considera un orden preestablecido.
No se pretende afirmar que la masculinidad hegemónica sea estática e inmodificable o se exprese solo a través de un único tipo de comportamiento social, ya que, como cualquier otra forma de organización social, se ha transformado y acomodado a los cambios que al interior del sistema social se han generado en distintos contextos históricos y conviviendo con otras formas de masculinidades (Ramírez y García Toro, 2002, p. 5).
Rómoli (2014), siguiendo los planteamientos de Durkheim, señala que la masculinidad hegemónica es un hecho social4, toda vez que está definida por un conjunto de:
construcciones sociales, nunca naturales, que preceden al individuo e impuestas y naturalizadas para los miembros de una sociedad concreta. En sintonía con los estudios de masculinidad, el autor [refiriéndose a Durkheim] devela los hechos sociales como dotados de un poder de coacción ejercido de manera difusa por toda la sociedad bajo la forma de las costumbres. En otras palabras, las voluntades son orientadas a adecuarse a ello y quienes se opongan o no acepten, sentirán la imposición de una obligación social. En el mismo sentido, la masculinidad es pensada como los hechos sociales, como difíciles, pero no imposibles de modificar, y en cierta manera de visibilizar. (Rómoli, 2014, p. 10)
Recogiendo el planteamiento de Rómoli (2014), podría señalarse que esta masculinidad hegemónica, hecho social constitutivo del patriarcado, genera una serie de dispositivos de coacción y coerción social cuando se siente en peligro. Uno de los peligros actuales para la vigencia de la masculinidad hegemónica se materializa en el concepto de género como categoría de análisis social que cuestiona el orden supuestamente natural del ordenamiento social e introduce a la cultura como constructor y reconstructor de ese orden social.
La masculinidad hegemónica supone una serie de arreglos de género que la sociedad en su conjunto normaliza. De esta forma, otras expresiones de masculinidades y feminidades que no responden a lo socialmente esperado generan, por un lado, confrontación social y cuestionamientos y, por otro, transformación social. No obstante, esa transformación social no basta con expresarse en un reconocimiento de un derecho para que sea aceptada como parte del orden social, ya que en sí misma constituye un peligro para la vigencia de un sistema social jerarquizado. Rómoli (2014), basándose en los estudios de Connel, Bonino y Bourdieu, plantea que la masculinidad hegemónica se sustenta en tres elementos: la heterosexualidad, la misoginia y la homofobia. Estos elementos generan “una práctica social,
