realizaron una investigación en profundidad y expulsaron a casi 300 militares por su ideología ultraderechista. Claro, que en Alemania la apología del fascismo es un delito y en España la Fundación Nacional Francisco Franco está sustentada con fondos públicos. Es por ello que aquí con un episodio similar, cuando varios militares fueron detenidos por traficar con armas y formar parte de un grupo de extrema derecha, no pasó nada. Ni repercusión mediática. Y es por ello que cuando más de mil altos mandos militares firmaron un manifiesto antidemocrático, franquista, fascista y contrario a la decisión del propio Gobierno tampoco pasó en esencia nada. Ni una sola reforma ni medida se ha aplicado desde entonces. Ni una.
La victoria «militar» de Vox en Andalucía y el fichaje de seis altos mandos militares
Si la situación para diciembre de 2018 era ya más que evidente –especialmente después de la publicación de El libro negro del Ejército español en 2017– después de la firma del mencionado manifiesto, la victoria electoral de Vox en Andalucía –con una exmilitar y un ex guardia civil entre los 12 ultras que consiguieron asiento parlamentario– y el posterior fichaje de hasta seis altos mandos militares deberían haber hecho saltar todas las alarmas.
Luz Belinda Rodríguez de treinta y ocho años, exmilitar –Ejército del Aire– y casada con un miembro de las FCSE y Benito Morillo, guardia civil jubilado, se incorporaron al Parlamento andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018. Tras este episodio llegó el fichaje del general Fulgencio Coll, antiguo JEME –jefe de Estado Mayor del Ejército–, máximo cargo que se puede obtener en el Ejército de Tierra, como candidato a la alcaldía de Mallorca. Además, desembarcaron otros seis militares más para las elecciones generales del 28 de abril[1]: cuatro generales –Alberto Asarta, Manuel Mestre, Agustín Rossety y Antonio Budiño–, un coronel –José Antonio Herráiz[2]– y un capitán –Carlos Hugo Fernández-Roca[3]–.
Aunque se tratase de poco menos de una decena de personas, lo cierto es que ninguna otra formación política ha contado con tal representación militar ni un nivel tan alto en las pasadas elecciones de abril de 2018. Ni siquiera el resto de formaciones políticas juntas podían siquiera acercarse.
Este desembarco militar en la política, este Ejército de Vox, debería haber sido considerado alarmante por los grandes medios de comunicación y, por lo general, no sólo no fue así, sino que hubo desde diferentes medios encendidas defensas a esta cuanto menos curiosa participación política del Ejército y, más concretamente, de su cúpula militar. Rafael Moyano con su «Militares en política» en El Mundo[4] y el propio medio en una editorial –La excepción es España: el militar, uno más en la política mundial–[5] defendieron con tesón la normalización de los militares en cuanto a su participación política. Algo que, sorprendentemente, no hicieron cuando en el año 2015 los que decidieron participar en política fueron la comandante Zaida Cantera y el general y ex-JEMAD Julio Rodríguez, aunque en ese momento ya estaba El País para hacerlo[6]. Van por turnos e intereses, algo así como la alternancia política.
Porque el problema, más allá de las tesis que defienden los dos grandes diarios de este país –El País y El Mundo–, aunque sólo en el momento en el que lo necesitaban las facciones o bloques políticos a los que sirven con fidelidad, no es la participación de los militares en política, lo cual está relativamente normalizado en la mayor parte de los países con estructuras medianamente democráticas, sino la falta de pluralidad política. No se trata de que nueve militares, de ellos seis altos mandos, hayan fichado por Vox, por la ultraderecha, en un lapso temporal de escasos meses, se trata de que tal acumulación de militares en un partido político con tal peso parlamentario y mediático como el que acapara Vox en la actualidad y en los últimos años supone un hecho insólito en la historia de España en las últimas cuatro décadas. Lo que convierte a la situación en alarmante no es que cinco generales, un coronel y un capitán –junto con una exmilitar y un ex guardia civil– engrosen las listas de Vox, sino que solo lo hagan en Vox.
Porque si la cúpula militar fuera plural, lo cierto es que, siendo la participación en Vox de nueve militares, habría debido ser –atendiendo a la historia y representación parlamentaria– de 13 o 14 en UP, de 15 o 16 en Cs, de más de 20 en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Y, además, en estos dos últimos partidos debería haber existido una tradicional participación política de militares, algo que no ha sido así ni siquiera en el partido hegemónico de la derecha española, en el que la participación de militares ha sido residual e infrecuente.
Esa falta de pluralidad política junto con el posicionamiento claramente extremista de la relatada participación política de los altos mandos militares, junto con el Manifiesto de los Mil y junto con los antecedentes históricos que más adelante desmenuzaremos deberían haber provocado que la sociedad española –y sobre todo, los periodistas y políticos– pusieran el foco en este importante, peliagudo y peligroso problema. No fue así y ello es muy revelador y significativo del nivel real del régimen autoritario de apariencia democrática que gobierna España y de los grandes medios y periodistas que lo sirven con gran pleitesía.
El voto militar en las elecciones de abril de 2019
Si los antecedentes hasta ahora relatados ya eran por sí mismos lo suficientemente consistentes como para que la sociedad española estuviera profundamente preocupada por la existencia de un Ejército ultraderechista, los resultados electorales de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en las que la participación de Vox permitió por primera vez relacionar el voto militar con el voto de la ultraderecha, con el voto de Vox, debieron de nuevo haber encendido todas las alarmas de la ciudadanía y de las distintas elites sociales. De nuevo, no fue así. Ni políticos ni académicos ni activistas ni periodistas alzaron la voz más allá de unas pocas y aisladas publicaciones que pronto fueron sepultadas por asuntos que la mayoría consideraba de mayor trascendencia.
El histórico fraccionamiento de la derecha durante las mencionadas elecciones en tres grupos diferenciados: conservadores –Partido Popular–, liberales –Ciudadanos– y ultraderechistas –Vox–, fue lo que permitió que el voto militar, tradicionalmente englobado en el Partido Popular, y por tanto diluido en las familias que engloban la derecha y la extrema derecha española, pudiera ser claramente asociado al espacio político de la derecha. Los militares votan a la derecha, sí, pero votan mayoritariamente a la extrema derecha. Y ello ha sido determinante, junto con el voto de otros muchos colectivos, incluidos seguramente guardias civiles y FCSE, para que irrumpieran los ultraderechistas liderados por Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, los cuales obtuvieron hasta 24 diputados y más de 2,6 millones de votos en las elecciones del 28 de abril de 2019 y 52 diputados y más de 3,6 millones de votos en las del 10 de noviembre.
Es cierto que no se trató de un episodio inédito en la historia de la España posfranquista, pero jamás la ultraderecha había tenido una representación tan elevada en el Congreso de los Diputados. No, al menos, como partido independiente, porque es indiscutible que la ultraderecha siempre ha tenido representación parlamentaria en el sector más ultra del Partido Popular, igual que los liberales siempre estuvieron englobados en el mencionado partido. Resulta bastante incongruente admitir que los liberales estuvieron representados en el Congreso de los Diputados en el PP hasta que apareció Ciudadanos, incluso a día de hoy el PP sigue acaparando votos liberales, pero los ultraderechistas aparecieron espontáneamente de un día para otro.
De hecho, un somero análisis de los resultados electorales demostrará sin ningún lugar a la duda que la mayoría de los votantes de Vox depositaron en las elecciones anteriores
