como para el público en general, para entender las realidades y los retos de este fenómeno.
Alexandra Castro Franco
Directora del Observatorio de Migraciones Internacionales
Departamento de Derecho Constitucional
Universidad Externado de Colombia
La dinámica reciente entre Colombia y Venezuela es un capítulo más de la historia entre dos naciones que han estado profundamente unidas desde tiempos remotos. Libertadas por un venezolano que muere en suelo colombiano, parte de la misma Gran Colombia, compartiendo el desierto de la Guajira, la Orinoquia e incluso parte del Amazonas, las dos naciones han trazado su historia alrededor del comercio, flujos migratorios y cambios políticos y económicos que han ido entretejiendo las relaciones de vecindad.
Históricamente ha sido Venezuela la que ha servido de puerto de atracción para los colombianos que, atraídos por la bonanza petrolera en los años setenta, fueron a probar suerte al vecino país y también de los que huyendo de la violencia debieron cruzar la frontera y recomenzar su vida del otro lado hasta convertir al país en el segundo destino migratorio de los colombianos (OIM, 2012)1.
En 1998 sube al poder Hugo Chávez, y con su llegada marca el comienzo de un giro político y económico para Venezuela que al momento actual la tiene inmersa en una espiral de corrupción, déficit económico, ausencia de instituciones democráticas y escasez que no parece tener cuándo acabar. Como nunca antes en su historia, Venezuela, tierra de destino de migrantes regionales y extracontinentales, se convierte en país de origen migratorio y, en la actualidad, en un expulsor masivo de sus nacionales.
La realidad actual ha sido calificada como la “migración más grande en la historia de Colombia” (El Tiempo, 2018), quizá soslayando el hecho de que, si estamos hablando de migraciones en general, la mayor migración que hemos tenido es la de salida de nuestros nacionales2. No obstante, la llegada masiva de gran cantidad de venezolanos en un corto periodo ha llevado a que organismos internacionales califiquen la actual situación migratoria como una verdadera catástrofe humanitaria que representa grandes desafíos para los Estados de tránsito y destino. En 2013 no había más de 130.000 extranjeros en Colombia (OIM, 2012), y hoy esta cifra se multiplica por siete por cuenta de la inmigración venezolana.
Ahora bien, las migraciones en su conjunto y la actual manifestación de ellas que estamos viviendo, además de mostrar grandes desafíos, representan enormes oportunidades. Nos permiten enriquecernos culturalmente, dinamizar nuestra economía y demostrar nuestra solidaridad. En Colombia, el gran reto recae en todas las instituciones; en la política migratoria, de carácter precario, con amplias potestades para las autoridades administrativas y pocas garantías para los migrantes en materia de respeto al debido proceso; en las instituciones clásicas de la sociedad, como las autoridades del registro civil, con el fin de adaptarse a las realidades cambiantes y las necesidades actuales; en los servicios básicos del Estado, de por sí saturados, pero que deben enfrentar nuevas realidades apremiantes; y en la sociedad en general, que debe evitar ceder ante la tentación de caer en estereotipos, encasillar a los venezolanos y no contribuir a su correcta integración dentro de nuestra sociedad.
En efecto, un asunto que veremos aparecer de manera transversal en los escritos, de manera expresa o tácita, es la discriminación a los ciudadanos venezolanos: “venecos”, “perezosos”, “acostumbrados a las ayudas sociales” y “enfermos” son solo algunas de las apelaciones contra los nacionales del vecino país. En un país como Colombia, el segundo más inequitativo de la región y con un índice de Gini de 0,53[3], algunas voces se han despertado para denunciar que la solidaridad debería darse primero a los nacionales y no a los extranjeros.
Todos estos desafíos se hacen especialmente apremiantes de cara a un flujo migratorio sin precedentes en la región, la salida masiva de venezolanos en un corto lapso. Las autoridades de todos los niveles han dicho que la institucionalidad colombiana no estaba preparada para afrontar este fenómeno, que no vimos venir. En realidad, los venezolanos no empezaron a llegar a nuestro territorio de la noche a la mañana: la situación del vecino país no se degradó de manera inesperada, y las trochas que hoy se usan para entrar a nuestros territorio no fueron abiertas recientemente. Sin embargo, como lo podremos señalar en esta investigación, los desafíos que implica la correcta gobernanza del fenómeno que tenemos al frente son grandes y exigen medidas de corto, medio y largo plazos.
I. ALGUNAS CIFRAS DE BASE
Obtener y reportar cifras absolutas en materia migratoria resulta una tarea imposible, teniendo en cuenta que las fronteras son espacios vivos y que cualquier labor de registro migratoria, por juiciosa que sea, no resulta exhaustiva. Con esto en mente, Migración Colombia reporta la presencia de 953.593 venezolanos en Colombia a 30 de agosto de 2018[4].
Nuestro país es el principal destino para los venezolanos. El Registro Administrativo Migratorio adelantado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018 arrojó cifras oficiales sobre la tendencia migratoria según las cuales a la fecha de corte se había reportado 381.735 venezolanos en situación de irregularidad: 45.896 superaron el tiempo de permanencia o ingresaron sin autorización y 442.462 estaban en proceso de regularización (Migración Colombia, 2018).
De las 442.462 personas registradas (equivalentes a 235.535 familias), se estableció que el 50,2 % eran hombres y el 49,8 % mujeres (y el 0,075 % transgénero), el 26 % menores y el 74 % adultos5.
Como ha podido evidenciarse, con este y otros procesos de caracterización de población venezolana en Colombia, a pesar de que las razones para migrar pueden variar entre un caso y otro, se presenta una tendencia a hacerlo motivados por razones de inseguridad, carencias alimentarias (93.420 de los entrevistados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos ‘RAMV’ reporta haberse quedado en su hogar sin alimentos en los últimos tres meses) o falta de acceso a servicios de salud, entre otras (16.812 personas reportaron sufrir enfermedades crónicas). La caracterización adelantada por el Servicio Jesuita para los Refugiados et al. señala que al preguntarles a las personas sobre las razones para salir del país, reportan “vulneraciones a su derecho a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, a vivir una vida digna y tener sosiego. Se debate entre la vida, el hambre, la enfermedad y la salud mental”. (Servicio Jesuita de Refugiados, 2018). Este mismo reporte afirma que el 83,6 % de los encuestados ha emigrado buscando ambientes más seguros.
En efecto, la situación en Venezuela resulta alarmante: la inflación, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, subirá al 1.000.000 %, situándolo como el país con mayor inflación del mundo (FMI, 2018). El vecino país se sitúa entre los veintiún países más peligrosos del mundo6, y Caracas ha sido reportada como la segunda ciudad del continente más violenta (detrás de los Cabos, en México, con una tasa de 111,19 homicidios por cada mil habitantes)7. En materia de pobreza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (UCAB, 2017), la pobreza en Venezuela pasó de un 48,4 % en 2014 a un 87 % en 2017, con un 61,2 % de pobreza extrema. Las condiciones en materia de desnutrición
