Las zonas oscuras de la democracia. Jorge Eduardo Simonetti

      Debido a que los dos principales candidatos –Alfonsín y Luder- se negaron a pactar con los militares, éstos se dieron a la tarea de dictar legislación que les garantizara impunidad futura.

      El 28 de abril de 1983, la Junta Militar integrada por el teniente general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Franco y el brigadier general Augusto Hughes, dieron a conocer el llamado Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, atribuyendo la responsabilidad política e institucional de lo actuado a las órdenes emanadas de la Presidenta María Estela Martínez de Perón. Así decía:

       “Todas las operaciones contra la subversión y el terrorismo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, bajo control operacional, en cumplimiento de lo dispuesto por los decretos 261/75, 2770/75, 2771/75 y 2772/75, fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar a partir del momento de su constitución.”