conflictiva del proceso de cambio socio-ambiental y saca a la luz los conflictos inevitables (o sus desplazamientos) que impregnan el cambio socio-ambiental. Por consiguiente, es necesario prestar especial atención a las relaciones sociales de poder (sean materiales, económicas, políticas o culturales) a través de las cuales se producen las transformaciones hidro-sociales. Ello implica también el análisis de los discursos y los argumentos que se utilizan para defender o legitimar determinadas estrategias. Son esas geometrías de poder y los actores sociales que las llevan a cabo los que, en última instancia, deciden quiénes tendrán el acceso o el control de los recursos o de otros componentes del ambiente y quiénes serán excluidos de ese acceso o control. En suma, es de vital importancia examinar cómo las transformaciones hidro-sociales están incrustadas en, e impregnadas por, las luchas de clase, de género, étnicas y otras luchas de poder. Sin duda, estas disputas se van a intensificar en un futuro cercano a medida que se acelere el cambio ambiental y ese hecho requiere con urgencia la atención de los investigadores.
¿Escasez de agua o excedentes de agua?
Una de las áreas clave donde se desarrolla la lucha social ambiental es la del acceso, del control y de la distribución de partes del ciclo hidro-social. En los últimos años se han utilizado poderosos argumentos que, por un lado, consideran el agua como un recurso esencialmente escaso en algunos lugares y que, por otro lado, señalan los peligros reales o latentes debido a la sobreabundancia de agua en zonas propensas a inundaciones, huracanes, etcétera (Bakker, 2000; Kaika, 2003). Esa área necesita una atención inmediata y urgente, sobre todo teniendo en cuenta los impactos del cambio climático. Se pueden observar formas de escasez relativa en relación con las condiciones socio-físicas en ciertos contextos histórico-geográficos; y asimismo, la fuerza del agua puede causar desastres socio-climatológicos (por ejemplo, en Nueva Orleans en 2005 o en el Reino Unido, en 2007).
También cabe destacar que las consecuencias socio-ambientales positivas y negativas de esas condiciones están distribuidas de manera muy desigual, desde el punto de vista social, y son generadas por la particular organización política e institucional del ciclo hidro-social. Mientras que los argumentos neoliberales hegemónicos sostienen que el mercado ofrece el mecanismo óptimo para la asignación de recursos hídricos presumiblemente escasos y la bibliografía sobre los riesgos vinculados con el agua señala la distribución inequitativa de los efectos sociales generados por las crisis de agua, la perspectiva político-ecológica subraya y describe lo que esas configuraciones hidro-sociales inequitativas tienen de producción esencialmente social (Swyngedouw, 2006b, 2007). Por lo tanto, es imperioso teorizar y comprobar empíricamente los procesos mediante los cuales se producen determinadas configuraciones socio-hidrológicas que generan condiciones socio-hidrológicas inequitativas. Dicho de manera más sencilla, las intervenciones en la organización del ciclo hidrológico son siempre de índole política y, por ende, refutables. Ese carácter intrínsecamente social del control y la organización de los recursos hídricos debe ser identificado y esclarecido.
¿De quién es el agua?
De lo dicho anteriormente se desprende la necesidad de abordar la cuestión acerca de quién tiene derecho a qué calidad y cantidad de agua, y quién debería controlar, gestionar o decidir la forma de organizar el ciclo hidro-social. Los movimientos sociales invocan los principios del derecho universal al agua, basados en la necesidad biológica de tener acceso a volúmenes mínimos de agua de calidad suficiente a fin de asegurar el metabolismo físico y la reproducción social. Sin embargo, esos reclamos son sistemáticamente socavados por otros reclamos igualmente poderosos, basados en los derechos de propiedad y el uso exclusivo que éstos implican. El acceso inequitativo o el control del agua son invariablemente el resultado de las condiciones geográficas, las decisiones técnicas y las disposiciones político-legales, y la inequidad en el acceso al agua debe entenderse cada vez más como el resultado de la interacción entre esos tres factores. Durante demasiado tiempo, las investigaciones sobre los recursos hídricos se centraron o bien en el aspecto físico o bien en el aspecto gerencial de la problemática del agua, a menudo eludiendo la controvertida cuestión acerca de cómo las relaciones de poder político-económico fusionan lo físico y lo gerencial de maneras invariable y particularmente inequitativas desde el punto de vista social.
Como señaló Aristóteles hace bastante tiempo, cuando se encuentran dos derechos iguales, el poder decide. En efecto, bajo la hegemonía actual neoliberal, los derechos al agua se articulan cada vez más a través de la dinámica de mercantilización del agua, de la apropiación privada de recursos hídricos, de tácticas de despojamiento y otros mecanismos similares (Bakker, 2003). Considérese, por ejemplo, cómo en China o en los antiguos Estados soviéticos las instalaciones y la infraestructura de los servicios de agua han sido transferidas –por lo general sin compensaciones– al capital y a los actores privados; o cómo los fondos de inversión financiera (como los que en 2008 produjeron la mayor crisis social en un siglo) han invertido en servicios de abastecimiento de agua sólo en virtud de su valor financiero. Así, por ejemplo, el fondo de inversión australiano Macquarie compró en 2006 Thames Water, el sistema de provisión de agua de Londres. En otras palabras, el proceso de circulación hidro-social se articula cada vez más a través del nexo financiero (Swyngedouw, 2009).
Es absolutamente necesario analizar cómo los derechos públicos al agua se transforman social, política y económicamente en derechos de propiedad exclusivos, cuyo acceso es manejado a través de mecanismos del mercado. En tales circunstancias, se produce una significativa tensión urbano-rural, evidente por ejemplo en ciudades como Las Vegas (Smith, 2008). La acumulación mediante el despojamiento y la inclusión sistemática de partes del ciclo hidro-social en tácticas de acumulación de los actores privados está reconfigurando rápidamente los mecanismos y procedimientos que regulan y organizan el acceso al agua o la exclusión de dicho acceso y, en consecuencia, está alterando los mecanismos sociales que configuran las prerrogativas y los derechos relacionados con el agua (Harvey, 2003). Cada vez se afianza más la idea de que el acceso al agua está organizado a través de los mecanismos de mercado y del poder del dinero, independientemente de las necesidades sociales, humanas o ecológicas.
La comprensión de este hecho resulta vital a la luz del fracaso de la comunidad internacional en avanzar de manera decidida hacia el cumplimiento del Objetivo del Milenio de reducir a la mitad, para el año 2015, el número de personas en el mundo que no tienen un acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento. Era posible predecir con certeza que esos objetivos no se lograrían, en gran parte debido a la hegemonía del modelo neoliberal que rechaza los subsidios públicos, pese a que los sistemas privatizados de provisión de agua han fracasado sistemáticamente en aliviar de manera significativa la crisis hídrica del Sur Global en lugares como Manila, Jakarta o Lagos (Swyngedouw, 2009). El acceso inadecuado a los servicios de agua, sobre todo en las megaciudades del mundo menos rico, es la principal causa de mortalidad prematura y su costo humano y ambiental supera ampliamente los pronósticos sobre las consecuencias negativas que tendrá el cambio climático en la humanidad. Por supuesto, quienes mueren debido a la falta de un saneamiento adecuado son siempre los pobres y los que no tienen poder alguno (Gleick, 2004; Gleick y Cooley, 2006).
En la mayoría de los casos, la verdadera escasez no consiste en la ausencia física de agua sino en la falta de recursos monetarios y de voluntad política y económica. No es la ausencia de agua lo que hace que las personas mueran de sed, sino la pobreza y la gobernanza que marginan. Las perspectivas político-ecológicas urbanas ponen de relieve las relaciones de poder económico y político a través de las cuales se organiza el acceso, el control y la distribución del agua. Si bien las decisiones respecto de cuál es la tecnología “apropiada” en términos física, cultural y económicamente sustentables y equitativos cumplen un papel importante a la hora de determinar el acceso al agua segura en contextos menos favorecidos (Smith, 2008), la consideración e implementación de esas decisiones es un proceso claramente político y debe ser analizado como tal.
Administrar las configuraciones hidro-sociales
Sin duda, las configuraciones hidro-sociales reflejan las preferencias
