del Pueblo, FARC-EP, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, lo cual derivó en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se reconoce la existencia del conflicto y las fatales consecuencias que este ha traído para el pueblo colombiano, considerando el desplazamiento forzado como una de las graves consecuencias:
El conflicto armado, que tiene múltiples causas ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones de colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo4.
Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC arrojaron algunos resultados esperanzadores, pues si bien los desplazamientos forzados continuaron, en el primer cuatrienio de este gobierno se evidenció una reducción del 47 % en el desplazamiento forzado, en comparación con el cuatrienio anterior, según lo expresó Iris Marín, la entonces directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas (AFP, 2015). Desafortunadamente, tras la firma del Acuerdo no se evidenciaron los resultados esperados, según el informe anual de 2017 del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia:
El desplazamiento forzado continúa a pesar del proceso de paz. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reportó que en 2016 se produjeron 47 emergencias en razón de nuevos desplazamientos forzados masivos, confinamientos y restricciones de movilidad […] y afectaron primordialmente los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y campesinas. Aproximadamente 13.864 personas fueron afectadas por el desplazamiento masivo. Un alto porcentaje de estos casos estuvo relacionado con emergencias recurrentes en las cuales los esfuerzos institucionales no lograron mitigar las causas de las hostilidades o la violencia. (Consejo de Derechos Humanos, 2017, p. 16)
A pesar de que Colombia se ubica como el país con más desplazados internos del mundo, estas víctimas están sometidas a la invisibilización, y es que a pesar de que en términos generales la población colombiana conoce la existencia de las víctimas, por lo menos de las que están al interior del país, ya que por razones de desplazamiento forzado se han asentado en diferentes partes del territorio, tampoco se puede desconocer que:
Aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares de víctimas, representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a su entorno y a sus intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del campesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y económica. (CNMH, 2013, p. 14)
Esta situación de invisibilización la ratifica el informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia, una nación desplazada, en el cual se sostiene que “a pesar de que la crisis humanitaria ha puesto a Colombia en el centro de atención de la comunidad internacional en las últimas dos décadas, durante la mayor parte del siglo XX el desplazamiento forzado permaneció como una problemática inadvertida, invisibilizada, y en muchos casos, justificada como una consecuencia o “efecto colateral” a las más de cinco décadas continuas de conflicto armado interno (CNMH, 2015, p. 26).
Cómo el desplazamiento forzado afecta las dinámicas sociales y poblacionales
En un estudio realizado en el 2012, con el objetivo de describir la evolución de la estructura poblacional de los municipios de Colombia de acuerdo con su situación de desplazamiento interno como consecuencia de la violencia armada, se evidenció que “el grupo de municipios de alta recepción de desplazados aumentó su población en un porcentaje mayor que la media de Colombia, lo que impone retos para la atención de la población y puede generar dificultades en la obtención de empleo” (Salaya & Rodríguez, 2014a, p. 162). El desplazamiento forzado en una magnitud como la que se presenta en Colombia, un país en el que el 16 % de su población ha sido desplazada, puede alterar las dinámicas sociales y la estructura poblacional, tanto de los municipios expulsores como de los receptores. Como se evidenció anteriormente, algunos de los municipios expulsores han llegado a perder incluso la mitad de su población, poblaciones predominantemente rurales que en la mayoría de casos han consolidado sus dinámicas sociales y económicas alrededor del trabajo de la tierra, y que en los lugares receptores la mano de obra requerida es más tecnificada, por lo cual no logran encontrar un sustento económico permanente porque sus conocimientos no se adaptan a las dinámicas sociales y económicas de esos nuevos territorios.
Lo anterior se traduce en que “en las zonas afectadas por el desplazamiento forzado los niveles de violencia armada son muy altos cuando los municipios son expulsores. Como contrapartida, hay municipios que reciben esta población y en ellos también cabe esperar que se modifique la forma de su pirámide poblacional” (Salaya & Rodríguez, 2014b, p. 164). En este sentido, los desplazados constituyen una categoría migratoria particular que supone retos en materia social, económica y poblaciones tanto en los lugares receptores como en los expulsores, “esas personas se insertan en una dinámica en la que las precarias condiciones económicas (tras la pérdida de activos como la vivienda o la tierra) impulsan a contextos de pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación (Fleury, 2007). En esta dinámica, envuelven tanto a las comunidades de origen como a las de destino, destruyendo las bases organizacionales que rigen las relaciones sociales cotidianas” (Ruscheinsky & Nina, 2013b, p. 164), teniendo en cuenta además que los desplazados no comparten muchas cosas en común, más allá de su condición de desplazados y de víctimas del conflicto armado.
Muy por el contrario, desde el momento mismo de ser expulsados, los desplazados experimentan cambios y profundas transformaciones subjetivas —desgarradoras siempre— que los empiezan a configurar como pobladores urbanos, imprimiéndole nuevas dinámicas a la ciudad en su permanente lucha y negociación por hacerse un lugar en ella, por incluirse, también como ciudadanos. […] Los desplazados desencadenan dinámicas sociales marcadas por la desconfianza y la prevención que se creían superadas en los barrios conformados hace 20 o 30 años. La manera sigilosa en que llegan los desplazados, el ocultamiento de las razones por las cuales abandonaron sus tierras, llevan a instaurar aquella idea de que “no se sabe quién es quién”. Los conflictos en la convivencia cotidiana que se desencadenan por la heterogeneidad, expresada en las diversas culturas regionales de procedencia, nos muestran, sobre todo en los asentamientos de desplazados, que en ellos no se instaura un comunitarismo homogenizante sino que las diferencias perviven, en medio de las cuales tienen que inventar distintas estrategias para garantizar el control social de quienes allí habitan. (Naranjo, 2001, párrs. 69-79)
El estudio realizado por Ibáñez & Moya (2007) mencionado anteriormente, también demuestra que a mediados de los años noventa los desplazados provenían de algunos departamentos puntuales, pero esto se fue transformando con el paso del tiempo y se ha expandido a lo largo del país, debido a la generalización de la violencia, afectando de alguna manera casi al 90 % de los municipios, ya sea porque son expulsores o receptores, sin embargo, tanto la expulsión como la recepción siguen focalizadas en pocos municipios, el 57 % de personas desplazadas
