ello son las condiciones locales que permitieron que prosperara, incluso por las profundas contradicciones sociales del estado, y el endémico faccionalismo de la política local, el proyecto prioritario de la Revolución mexicana de construir un Estado fuerte para consolidar un proyecto nacional e impulsar el desarrollo económico del país, aunque lo que en realidad se consiguió fue un poder político sin contrapesos institucionales y que después sería usado de manera discrecional por la burocracia política.
Incluso el faccionalismo, y los conflictos de las cuatro agrupaciones regionales que impulsaron la revolución en Guerrero (Rómulo Figueroa en el Norte, Jesús H. Salgado en Tierra Caliente, Julián Blanco en el Centro y en la Costa Chica y Silvestre G. Mariscal en la Costa Grande), fue favorecido por el “oficialismo revolucionario” que al impulsar un proyecto político hegemónico medió entre los caciques y caudillos locales, puesto que para Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la construcción de un Estado fuerte y su propio liderazgo político se convirtieron en la prioridad del movimiento armado. De esta manera, el conflicto político local que se presentó era el resultado, también, de la prioridad del “oficialismo revolucionario” de subordinar al estado de Guerrero a un poder de índole nacional con la mediación de los jefes revolucionarios locales. Por ello se les promovió en algunos casos y en otros se arbitró entre ellos. Los jefes revolucionarios, por su parte, reclamaban una cierta independencia, pero solamente como instrumento para ampliar su poder, desde sus propias regiones, a todo el estado. Se trató así, en cierta forma, del antagonismo entre los medios asociativos y de clientelismo político del “oficialismo revolucionario” y los antiguos estilos de índole personal de la política caciquil local.
En efecto, siguiendo el modelo de los viejos caciques militares que predominaron durante el siglo XIX en Guerrero, los jefes revolucionarios establecieron una clara hegemonía territorial como base de su fuerza y se enfrentaron entre ellos no solamente en razón de una visión distinta del problema de la tierra —como sucedió por ejemplo entre los Figueroa de origen ranchero y Jesús H. Salgado, quien efectivamente representaba intereses campesinos ligados al zapatismo—, sino además para ensanchar su poder militar al estado de Guerrero en su conjunto. De la misma manera también que los caciques militares, todos ellos hacendados que favorecieron una relación padrino-cliente, los jefes revolucionarios se legitimaban
…por haberse enfrentado a otras facciones… Pero todo esto será a costa de restablecer el equilibrio patronal con nuevas facciones “revolucionarias” de fundamento igualmente clientelar. El “caudillismo” podría encontrar ahí su explicación, o acaso su apoyo lógico, sobre todo si lo interpretamos como una variante del clientelismo sostenido en la violencia.14
Con la construcción de un Estado fuerte y cuya legitimidad buscaba sustentarse en la redención social sobre todo del campesinado, los mandos nacionales de la revolución buscaron restablecer un nuevo equilibrio con base ahora en una organización política de cobertura nacional que se impusiera al conjunto de intereses caciquiles del país subordinándolos a esa estructura y, en ese sentido, actualizando las relaciones padrino-cliente conforme a la nueva organización política del país. Lo anterior sería favorecido por el relevo de los jefes locales de la revolución en favor de jóvenes figuras revolucionarias como fue el caso de Rodolfo Neri (hijo del antiguo cacique y general Canuto A. Neri), quien con el apoyo de Obregón se convirtió en gobernador del estado el 1 de abril de 1921 y hasta el 31 de marzo de 1925, no obstante la vigorosa oposición que le representó el último de los caudillos militares guerrerenses, Rómulo Figueroa.
De esta manera, en la etapa de construcción del régimen político mexicano que comprende los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, la inestabilidad política de Guerrero se dio porque mientras el “oficialismo revolucionario” se empeñaba en afirmar su control sobre la entidad, los grupos rivales buscaban también —como ocurrió durante la fase armada— el apoyo de los “jefes de la revolución” para alcanzar el poder. La inestabilidad de los poderes locales pareciera responder así, en esos años, a una pugna sin reglas y ajena a los intereses de la sociedad civil, por lo que la lucha política no era en realidad sino la confrontación abierta de los grupos por el poder, sancionada en última instancia por el “oficialismo revolucionario”.
Después de los años cuarenta, la estructura del poder local quedó subordinada a los grupos que, habiéndose formado en esas circunstancias, detentaban el poder político e incluso controlaban los recursos del estado como consecuencia de la forma patrimonialista en que se ejercía el poder. Los grupos políticos locales se encontraban, además, estrechamente relacionados con el centro político del país a través de las estructuras corporativas del régimen. El monopolio en el ejercicio del poder político y la imposibilidad de enfrentar eficazmente en esas condiciones los problemas sociales de la entidad dieron lugar a una nueva escalada de inconformidad y de violencia, como la que protagonizaron los copreros, el movimiento cívico-estudiantil de 1960 y, en una situación extrema, la guerrilla a partir de esos años y hasta 1974.
Las pugnas de los grupos locales sin una base social real (puesto que su protagonismo deriva de la capacidad que tienen para mantener el control del estado a través de la manipulación de las demandas sociales), han dado lugar a una inestabilidad agravada porque en última instancia la permanencia en el poder de esos grupos obedece a sus vínculos y apoyos políticos con la burocracia del centro del país. Así, los gobernadores mantienen su condición de representantes de los poderes locales en la medida en que puedan conciliar, de alguna forma, los intereses de esos grupos y además cumplan las tareas impuestas por el “oficialismo revolucionario”, pues sobre todo se encuentran subordinados al Ejecutivo federal, cuyo instrumento privilegiado ha sido un partido de Estado, primero federativo y después corporativo, que, más que procesar la demanda ciudadana, tiende a mediatizarla a través de sus distintos sectores.
A partir de esta caracterización general de la estructura del poder local, resulta necesario llevar a cabo un recuento de la historia política de la entidad desde el momento en que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se impuso localmente, estableciendo así las condiciones de una estructura del poder nacional que da forma y condiciona las estructuras de los poderes locales.
A las circunstancias de conflictividad social y política que han existido en el estado se suma un atraso social y económico, por lo que ya en el informe de diciembre de 1930 el gobernador Adrián Castrejón (1de abril de 1929-28 de marzo de 1933) se refería a la necesidad de crear “nuevas condiciones de desarrollo” y reconocía que “si bien es cierto que hasta hoy [la entidad] ha brillado en las páginas de la historia nacional con los hechos heroicos de sus valientes hijos, ha quedado relativamente apartada de la acción civilizadora que por sus mejores condiciones económicas, impulsa y alienta a las demás entidades de la República”.15 Con estas palabras, Adrián Castrejón se refería a la paradójica situación del estado pues, no obstante que sus caudillos habían participado activamente en el movimiento de Independencia y en las luchas civiles posteriores, el atraso económico e incluso el aislamiento de la entidad eran hechos manifiestos.
En el caso de Acapulco, hasta los años veinte había que trasladarse a Manzanillo o a Salina Cruz para continuar en tren hacia la ciudad de México, situación propiciada por los intereses económicos de las casas españolas asentadas en la costa a fin de mantener el monopolio económico de esa región. Las casas Alzuyeta y compañía, fundada en 1821; B. Fernández y compañía, fundada entre 1824 y 1826, y Fernández Hermanos, establecida en 1900, se constituyeron en los consorcios que regían la vida económica de Acapulco y de las costas. Incluso poseían también enormes extensiones de tierra. La empresa B. Fernández y compañía, entre otras propiedades, era dueña de la hacienda San Luis y Anexas, con 35 mil hectáreas en la Costa Grande, y junto con otras dos firmas, también españolas, tenían dos fábricas textiles: una en el Ticuí (Atoyac) y otra en Aguas Blancas, próxima a Coyuca de Benítez.
En las condiciones sociales precarias y en el aislamiento en que sigue viviendo Guerrero aún después de la revolución, se
