sentido, la ampliación de las prácticas democráticas debe asegurar la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas, de la asignación de los presupuestos, de la contratación pública y, en general, de los asuntos que atañen a los derechos e intereses de la comunidad, de forma que incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes. Las propuestas buscan que la participación ciudadana se convierta en un verdadero complemento y, a su vez, en un mecanismo de control del sistema de representación política y de la administración pública.
Asimismo, el acuerdo busca posesionar en la política los sectores que tradicionalmente han estado excluidos de los escenarios de discusión y decisión. Con relación a esto señala que el pluralismo debe abrir la participación de las organizaciones y los movimientos sociales, en particular de mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos del ejercicio de la política, y en general del debate democrático. En Colombia, las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación. Enfrentar y transformar estas condiciones históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social, así como desarrollar una cultura que reconozca la igualdad de derechos desde una concepción que deslinda campos con el patriarcalismo político e institucional. Para esto es necesario que la democracia colombiana reconozca la situación y la condición de las mujeres en sus contextos y particularidades, y garantice el ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales y de género.
En el universo de la globalización, los medios de comunicación e información cada vez resultan más necesarios para el ejercicio de la política. Por esta razón, las Farc llaman la atención sobre la necesidad de contar con espacios de difusión (canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local), a fin de que los partidos, las organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de la paz y la democracia puedan estar en permanente comunicación con las poblaciones, los territorios y las distintas formas de organización de la sociedad civil.
El acuerdo reclama crear las condiciones y proporcionar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos que participen de manera activa en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, de tal manera que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en una alternativa de poder.
A fin de cumplir con todo lo anterior, el acuerdo señala que se realizarán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos o sociales, y, de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de una sociedad democrática en paz.
Derechos y garantías plenas
para el ejercicio de la oposición política
La ruta que marca el acuerdo de paz para el paso de la organización armada a una organización política se plantea como requisito esencial el respeto por la diferencia. Asimismo, la formulación de una serie de derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en un universo político cuyo principal fundamento es el pluralismo.
Como se señaló, el acuerdo de paz considera que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y los movimientos políticos como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer oposición a políticas del Gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales. A partir del reconocimiento de esta premisa esencial, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer otras formas de oposición a través de la protesta legítima.
El acuerdo señala que con relación a los partidos y los movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto de oposición8, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares es necesario no solo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, lo que incluye el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios que les permitan tramitar sus demandas de forma pacífica.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
