©Copyright 2020, by Martín Faunes Amigo / Patricia González Sáez
Colección In Memoriam
El colorín de Paine: la venganza patronal
Investigación, 76 páginas
Primera edición: abril de 2020
Edita y distribuye editorial Santa Inés
Santa Inés 2430, La Campiña de Nos, San Bernardo de Chile
+56 9 42745447
Facebook Editorial Santa Inés www.editorialsantaines.cl Registro de Propiedad Intelectual N° 2020-A-2089 ISBN: 9789568675820 eISBN: 9789568675875 Edición General: Editorial Santa Inés Edición electrónica: Sergio Cruz Impreso en Chile / Printed in Chile Derechos Reservados
Esta es la historia de una venganza, una sangrienta venganza ocurrida a pocos kilómetros al sur de Santiago durante la dictadura. Una seguidilla de crímenes ejecutados por carabineros y militares con la complicidad de civiles que hasta el día de hoy permanecen en el anonimato y la impunidad, que conviven en el mismo pueblo con las viudas y los hijos de quienes fueron sus víctimas. Fusilamientos masivos en los que hubo personas que escaparon de la muerte… Es la caravana que sembró de muerte los campos de Paine», Alejandro Vega, periodista, programa «En la mira», 10 de junio del año 2015.
«Me siento contento que las personas sepan la verdad, crean lo que les conté porque decían que eran mentiras», Alejandro Bustos, «El Colorín de Paine», en «Buinense Televisión», 9 de octubre de 2015.
Se identificaron las víctimas y sus asesinos. Era verdad que los mataron porque los familiares debieron soportar por años las burlas de los homicidas en torno a que el marido se había ido y que estaría feliz en otro lado. Se armó el puzle que permitió la reconstitución de escena y la continuidad del proceso judicial. Se había encontrado la verdad y comenzaba la búsqueda de la justicia que, al finalizar el año 2019, exhibe los primeros condenados por «La matanza de Paine».
Presentación
Para una mejor contextualización de los hechos, este libro se presenta en dos partes complementarias.
La primera de ellas, se ha titulado «Paine, algo más que sandías» y corresponde al testimonio dado por Alejandro del Carmen Bustos González, quien, como sobreviviente de la matanza y testigo clave de los hechos, fue hostigado durante años por los implicados. Lo querían muerto o, por lo menos, muy lejos del lugar. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron parcela en el norte, lo golpearon una y otra vez, pero él permaneció en Paine con la esperanza de que algún día se hiciera justicia. «Todos queremos que haya justicia o justicia divina que sea, pero algo tendrá que haber porque conmigo tienen un testigo», declaró en julio del año 1992, «El colorín de Paine»1.
Es, por tanto, el testimonio de este hombre que jamás se ha cansado de repetir que nada malo hizo. En realidad, nunca tuvo clara la razón por la que enfrentó a un pelotón de fusileros compuesto por uniformados y civiles2.
—Cuéntame la firme, Colorín, ¿por qué trataron de fusilarte?, dímelo no más que es pa’saber.
Yo le contesté que a lo mejor era por lo del asentamiento y la Reforma Agraria o por las JAP, o no sé. Pero lo que yo más creía era que se habían equivocado o que alguien me había denunciado por envidia.
—Hay gente muy re’ mala, fíjate, te creo —dijo—. ¿No querís quedarte en mi casa mejor?
Alejandro Bustos González fue el único que sobrevivió en ese grupo de detenidos. Lo dieron por muerto y lo lanzaron al agua. Luego, cuando se enteraron de que seguía vivo, lo buscaron para matarlo, sin lograrlo.
«El colorín de Paine» sabía muy bien los nombres de sus compañeros asesinados esa madrugada, incluso, Orlando Pereira murió a su lado. «Hasta aquí no más, Rucio, voy a morirme», le dijo a modo de despedida.
También conocía a los integrantes del pelotón de fusileros, pero no alcanzó a ver a los espectadores de tan macabro hecho, los mismos que lo delataron cuando sumido en la fiebre, se escondía por los campos, herido de bala y buscando una oportunidad para vivir y poder contar lo que realmente ocurrió.
La segunda parte, que hemos denominado «Luzoro, Bravo y otros culpables de la venganza patronal», corresponde a la labor del poder judicial en torno al esclarecimiento de la verdad y a la imposición de la justicia desde la Corte de Apelaciones de San Miguel y el nombramiento del ministro Héctor Solís Montiel en el año 2007, quien falleció el año 2013.
La meticulosa investigación que encabezó el ministro Solís, quien, a partir de los testimonios de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas y con la colaboración de la PDI, el Servicio Médico Legal y un equipo de trabajo multidisciplinario, logró determinar la existencia de las víctimas y los lugares exactos dónde y cómo fueron fusiladas.
Del esclarecimiento de la verdad, se arribó al procesamiento y condenas de militares, carabineros y civiles que participaron en la detención, torturas, fusilamiento y desaparición de 70 personas en Paine.
El 31 de marzo del año 2016, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó sentencia que condenó a Juan Francisco Luzoro Montenegro a 20 años de presidio como responsable del homicidio calificado de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres y el homicidio calificado frustrado en la persona de Alejandro del Carmen Bustos González, hechos cometidos el día 18 de septiembre de 1973, en el sector Collipeumo de Paine.
A pesar de que esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de San Miguel otorgó la libertad bajo fianza al inculpado, por lo que la ministra Cifuentes ordenó el ingreso de Luzoro al penal Colina 1, en noviembre del año 2017.
Posteriormente, en septiembre del año 2019, la Corte Suprema ratificó la sentencia impartida por la ministra Cifuentes de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Nelson Iván Bravo Espinoza, jefe de la comisaría de Paine durante la ocurrencia de los hechos. A este coronel en retiro de Carabineros se le condenó a algo más de 37 años de prisión por su responsabilidad en siete casos de secuestros y homicidios calificados, ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
Luego, el 6 de noviembre de 2019 y en pleno estallido social, la ministra Cifuentes emitió un fallo catalogado como histórico porque condenó a presidio perpetuo a cuatro exoficiales del Ejército: Jorge Eduardo Romero Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, en calidad de autores de 38 delitos de secuestro calificado.
Por su parte, los exmilitares: José Hugo Vásquez Silva, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Juan Dionisio Opazo Vera, Roberto Mauricio Pinto Laborderie, Jorge Segundo Saavedra Meza, Víctor Reinaldo Sandoval Muñoz y el civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez, recibieron
