es la creación de la Mesa de Seguimiento en tanto puede constituir un escenario válido para exigir el respeto de sus derechos.
Con la expedición de esta norma el Gobierno Nacional cumplió con su palabra de hacerlo pero salvó todas las objeciones que implicaba hacerlo de manera profunda, evitando tener que crear los medios necesarios para una protección efectiva. En ese sentido, podía ser cierto que era complejo emitir un decreto como el propuesto, pero no porque fuera incompatible con el ordenamiento jurídico general sino porque debía ordenarse primero la casa desde las esferas más altas (expedir las leyes estatutarias correspondientes como la de la conformación y regulación de las ETI o la de consulta previa). Esto no se ha hecho y esa falencia sigue sirviendo de excusa para desconocer derechos que ya están reconocidos en la Constitución por no mencionar además toda la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos219. El decreto aún no representa una protección suficiente para ellos ya que en él se omiten todos los apartes relacionados con la cosmovisión de los pueblos de la Sierra, sus definiciones, las implicaciones culturales y todo aquello que incluía la primera propuesta distinto a la enumeración de los hitos geográficos a reconocer.
Para concluir lo relativo a la protección efectiva del territorio ancestral del pueblo iku, valga decir que, como puede observarse, en el siglo pasado y en lo que ha corrido de este, el derecho a la propiedad colectiva de los territorios indígenas de los arhuacos ha sido reconocido por parte del Estado mediante la constitución de reservas y resguardos220 y la expedición de normas que simbólicamente reconocen el valor de su territorio. Sin embargo, esto no coincide completamente con las tierras que para ellos son de su pertenencia por encontrarse dentro de los límites de la Línea Negra; por esto, en su pensamiento la única forma de retornar a lo propio es la recuperación del territorio principalmente mediante una verdadera protección legal de este, para lo cual actualmente siguen realizando innumerables gestiones cada vez más impetuosas. Existen más de 400 solicitudes de constitución, saneamiento y ampliación que no han tenido respuesta, probablemente por los múltiples intereses que se mueven en dichas zonas, ya sean lícitos, como los militares, económicos y turísticos, o ilícitos, como el cultivo y tráfico de estupefacientes, la explotación ilegal de madera y la minería ilegal. Desde hace ya varias décadas las organizaciones indígenas insisten en recuperar la propiedad de los territorios de la Sierra que les han sido arrebatados a lo largo de la historia a raíz principalmente de la colonización y de la falta de efectividad de la consulta previa, con la finalidad de recobrar todas las tierras que se encuentran dentro del límite de la Línea Negra y que solo estando bajo su dominio permitirían la consolidación del antiguo orden natural y sagrado del Corazón del Mundo221.
Además de las debilidades mencionadas en cuanto a la Línea Negra, existen otros dos problemas. Por una parte, en la actualidad, grandes extensiones del piedemonte que rodea la Sierra Nevada de Santa Marta están habitadas y son explotadas por pobladores no indígenas que provienen de diferentes territorios del país y que han llegado en diferentes épocas por las enormes ventajas que ofrecen estas tierras. Para los iku, esto ha representado una violación de su Casa Sagrada al haberlos despojado de gran parte de sus territorios; así mismo, muchos de sus sitios sagrados ya no les pertenecen y se encuentran por fuera del resguardo en manos de los bunachis, quienes a pesar del permiso oficial222 que tienen los arhuacos para visitarlos les prohíben la entrada arbitrariamente.
Y, por otra parte, además de esta colonización bunachi, se enfrentan continuamente a la explotación y la instalación de infraestructura para el desarrollo de diferentes proyectos, sin el cumplimiento de las consultas previas, asuntos que se desarrollarán a fondo en los capítulos segundo y tercero.
Antes de llegar el hermanito menor había bosque hasta la playa, también había mucho indígena en la Sierra y alrededor. Ellos no talaban; para que no hubiera enfermedades y para que el agua se alimentara y los árboles se alimentaran por medio del vapor de las nubes. Los indígenas, los árboles y el agua se respetaban por igual; los árboles respetaban el agua y nosotros a los árboles y el agua a nosotros, todos nos respetábamos por igual. [...]. Pero hermanito menor dijo que si no tenía finca no era señor; si no tenía ganado no era señor, era salvaje, y así toda la gente empezó a tumbar el bosque, comprar ganadito y finca. Por eso hoy en día es muy difícil recuperar todo. Ahora nos ataca la enfermedad, el hambre; se acaba la quebrada, se seca el río. [...]. Pero el mismo Serankua dijo que el aparato material podría dañar el corazón de todo mundo-universo. Porque la Sierra es corazón. Otras montañas pueden ser codos y rodillas, pero aquí está el corazón. [...]. Si se enferma el corazón todo se enferma; por eso en el pie de la Sierra no se puede talar. ¿Qué piensa el hermanito menor? ¿Tiene o no corazón? ¿Por qué no dejan los bosques para que los nietos también puedan gozar? Todo porque falta la plata. [...]. Ahora tenemos mucha plata, pero ¿para qué va a servir? No podemos dejar que el corazón se debilite. La Sierra está avisando para que la cuidemos223.
Para contrarrestar este fenómeno, también a inicios de 2016 los cuatro pueblos decretaron la paralización de todos los procesos de consulta previa que se estaban llevando a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta tanto se expidiera una ley relativa a la regulación de esta figura, que está en mora de expedirse desde 1991. Sin embargo, después de varios meses tuvieron que reactivar los procesos sin que se hubiera expedido la correspondiente ley.
El 14 de febrero de 2016 las noticias nacionales informaron que “Arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos declararon en emergencia la Sierra Nevada de Santa Marta por la avalancha de solicitudes de proyectos minero-energéticos. Exigen al Gobierno una reunión de alto nivel”224.
Más de 150 indígenas pertenecientes a estas comunidades llegaron de diferentes lugares el 11 de febrero al poblado de Chemesquemena, que se encuentra aproximadamente a una hora y media de Valledupar, con el objetivo de analizar un problema que los estaba afectando profundamente en todos los sentidos y que aún hoy los afecta, y es que para ese momento existían cerca de 395 proyectos minero-energéticos en la Sierra ya autorizados o a la espera de licencia para empezar a operar en su territorio.
La reunión se prolongó durante dos días y durante ella los líderes expusieron ante los delegados del Ministerio del Interior su profundo descontento por las constantes violaciones de su territorio a través de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura con los que ellos no estaban de acuerdo. Indicaron que día tras día recibían noticias de nuevas iniciativas económicas en su territorio que implicaban la apertura de los respectivos procesos de consulta previa y que este número tan elevado de consultas impedía el desarrollo normal de la vida diaria dentro de las comunidades. Este fenómeno sigue presentándose de manera idéntica.
Indicaron también que pese a las miles de promesas que les habían hecho los gobiernos, al final proyectos como Puerto Brisa, la Represa Ranchería o los Ciruelos se habían ejecutado aunque ellos se hubiesen negado expresamente por la existencia de lugares sagrados en las zonas de ejecución de ellos. De esta manera, habiendo llegado a la conclusión de que sus opiniones no tenían importancia y no eran escuchadas, tomaron la decisión de suspender su participación en todos y cada uno de los procesos de consulta previa que se encontraban en curso en ese momento.
Aunque sabemos que es un elemento esencial para garantizar nuestros derechos, sentimos que nos los han estado vulnerando. Por eso tomamos la decisión de suspender nuestra participación en los procesos hasta que el presidente Santos o el ministro Juan Fernando Cristo vengan hasta acá y nos aclaren si están dispuestos a armonizar sus leyes con nuestros derechos. Hasta ahora lo que sentimos es que primero está la ley del centro del país que nuestros derechos indígenas225.
Valga resaltar que las comunidades de la Sierra no se oponen al desarrollo pero entienden que éste no se puede convertir en una violación indiscriminada de los recursos naturales tales como las fuentes de
