proveedores de medicina ancestral, terapias alternativas o complementarias: parteras, chamanes, acupunturistas, homeópatas, entre otros. La labor dependerá de la situación local.
El personal del primer nivel de atención es responsable de implementar las acciones establecidas en el MAIS. La Dirección de Distrito, conjuntamente con unidad de conducción, designarán los Equipos de Atención Integral de Salud (EAIS), en los que estarán las familias que tengan acceso geográfico, cultural y social. Con base en la información de 2012 del MAIS, estos equipos estarán constituidos por un médico general o especialista en medicina familiar y comunitaria, un enfermero y un técnico de atención primaria de salud. Ello, según los siguientes estándares: para el sector urbano, un médico, un enfermero y un técnico de atención primaria de salud (TAPS) por cada 4000 habitantes; para el sector rural, un médico, un enfermero y un técnico en atención primaria de salud (TAPS) por cada 1500 a 2500 habitantes.
La identidad de género viene predeterminada por una serie de roles sociales creados históricamente; ahí radica uno de los mayores problemas de la construcción de identidades. La perspectiva de género ha permeado muchos ámbitos del quehacer académico comunicacional, económico y social. Ha traspasado el ámbito de las universidades y de los medios de comunicación para convertirse en una herramienta de trabajo en todos los campos, en la empresa, en la vida cotidiana y en las reivindicaciones sociales.
La Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer reconoció algunos obstáculos en la implementación de la plataforma para la acción de Beijing 1995. Hizo un llamamiento a los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil para que “adopten medidas estratégicas” con respecto a los estereotipos de la mujer y la desigualdad en el acceso de la mujer y participación en todos los sistemas, especialmente en los medios de comunicación (Secretariat of the Pacific Community [SPC], 2015, pp. 87-88).
Los temas de la violencia y de la salud en la familia merecen un tratamiento vinculado con lo social y lo político. Las mujeres han sido históricamente las encargadas del espacio reproductivo y, si bien han incursionado en lo público, aún no se han evitado las dobles jornadas laborales. Siempre ha prevalecido la violencia sexual, los embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades, el contagio del VIH/SIDA, la mortalidad materna por abortos clandestinos y demás. Un elemento fundamental para la ruptura de los prejuicios y prácticas sociales que originan la discriminación de la mujer es la educación, indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano.
La Constitución establece como obligación del Estado la adopción de medidas necesarias para que las mujeres gocen de igualdad en el acceso al empleo, a la promoción laboral, profesional, y a la remuneración equitativa. Sin embargo, los datos estadísticos del INEC muestran lo contrario, tal como se puede observar en la tabla 2.4.
Tabla 2.4 Tasa de empleo global por sexo, Ecuador.
| Sexo | Marzo 2018 | Marzo 2019 |
| Hombres | 96,5 % | 96,2 % |
| Mujeres | 94,2 % | 94,3 % |
Fuente: INEC (2019b).
La tasa de empleo global para las mujeres es de 1,9 puntos porcentuales menor que la de los hombres en el año 2019 en el Ecuador, lo que refleja la inequidad de los trabajos entre los hombres y las mujeres en el país. La educación es un elemento fundamental para la ruptura de los prejuicios y prácticas sociales que originan la discriminación hacia la mujer.
Cuando la condición juvenil se entreteje con otras condiciones como el género, la clase, la etnia, la preferencia u orientación, la condición física o mental, entre otros, su situación es aún más compleja, pues socialmente hay características y condiciones que son más valoradas que otras, así como condiciones que conllevan fuertes desventajas sociales. (Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos REDLAC México, 2016, p. 31)
Se requieren, entonces, cambios en lo cultural y afectivo, se busca la construcción de un mundo de igualdad y equidad, con condiciones de vida justas para todos.
El tipo de violencia basada en el género más invisible es, sin duda, la sexual y que ocurre en la familia y en su entorno inmediato. Dependiendo del tipo de delito sexual, el Código Penal establece penas de hasta un máximo de 25 años. Son varias las razones por las que las personas afectadas, o sus representantes, padres y madres de familia, parientes cercanos, no denuncian este tipo de violencia, por temor a la revancha, por dependencia económica, para evitar más problemas familiares y por los comentarios de los parientes y amigos.
En el 2011, la encuesta del INEC sobre violencia de género detectó que 60 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual. Las provincias con un mayor porcentaje de este tipo son Morona Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay. Las etnias más afectadas son la indígena con el 67,8 % y la afroecuatoriana con el 66,7 % (INEC, 2011, pp. 4, 14).
El 9,6 % de las mujeres reporta violencia sexual, es decir, del total de las mujeres que están en edad reproductiva (de 15 a 45 años), alrededor de 294.636 fueron agredidas sexualmente en el 2006, mediante sexo forzado -violación- o como abuso sexual (Figura 2.3) (Arauz, V., Camacho, A., Fraga, G., 2006, pp. 4-6).
Fuente: Arauz et al. (2006, p. 5).
La violencia ejercida contra la mujer es un fenómeno universal que continúa en todos los países del mundo y es aceptada como “normal” en algunas sociedades. Desde que en el año de 1993 se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena y se realizó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad civil y los Gobiernos han reconocido que la violencia constituye una preocupación de las políticas públicas y de los derechos humanos, lo que repercute por el efecto traumático para los que la presencian, en particular los niños.
El estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer
