cada vez más las esferas económica y comercial, y la dinámica de los negocios crea a diario nuevas figuras y categorías jurídicas, todo lo cual está influido por ese proceso de americanización que actualmente experimenta el derecho en este campo. Sin embargo, el capítulo señala que la nueva gobernanza corporativa exige la protección del medioambiente, para lo cual se debe recurrir al derecho ambiental. Los juristas y operadores jurídicos tradicionalistas del derecho no comprenden a cabalidad lo ambiental —al punto de desdeñarlo—; quienes practican el derecho ambiental, a su vez, no suelen comprender el derecho corporativo. En medio de este caos florecen nuevos retos, un mundo en transformación que se propone concebir paso a paso el cuerpo teórico de un derecho que logre fusionar ambas ramas jurídicas en el derecho ambiental corporativo. El autor concluye con que este derecho debe aprender a comprender los principios, la interrelación y el influjo mutuo entre ambas ramas jurídicas con una meta ambiciosa: hacer frente al riesgo del cambio climático, a las crisis sanitarias, a la afectación a la biodiversidad, a la integración y el respeto a los pueblos originarios, a los derechos humanos y a proteger el medioambiente.
Seguidamente, se presenta el capítulo denominado “La función ambiental de la interventoría en los proyectos de infraestructura en Colombia”, escrito por Luis Camilo Sierra Gómez, quien sostiene que, mediante los proyectos de infraestructura, se asegura la provisión, la disponibilidad y la calidad de toda clase de servicios y necesidades de las comunidades y se aboga por una transformación productiva, institucional y social de un país o región. En principio, considera que esta actividad corresponde al Estado; sin embargo, por diversas circunstancias, este se ha visto abocado a la vinculación de capital privado para la estructuración de este tipo de proyectos. Esto siembra incertidumbre acerca del nivel y la calidad en el control y el seguimiento que el Estado ejerce sobre el privado en la ejecución de los proyectos, en especial en lo que respecta a la vigilancia, el seguimiento y el control de los problemas ambientales en todo proyecto de infraestructura. Por lo anterior, afirma Sierra, cuando el Estado terceriza las actividades de control —debido a que estas escapan de sus manos por falta de los conocimientos especializados requeridos o la capacidad operativa necesaria— y estas son atendidas por un interventor que desempeña un papel como colaborador de la administración, resulta necesario hacer hincapié en que este tiene una función ambiental propiamente dicha, sin perjuicio de las tradicionales funciones jurídicas, técnicas y financieras comunes en este tipo de figuras. Para cerrar el análisis, se plantea que esto ocurre gracias a que el interventor posee los conocimientos especializados y se le otorga una función pública, por lo que se convierte en titular de una serie de responsabilidades específicas que respaldan la importancia de su actuar ajustado a la ley y que procura la protección del bien general y del ambiente.
En tercer lugar, Dayana Sierra Vargas, en el capítulo “Hacia procesos de certificación sostenibles en la industria palmera: el caso del departamento del Meta, Colombia”, afirma que la industria de palma de aceite ha sido sometida al escrutinio y la crítica mundial debido a que muchos consideran que su actividad productiva ocasiona un impacto ambiental significativo. Como respuesta a estos problemas, se han creado estándares, como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y la Rainforest Alliance, que pretenden que la práctica en el cultivo o en la cadena de suministro (cultivo, extracción, almacenamiento, transporte, refinación y manufactura del producto final) de la palma de aceite se realice de una manera sostenible. La autora sostiene que Colombia se encuentra entre los primeros puestos de producción de palma de aceite, donde el departamento del Meta es uno de los de mayor producción, razón por la que decidió escogerlo como área de estudio. El objetivo de este artículo es presentar las plantas de beneficio que existen en esta zona, identificar aquellas que no se han certificado e indicar cuáles han sido los problemas en los requerimientos de los estándares de certificación. Este capítulo evidencia que la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible es más escogida por los palmicultores en comparación con Rainforest Alliance; sin embargo, en ambos estándares existen ciertas problemáticas al certificarse, como el costo elevado del estudio de altos valores de conservación —que varía de acuerdo al área de estudio—, el demostrar que no hubo cambio del uso del suelo, la tardanza en el otorgamiento de permisos por parte de la autoridad ambiental, la prohibición de ingredientes activos de plaguicidas y la verificación en la cadena de suministro donde no se mezclen frutos certificados con los que no lo están.
Finalmente, en el cuarto capítulo, titulado “Megadiversidad y fracturamiento hidráulico: el significado de hacer fracking en Colombia” y elaborado por Claudia Joan Polindara Romero, se analiza el impacto del fracturamiento hidráulico en los ecosistemas. A partir de allí, la autora propone el debate entre continuar o no con esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales en Colombia. A su vez, identifica, desde el medio biótico, la incidencia sobre la biodiversidad y los ecosistemas en el país y, con mayor especificidad, en aquellas cuencas donde se proyecta realizar los proyectos piloto de investigación integral para fracturamiento hidráulico. El capítulo también revisa si se está actuando en conformidad con el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, con la Política Nacional de Biodiversidad aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 1995 —que se fundamenta en el principio de la biodiversidad como patrimonio de la nación—, y a los demás compromisos internacionales que el país ha asumido para la conservación de la biodiversidad. Por último, busca resolver la pregunta de si Colombia está siendo responsable al decidir hacer fracturamiento hidráulico en un país considerado como el segundo país con mayor biodiversidad.
Como puede verse, todos los capítulos giran en torno a lograr una transformación de la economía y de los proyectos de infraestructura y de desarrollo en favor de los pilares social y ambiental de la sostenibilidad. Esto, por supuesto, solo será posible a través de la implementación efectiva de criterios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y justicia ambiental que sean impulsados por el Estado y apropiados por todos los actores sociales. Para esto, se requieren empresas y corporaciones comprometidas con un planeta que sea viable, vivible y solidario.
Para dar paso a la lectura de esta obra colectiva, desde los posgrados en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, queremos reiterar nuestro compromiso con la promoción y generación de debates ambientales nacionales e internacionales como parte de la celebración de nuestro primer cuarto de siglo de existencia. Esperamos seguir haciéndolo por muchos años más desde la docencia, la investigación y la extensión. Felices 25 años para todos nuestros estudiantes, profesores, egresados y colaboradores, y toda nuestra gratitud a la comunidad académica rosarista. Esperamos que todos los lectores disfruten esta obra de conmemoración.
Lina Muñoz Ávila
Gloria Amparo Rodríguez
Las editoras
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