profesionales de la salud cuando han intentado difundir información referida al coronavirus y a su probable evolución en el país o al desempeño en esta materia de los órganos competentes de la administración15. La hibernación de los espacios cívicos de protesta y formación de opinión pública conviene sobremanera al Ejecutivo. Se están llevando a cabo asimismo detenciones arbitrarias en el marco del control sobre la observancia de las obligaciones impuestas y prosigue, por otro lado, la persecución política16. Los sectores populares, dependientes mayoritariamente de la economía informal, se han visto severamente perjudicados por la imposibilidad de conseguir recursos para subsistir, en medio del confinamiento y de una prolongada crisis económica y humanitaria. Los conatos de saqueos o revueltas han sido contrarrestados de manera férrea.
El Gobierno procede con absoluta opacidad en relación con las cifras de propagación de la pandemia y desde sus filas se cuestiona cualquier intento de evaluación independiente sobre el tema. Aunque no hay confianza en los datos oficiales, debido además al escaso número de pruebas fiables practicadas17, esa falta de transparencia la aprovecha el Ejecutivo para administrar a capricho el estado de alarma y la cuarentena comunitaria, que pareciera resultarle cómoda dentro del modelo autoritario preexistente. En varias naciones desarrolladas, que primeramente fueron afectadas por el coronavirus, se avanza con firmeza, no exenta de dificultades, en la dirección de restablecer la normalidad democrática, mientras que la aspiración de los venezolanos no es volver a una “normalidad” inmediatamente anterior al llamado estado de alarma, sino la construcción de una democracia, de un Estado de Derecho y de condiciones dignas de vida que tampoco teníamos cuando irrumpió la pandemia. La saturación de poder arbitrario que sufre el país es inconmensurable: una pretendida asamblea nacional constituyente impuesta en el 2017, que cuenta con supuestos poderes absolutos; un estado de emergencia económica vigente inconstitucionalmente desde enero de 2016, solapado con una regulación anterior que estranguló la iniciativa privada y la economía nacional; y ahora un denominado estado de alarma, una cuarentena “comunitaria” sobre la cuarentena estructural subyacente. En este marco han sido celebradas unas elecciones parlamentarias carentes de legitimidad, desprovistas de garantías democráticas.
Si hay un Estado de Derecho, los estados de excepción y los poderes de emergencia se mantienen dentro de los límites que la razón jurídica impone. Las facultades especiales o extraordinarias del gobierno pueden ser necesarias para enfrentar ciertos acontecimientos que pongan en grave peligro la vida organizada de la comunidad, pero el Estado de Derecho, si bien se adapta a la situación suscitada, no deja de someter el ejercicio del poder a los principios que lo definen.
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1 Ver Casal, 2017.
2 Ver Consejo de Derechos Humanos, 2020.
3 Como sostiene Innerarity, los líderes populistas menosprecian el saber experto, las instituciones y la comunidad global, todo lo cual es clave para enfrentar la pandemia. Ver Innerarity, 2020, pp. 51 y ss.
4 Ver Fragiel, 2020.
5 Ver Agencia EFE, 2020.
6 Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2020.
7 Organización Mundial de la Salud, 2020.
