La construcción de la democracia y la garantía de los derechos. César Landa

      Presentación

      La incorporación del Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de 1979, por diversas circunstancias propias de la época, no tuvo mayor impacto en el sistema jurídico peruano. Tampoco lo tuvo, al menos durante el régimen de Fujimori, el Tribunal Constitucional (TC) introducido en la Constitución de 1993. La razón del fracaso de la justicia constitucional durante dicho régimen autoritario tiene una explicación más obvia: tras su compleja composición en el año 1996 y a poco de inaugurar su andadura, tres magistrados fueron acusados y destituidos por el Congreso, por declarar inconstitucional “la ley de interpretación auténtica” para la re-reelección de Alberto Fujimori antes de cumplirse el primer año de sus funciones.

      Tras la caída del régimen, los magistrados arbitrariamente separados de sus cargos por el Congreso fueron reivindicados y repuestos por el Gobierno transitorio del Presidente Paniagua y el TC pudo incorporarse a la vida democrática con importantes aportes y desarrollos que han significado innovaciones en todos los campos del Derecho. El pasado 24 de junio de 2021 se cumplieron 25 años desde su reinstalación; por lo que, en el marco de las celebraciones, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el respaldo de su Decano, consideramos pertinente dedicarle unas Jornadas para un balance necesario sobre su importancia y los retos que debe enfrentar en en el contexto del actual desarrollo de la democracia en nuestro país.

En 25 años de vida institucional, el TC ha tenido importantes aportes, pero también ha generado debates y críticas con sus decisiones. En un balance general, sin embargo, los logros son evidentes. El desarrollo de las instituciones de la democracia, empezando por el Parlamento, ha encontrado en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional un importante respaldo para mejorar su desempeño. En el caso del Congreso, en algunas de sus últimas decisiones, el Tribunal se ha referido a la calidad de la deliberación de las leyes*, intensificando su estándar de control a la legislación incluso a nivel del procedimiento legislativo. Su jurisprudencia sobre el control del razonamiento del juez ordinario ha generado, por otro lado, un importante diálogo judicial que, sin lugar a duda, ha permitido mejorar los estándares de calidad de la tutela judicial efectiva. Otro tanto ha ocurrido con las sentencias sobre la administración pública. Desde la discrecionalidad administrativa, hasta la proporcionalidad de las sanciones de los órganos administrativos, el TC ha participado activamente controlando el poder de la administración frente a los ciudadanos.

La jurisprudencia del TC ha sido auspiciosa con los derechos fundamentales durante los primeros años de la transicion, aunque ha tenido altibajos en los años sucesivos. En los últimos años, los derechos de la mujer han recibido atención y desarrollo, los derechos de las personas con discapacidad y, los migrantes, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, pese a algunos desarrollos conceptuales, sigue siendo insuficiente la atención a los derechos de los pueblos originarios, las minorías LGBTI, los adultos mayores y, las personas en situación de pobreza extrema, entre otros. En el caso de la identidad de género, pese a que enunciativamente el TC asume la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la práctica sigue obligándo a las personas trans a litigar su derecho ante las inciertas instancias judiciales ordinarias**. Es por ello un discurso todavía sin un efecto útil de los derechos. Igual ocurre con las comunidades originarias y su derecho al territorio o el propio derecho a la consulta previa; que, aunque fue introducida en la jurisprudencia del Tribunal, sus consecuencias en la vida de las comunidades aún no se perciben plenamente.

      La necesidad de un balance sobre el impacto de la jurisprudencia del TC en nuestro sistema jurídico nos convocó en el mes de junio pasado a un grupo de profesores del área del Derecho Constitucional de distintas universidades, para discutir los diversos aportes y desafíos de la justicia constitucional en nuestro país. Como suele ocurrir, no todos los que participaron en los debates y discusiones, lograron entregar luego su ponencia escrita. Aquí se recoge un conjunto de aquellas ponencias que dan testimonio de este importante evento.

      Agradecemos a las autoridades de la Universidad, en especial al Decano, el Dr. Victor Toro Llanos, por su apoyo incondicional para desarrollar este evento, como una pequeña contribución de la Universidad Decana de América, al debate nacional en materia constitucional.

      Prof. César Landa Arroyo | Prof. Pedro P. Grández Castro

      Comisión organizadora

      Ciudad Universitaria, noviembre de 2021

      Los Directores

      * STC 006-2018-PI/TC.

      ** STC 06040-2015-PA/TC.