porteños, que con razón se quejaban de los hedores que se desprendían de la red346.
El alumbrado había sido, desde la monarquía, el servicio que más había preocupado a los gobernantes y a los ciudadanos. La ley de 23 de octubre de 1835 autorizó al Presidente de la República para hacer un nuevo reparto de la contribución denominada de serenos que pagaba el vecindario de Santiago y el de los demás pueblos donde existía esa institución, a fin de que con parte de ella se pudiera mantener un servicio de alumbrado público, que utilizaba el aceite y, más adelante, el kerosene o parafina como combustible. Decretos de 1846, 1852 y 1868 reglamentaron la prestación del servicio347. De mediados del siglo XIX fue la aparición de otra innovación de enorme importancia: el alumbrado de gas. En 1848 se presentó un presupuesto para dotar con ese alumbrado a las calles y plazas de Santiago. Se calculaba que para iluminar el centro de la capital con un farol a mitad de cada calle y en cada cruce de estas, más cuatro para la Plaza de Armas y 38 para edificios públicos, conventos y cuarteles, se necesitarían 600 lámparas. Gracias a una iniciativa de Guillermo Wheelwright, Copiapó fue la primera ciudad chilena que contó con ese servicio al inaugurarse en 1853 el alumbrado de gas con 450 faroles distribuidos cada media cuadra. A partir del 18 de septiembre de 1856 Valparaíso, que tenía lámparas de aceite desde 1844, se pudo iluminar también con gas. En la ceremonia inaugural el propio intendente encendió el gas “al frente de la casa nueva del Sr. Edwards”348. La Municipalidad de Santiago recibió varias propuestas de nacionales y extranjeros para instalar esa iluminación. Dicha corporación suscribió un acuerdo con Maximiano Errázuriz, detrás del cual estaba su suegro José Tomás de Urmeneta, y después de la obtención de una ley que aseguraba al favorecido el privilegio exclusivo por 30 años para la fabricación y venta de gas en Santiago, se constituyó la sociedad Urmeneta Errázuriz y Cía., con Adolfo Eastman, también yerno de Urmeneta, en calidad de tercer socio. La empresa inició con celeridad la construcción de la fábrica de gas, de un gasómetro y de la correspondiente red de distribución, y el 18 de septiembre de 1857 se inauguró el servicio, con 600 lámparas; en 1867 la ciudad era iluminada por 717 lámparas de gas y 122 de parafina349. La referida sociedad se transformó en 1865 en una sociedad anónima llamada Compañía de Gas de Santiago350.
La Serena tuvo su instalación de gas de alumbrado en 1865, y Concepción, en 1871. También las ciudades más pequeñas optaron por la nueva modalidad de iluminación. En 1872, por ejemplo, Eduardo Briekles suscribió un contrato con el intendente de Aconcagua José Miguel Rodríguez Velasco para proporcionar a San Felipe alumbrado público con “gas hidrógeno carburo”351. Otras, en cambio, como Talca, Chillán y Ancud, continuaron con la débil iluminación proporcionada por la parafina. En el decenio de 1880 la iluminación de gas empezó a ser sustituida por la eléctrica en las calles y en los edificios públicos352. Ya en 1860 Luis Zegers había tratado de establecer la iluminación eléctrica en Valparaíso y Santiago, pero solo en 1882 se inició la instalación del nuevo sistema en la capital353.
El abastecimiento de alimentos en las ciudades fue un objetivo prioritario de las municipalidades, tanto para permitir el fácil acceso de la población a los bienes de consumo cuanto por constituir esa actividad una fuente de ingresos para ellas. En efecto, los mercados de abasto generaban un tributo por las carnes muertas, y otro tanto ocurría con las recovas o mercados y las ferias, constituyendo estas últimas la instalación transitoria de un grupo de vendedores en ciertas calles o plazas. La conducción de los productos en carretas originó el pago de una patente por estas y, en general, por toda clase de coches y carruajes. Muy tardíamente, en la década de 1880, se dictaron los reglamentos para el funcionamiento de mercados y mataderos, y los informes de los intendentes reiteraban las serias deficiencias que unos y otros mostraban. El comercio al menudeo se practicó en almacenes y despachos, en los cuales muy frecuentemente se expendía vinos y licores. También aquéllos eran fuente de crédito para los sectores de más escasos recursos, al permitirles la postergación de los pagos, lo que suponía un encarecimiento de los productos que adquirían.
Tanto la policía de seguridad como las cárceles dependían, en general, de las municipalidades, cuyo permanente estado de insolvencia repercutía en graves limitaciones para una y otras. La situación de las cárceles era, sin duda, extremadamente precaria, tanto por la falta de seguridad de los edificios como por los cortos recursos con que contaban aquellas para el pago de la guardia y el de la alimentación de los reclusos. Por eso fue habitual que las municipalidades contrataran, al concluir el año, un préstamo a corto plazo para atender a los gastos de la alimentación de los presos354. Es posible que esta situación justificara la mantención de la isla de Juan Fernández como lugar de reclusión tanto de presos políticos como de delitos graves contra las personas y la propiedad. El presidio ambulante355, destinado a los presos por delitos comunes en reemplazo de dicha isla, ensayado a partir de 1837 con desalentadores resultados, no impidió que se la siguiera utilizando para tal fin. La construcción de la Penitenciaría de Santiago, que empezó a recibir a los primeros reclusos en 1847, debía significar un cambio en la política penitenciaria, pero su falta de capacidad para custodiar a los presos indujo al ministro Salvador Sanfuentes en 1847 a servirse de la colonia de Magallanes como centro receptor de los condenados por delitos políticos y militares, determinación muy negativa para la consolidación de aquella356. En el decenio de 1870 el ex presidente Montt, entonces senador, sostuvo que, fuera de la Penitenciaría de Santiago, “el estado y la condición de los presidios y establecimientos penales en toda la república son tan malos que no ofrecen seguridad ninguna para guardar a los detenidos”357.
La cárcel más importante, después de la Penitenciaría de Santiago, fue la penitenciaría de Talca, establecimiento creado en 1860, que recibía a los reos provenientes de todas las provincias desde San Fernando al sur. Esto le significaba a la corporación municipal de aquella ciudad gastar más de 10 mil pesos mensuales para la mantención de 250 presos en promedio358.
Abundaron al concluir el periodo los acuerdos para reformar esos servicios, expresados, paradójicamente, en la reducción del personal. Así, en 1886 se acordó disminuir a 804 individuos el número de componentes de la Guardia Municipal de Seguridad, de los cuales 99 formaron una compañía especial denominada Guardia Civil359. Los testimonio que se recogen sobre su falta de suficiencia son reiterativos: “Defectuosa constitución de plana mayor […], deficiencia de su número y exigüidad de sus remuneraciones; está muy lejos de ser una fuerza bien organizada y apta para el desempeño de sus funciones”, se diría de la Guardia Municipal de La Serena, juicio aplicable a cualquier otra ciudad de Chile360.
FORMAS DE SOCIABILIDAD
El proceso emancipador, concluido en el decenio de 1820, trajo evidentes cambios en la sociedad, que parecen haber sido más bien exteriores. La sustitución del régimen monárquico por otro republicano supuso la desaparición de los signos que representaban las diferencias en una sociedad dotada de ciertos rasgos estamentales y que contaba con grupos privilegiados.
