relación entre clientelismo político y corrupción. Aparte de una publicidad política gratuita en televisión y de una asignación parlamentaria, como formas de financiamiento público, no se sabe cuánto y de dónde provienen los recursos, cuál es la influencia de los grupos de interés.13
Lo cierto es que la experiencia de la corrupción impulsó no solo una agenda a favor de la modernización del Estado, con la creación del servicio civil y la alta dirección pública en el Gobierno de Ricardo Lagos, sino la creación de instancias institucionales que cambiaron los límites de público y privado del servidor público a través de medidas a favor de la transparencia, instituidas en el Consejo de Transparencia.
Presicracia y centralismo
La Concertación perdió el poder por el desgaste de veinte años de gobierno debido al estilo presicrático que le impidió renovarse (como los socialdemócratas suecos o noruegos que han logrado ser hegemónicos durante décadas). La consolidación final del núcleo presicrático se produjo antes de la derrota electoral de 2009: se crea una Junta de Gobierno (2007) que se reúne todos los lunes en La Moneda, conformada por los cuatro presidentes de los partidos de la Concertación (DC, PPD, PS y PR) y los cuatro ministros influyentes (Interior, Gobierno, Presidencia y Hacienda). La preocupación de los presidentes anteriores por «cuidar» la diversidad de la Concertación (incluyendo a las minorías relevantes de los partidos) fue desplazada en el periodo final.
En el ámbito del regionalismo, la Concertación fue la única coalición del llamado mundo progresista del mundo (socialdemócrata, socialista y laboristaverde) y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que combina sistema electoral hipermayoritario con centralismo (designación de autoridades regionales) y un marcado presidencialismo en desmedro de potestades colegiadas y parlamentarias.
En los momentos electorales críticos para la Concertación, como en diciembre del año 1999, cuando Lavín empató con Lagos en las encuestas, la Concertación sacó de las catacumbas la propuesta reformista de regionalización, pero luego no quiso legislar nada14 más allá del statu quo de las reformas de las elecciones de los alcaldes y concejales del año 2004. Todos los presidentes (1990) de la Concertación prometieron, al menos, la elección democrática de consejeros regionales, pero nunca le dieron urgencia a dicho proyecto, que quedó inconcluso. El núcleo del rechazo fue el mundo parlamentario, que veía como una amenaza la competencia en los distritos para no perder la posibilidad de negociar proyectos y prebendas por sus votos, reproduciéndose el sistema de brokers15 de poder clientelar con el Gobierno central.
La Concertación no quiso elegir gobiernos regionales, ni alcaldes metropolitanos, ni buscó con fuerza un arreglo constitucional con la derecha para oxigenar el sistema binominal. La Concertación fue una coalición conservadora e implacable en el uso del poder, mimetizándose con el estilo presicrático (presidencialismo/centralismo) de las corrientes autoritarias del continente.16
Los partidos, convertidos en «máquinas clientelares», y los parlamentarios, transformados en intermediarios en tres direcciones. Primero, hacia abajo deben dar proyectos a los dirigentes vecinales. Segundo, hacia el lado están obligados a distribuir trabajo entre los dirigentes partidarios que les aseguran el soporte interno. Tercero, hacia arriba deben lealtad a los barones partidarios que les aseguran las parcelas de influencia. Esta triangulación, en ningún caso, incentivaba la desconcentración del poder a nivel local.
A su vez, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una porción ínfima del gasto público. Respecto al gasto público descentralizado, Mario Rosales calculó un 12% municipalizado y un 3% el regionalizado con autonomía (Rosales, 2012). Chile se mueve en el 15% de gasto subnacional, siendo el promedio de América Latina el 20%, con países líderes en el 30% (Colombia, Argentina, Brasil), aún lejos del 40% de la OECD.
Ana María Ezcurra17 (1996) explicó la expansión de los fondos sociales discrecionales de los gobiernos centrales de América Latina y el Caribe, impulsados por el Banco Mundial, con tres objetivos: generar un colchón de asistencialidad ante las reformas neoliberales para evitar estallidos sociales, lograr una acción eficiente en las comunidades por esta vía desconcentrada subordinada (ya que no fortalece espacios descentralizados virtuosos) y como elemento de gobernabilidad, ya que ayudan al disciplinamiento político (la búsqueda de estos recursos por el congresista-intermediario-asistente social).
La dispersión del poder que implicaba la descentralización en ningún caso aseguraba el término de la corrupción, pero sin duda modera las cadenas retroalimentadoras que convierten a los parlamentarios en asistentes sociales de los distritos, ogros filantrópicos del territorio, alejado de todo marco de políticas públicas sustentables a los mecanismos de movilidad social e igualdad de oportunidades.
La instauración de los brokers
En Chile el sistema político concentrador moldeó un estilo (cultura política) que se hizo hegemónico de la Concertación, que no pudo y/o no quiso modificarlo: presidencialismo, centralismo y sistema electoral hipermayoritario, en el cual, como ha reiterado Nohlen, son las cúpulas de los partidos pactantes las que deciden por el elector si tiene alternativas.18 De este modo, se desplazó el poder desde los intelectuales críticos, dirigentes partidarios tradicionales (tribunos con ideas) y líderes sociales, hacia barones, los hombres que controlan los partidos y aseguran el orden de la Coalición, en una combinación de ministros en La Moneda y poder territorial-parlamentario en el sistema de designaciones centrales de cargos clave y negociación de los cupos parlamentarios. En apariencia, esos tres elementos fueron amortiguados, pero permanecieron las claves del poder que reforzaron a los barones.
El sistema de selección de altos directivos se implementó desde el año 2004 de manera gradual sin afectar al intenso sistema de designaciones territoriales (el político como broker), los partidos fueron refractarios a procesos de primarias amplias hasta antes de la derrota del año 2009, y el poder de la tecnocracia es sobrerrepresentado, ya que coincidimos que esto fue relevante especialmente en el Ministerio de Hacienda, pero no en el resto del Gabinete, en el que siempre las nominaciones fueron mediatizadas por la militancia19 y la cercanía a los grupos que controlaban el poder de los partidos.
La Concertación no dispersó el poder ni amplió su coalición; al contrario, la fue achicando y no le importaron las deserciones; no quiso debatir la posibilidad de innovar con un sistema semiparlamentario en medio de la epidemia caudillista-presidencialista de América Latina, lo que había sido planteado en los inicios de la Transición.20 Aquí estuvo el núcleo de su declive. La diversidad colorida21 del No triunfante del año 1988 culminó con la derrota en la junta opaca del año 2009, entendiendo la junta como la expresión del juntismo, es decir, un estilo jerárquico, comité pequeño que detenta las decisiones políticas claves, el núcleo de poder real de la fase final de la Concertación.22
Al combinar la historia y la ciencia política, encontramos que hay causas estructurales que refuerzan el comportamiento de constituir un sistema democrático basado en una presicracia. Es más, hay razones obvias de reforzamiento entre las conductas de los líderes políticos, la cultura partidista, el régimen político y el sistema electoral23 que acentuaron las formas y el fondo del régimen de Pinochet, en las prácticas y procedimentales de la institucionalidad democrática de los gobiernos de la Concertación.24
El hecho clave de la política se desplazó desde las agendas prorreformas a la atención nacional de las largas negociaciones intercoaliciones con los partidos de derecha e intracoalición, entre los partidos de la Concertación, hasta minutos antes del cierre de las inscripciones para candidatos al parlamento o las alcaldías, donde siempre había sorpresas: candidatos «bajados» y designaciones sin competencia para favorecer a personajes claves.
En
