investigador de la resistencia antifranquista, que «no puede olvidarse ni minimizarse la centralidad de la violencia represiva en toda su trayectoria desde sus sangrientos orígenes hasta sus últimas ejecuciones en septiembre de 1975».1 Aunque por parte del régimen hubo, evidentemente, iniciativas para asegurar(se) la aceptación de amplios sectores de población, éstas no iban dirigidas a alcanzar un «consenso activo y entusiasta»,2 como propagaban por ejemplo los nacionalsocialistas alemanes con su concepto de Volksgemeinschaft o comunidad nacional-racial. El franquismo, definido y legitimado hasta la muerte del dictador exclusivamente mediante el discurso de la guerra civil como victoriosa «campaña» contra las fuerzas republicanas y socialistas, excluyó desde un primer momento la posibilidad de integrar precisamente a aquellos grupos de población pertenecientes a los perdedores, es decir, a los antiguos partidarios de la República. La falta de un concepto visionario integrador, como el que existía en la Italia fascista y en Alemania, estaba estrechamente ligada a la falta de seguridad que sentía un régimen que debía de suponer en las fuerzas republicanas derrotadas una amenaza constante para la estabilidad del Estado franquista. Los garantes para el mantenimiento de un consenso general silencioso y pasivo fueron la intimidación permanente de la población y la despiadada represión de sus enemigos políticos.
Hasta finales de los años cincuenta España padeció, a consecuencia de la guerra civil y sobre todo de la autarquía económica ordenada por Franco, una economía de escasez extrema. El atraso industrial, el racionamiento, los bajos sueldos y un abastecimiento general crónicamente deficiente se añadieron al sufrimiento de los vencidos que, en el caso de no haber sido víctimas de las limpiezas de los «nacionales», es decir, de fusilamiento o encarcelamiento, tuvieron que soportar condiciones extremas. Para la generación de la guerra fueron «años de silencio»: comunistas, socialistas y líderes sindicales fueron al exilio o se encontraban presos, mientras que el miedo extendido al aparato represivo franquista hizo que se abandonara la resistencia activa. Las ideas de oposición eran transmitidas en el ámbito familiar, especialmente en los tradicionales núcleos obreros de las zonas industriales, impregnadas por la tradición de un fuerte movimiento sindical anarquista y socialista, pero no eran expresadas abiertamente. Tradicionalmente los sindicatos habían sido la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato próximo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Durante la dictadura éste último desaparecería del escenario político prácticamente hasta la Transición, mientras que los anarcosindicalistas oscilarían entre la resistencia y la colaboración con el sindicato franquista. El PCE sería el único partido en el exilio que, dentro de España con su intensa actividad clandestina y desde el exterior con la creación de la ya mencionada Radio Española Independiente, en los años cincuenta mantendría vivo el espíritu de la oposición.
Sólo a partir de finales de los años cincuenta, con los ya mencionados cambios económicos, políticos y sociales, la galopante industrialización de la sociedad española y las mínimas reformas promovidas por el régimen, se formó una «nueva» generación de la resistencia: una generación que no había vivido como adultos ni la guerra civil ni la primera posguerra y que no había experimentado el miedo paralizante de sus padres y madres ante la represión. No obstante, la nueva generación se apoyaba en redes sociales preexistentes y se aprovecharon de la influencia y de las tácticas de los activistas veteranos de la CNT o la UGT. Esto no quiere decir que no hubiera intento alguno de reorganizar en la clandestinidad a los partidos y sindicatos opositores, pero sus líderes, que eran los que habían sido encargados de (re)construir las estructuras de partido, fueron descubiertos y detenidos en fechas muy tempranas por la policía secreta franquista.
A partir de la década de 1960 surgió en toda España, desde los núcleos industriales del país, un nuevo movimiento de resistencia, dirigido por las denominadas Comisiones Obreras (CCOO), muy próximas al Partido Comunista. No obstante, éstas no se entendían a sí mismas como un sindicato tradicional, sino que eran más bien agrupaciones temporales de intereses, constituidas en el interior de una fábrica para alcanzar una determinada reclamación no-política (por ejemplo, la ampliación de la duración de las pausas o las mejoras de las condiciones de trabajo). Puesto que tales exigenciasevidentemente siempre y cuando fueran desarrolladas de forma no comprometedora y carecieran de marcado carácter políticono eran constitutivas de delito, estas comisiones podían con cierta habilidad conseguir mejoras en las condiciones de trabajo y en la remuneración del mismo. En una fábrica como Sagunto, con una plantilla de cinco mil personas, dichas reclamaciones tuvieron éxito si sus líderes conseguían movilizar al efecto al mayor número posible de trabajadores.
Los primeros años sesenta estuvieron marcados, en Sagunto como en todo el país, por grandes oleadas huelguísticas, iniciadas por una nueva generación consciente de sí misma, pero que pronto chocaron con los límites impuestos por la intervención de la fuerza policial y la imposición del estado de excepción. Hubo, por tanto, que encontrar nuevas vías para resolver los conflictos. En 1958 el régimen había establecido con la promulgación de la Ley de los Convenios Colectivos un nuevo marco legal que posibilitaba la participación directa del trabajador en las negociaciones de los convenios colectivos con el empresario y permitía la elección democrática de los representantes de los trabajadores en el jurado de empresa. Hasta el final de la dictadura el único sindicato permitido fue el sindicato vertical (oficialmente denominado: Organización Sindical Española, OSE), un sistema sindical unificado según el ejemplo mussoliniano. Cualquier otra agrupación política o sindical estaba prohibida. El régimen veía en la participación pseudo-democrática de los trabajadores en el sindicato la posibilidad de ligar más estrechamente a sus adversarios al sistema y, a su vez, de presentarse en el exterior, de cara a las aspiraciones europeas, como moderno y dispuesto a llevar a cabo reformas. Al principio, la mayoría de los trabajadores, influidos por los tradicionales sindicatos UGT y CNT, rechazaron la participación en el sindicato único fascista, puesto que no querían legitimar con ello el propio sistema. Apoyándose en la estrategia estalinista del «entrismo» propagada desde Moscú, el PCE animó a sus partidarios a participar en las elecciones sindicales y en los Comités de empresa, así como a participar activamente en el sindicato vertical. Los «mejores activistas» tenían que presentarse como candidatos a las elecciones de representantes sindicales de la OSE para, una vez elegidos, penetrar en el aparato estatal y socavarlo. La táctica tuvo éxito y en efecto, a partir de la mitad de los años sesenta, los comunistas predominaban en los puestos de los Jurados de Empresa como representantes de los trabajadores, si bien cabe señalar que, por principio, el régimen denominaba «comunista» a todo opositor. Las Comisiones Obreras se organizaban a nivel suprarregional y aprovechaban siempre el marco institucional facilitado por el Estado. En paralelo se habían organizado en la clandestinidad grupos de oposición política: para ello muchos resistentes utilizaban su doble militancia y la posición relativamente protegida que el sindicato estatal les proporcionaba.
A partir de los años sesenta comenzó también la integración activa de representantes de la Iglesia en el movimiento clandestino. Guiados por las ideas del Concilio Vaticano II, los llamados curas obreros o curas progres, es decir, jóvenes eclesiásticos anhelantes de reformas que aprovechándose de la protección que les brindaba el Concordato, facilitaron cobertura y ayuda a los movimientos de oposición: pusieron a disposición de ésta lugares de reunión, le posibilitaron el acceso a multicopistas y la difusión de octavillas.
En los años setenta entraron en escena otros protagonistas que, independientemente del predominio de Comisiones Obreras en las empresas, buscaban nuevas estrategias de oposición. Los movimientos vecinales introdujeron en sus barrios mejoras de las infraestructuras y culturales e intentaron así mejorar las condiciones de vida bajo el régimen franquista. Principalmente las mujeres, excluidas en su mayoría de la vida laboral y sindical, tuvieron una participación activa en estas asociacionesde puertas para afueraapolíticas. De la misma manera surgieron grupos de la nueva generación joven, bajo el manto de la promoción del deporte y la cultura. En Puerto de Sagunto había, por ejemplo, el «Club de Teatro», una asociación de jóvenes actores amateurs, que representaban obras de crítica social de autores como Brecht, sin dejar de chocar para ello con la resistencia de la censura fijada
