a la represión política ejercida desde el poder. Era notorio que las últimas decisiones de aperturismo hacia el poliasociacionismo promulgado por el régimen estaba destinado al fracaso, sobre todo si tomamos como ejemplo la disolución de asociaciones de acción política, denominación impuesta por el ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, a las asociaciones políticas según proyecto presentado en mayo de 1970. Sin embargo, aunque no se especificaba en que se basaba dicha acción, esta estaría bajo el control de un delegado nacional para la acción política dependiendo del Consejo Nacional del Movimiento por lo que, con esta nueva tentativa, el asociacionismo seguiría bloqueado poniendo en entredicho la viabilidad del nuevo proyecto político y social160.
La CCFPC, en sintonía con la problemática social y aprovechando el impulso reivindicativo de la clase obrera, repartió un comunicado a finales de agosto de 1970 haciendo referencia a la Diada Nacional del 11 de septiembre, declarando esos días como jornadas de lucha por las libertades nacionales de Cataluña y reclamando el retorno de la soberanía al pueblo para que este, democráticamente, pudiera orientar libremente su futuro unido al restablecimiento de la democracia en el España161. El 3 de noviembre de 1970, en las jornadas de protestas y huelgas por la amnistía, se reforzó de nuevo la idea de movilizarse en contra del consejo de guerra realizado en Burgos donde se habían dictado penas de muerte contra varios militantes de ETA.
Por otro lado, era desalentador que los medios de comunicación legales, o sea, los controlados y censurados en su mayoría, hicieran caso omiso de la importancia de los hechos de actualidad reivindicativa, publicando pequeñas notas informativas y poniendo en grandes titulares temas más cotidianos como las declaraciones del asesino de Sharon Tate, Charles Manson, que acaparaba los titulares de la información internacional, o el caso Matesa que, aun siendo un tema familiar, seguía en auge. Este era el contrasentido de la triste realidad de una sociedad manipulada por un régimen totalitario que poco a poco dejaba en evidencia su debilidad.
152. FRC, AJR, «Associació de Amics de les Nacions Unides. Correspondencia», Carpeta 64/4, 1-1-1970.
153. Kosygin, Aleksej Nicolaevic. Presidente del Consejo de ministros de la URSS (1964-69).
154. Primer ministro de Gran Bretaña (1964-70) y (1974-76).
155. El propio Sicco Mansholt, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Mercado Común era contrario por reservas de tipo político al ingreso de España en la Comunidad. Tele/eXpres, 2-2-70.
156. FRC, AJR, «Comissió Permanent de Forces Polítiques de Catalunya. Al Poble de Catalunya», Carpeta 104/9, 24-01-1970.
157. BALFOUR, Sebastián, La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Ed. Alfonso el Magnánimo, 1994, p. 171.
158. ABELLA, Rafael, La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco, Barcelona, 1985, p. 223. BALFOUR, Sebastián, op. cit., pp.160-167.
159. FRC, AJR, «Comissió Permanent de Forces Polítiques de Catalunya», Carpeta 104/10, 1-4-1970. También ver Treball, enero de 1970.
160. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 190. El diario YA proponía una solución para resolver el «problema del siglo». Tenía tres dimensiones: gobiernos independientes de las Cortes, asociaciones políticas dentro del Movimiento y una cámara legislativa que fiscalice, en Tele/eXpres, 2-3-1970.
161. FRC, AJR, «Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Al pueblo de Cataluña», Carpeta 104/13, 30-08-1970.
El encierro de Montserrat. Diciembre de 1970
En diciembre de 1970 concluyó el llamado Proceso de Burgos, juicios sumarísimos efectuados contra militantes de ETA acusados del asesinato, en agosto de 1968, del jefe de la Brigada de Investigación Social de la Policía de San Sebastián, Melitón Manzanas. De los diez y seis encausados, seis lo fueron bajo pena de muerte, encontrándose entre los restantes dos sacerdotes. Las repercusiones políticas y sociales tanto a nivel nacional como internacional sobre este proceso representaron para buena parte de la ciudadanía española una clara apuesta desde el poder para demostrar la intransigencia del gobierno ante las protestas de una parte insumisa de la sociedad.
En Cataluña, el PSUC, como partido mejor organizado, tomó la iniciativa de lucha ante estos acontecimientos, proponiendo como presión mediática un encierro simbólico en la catedral de Barcelona; sin embargo, al no tener permiso del Arzobispado, se buscaron otras alternativas.
El 3 de noviembre de 1970, un mes antes del inicio de los juicios de Burgos, aconteció una jornada de paro y protesta generalizada por iniciativa de CC.OO., exigiendo la libertad de los etarras que iban a ser juzgados. Tras varias interpretaciones, la revista Treball calificó la jornada como un éxito, a pesar de que los medios oficiales calculasen que el paro afectó solo a 5.816 trabajadores y que se concentró en ciudades como Lérida, Mataró y Tarrasa, y más concretamente en las empresas Pirelli, Seat, Siemens, Unidad Hermética y Agroman.
Sin duda, a principios de 1970 el sindicato CC.OO. acumulaba casi todo el protagonismo en la lucha obrera, ya que la influencia de la UGT en Cataluña era insignificante debido a su oposición a la entrada clandestina de sus delegados sindicales en la organización Sindical Española (OSE), como así lo hicieron las CC.OO. De esta forma, como parte de la amplia alianza antifranquista que los comunistas esperaban constituir, en noviembre de 1971, las CC.OO. catalanas jugarían un papel importante en la fundación de un movimiento popular a favor de los derechos nacionales de Cataluña, la Asamblea de Cataluña162.
Las protestas estudiantiles en las facultades universitarias catalanas también tuvieron su protagonismo, destacando la de Medicina en la UAB, instalada en el Hospital San Pablo, lugar donde el filósofo y catedrático Manuel Sacristán, que había sido expulsado de la Universidad en 1966163, expuso en un mitin su visión sobre los acontecimientos.
En Euzkadi, la indignación contra el gobierno se generalizó desde distintos frentes, tomando la iniciativa los trabajadores, los estudiantes universitarios y la Iglesia católica, esta última a través del obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, que, junto al administrador apostólico de Bilbao, solicitaron el 21 de noviembre a Franco y su gobierno el cambio a los tribunales ordinarios de los consejos de guerra sumarísimos. Mientras tanto, las huelgas en todo el país se habían generalizado, hablándose de treinta mil manifestantes a principios de diciembre. También en Cataluña se registraron manifestaciones los días, 30 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre. Esto obligó al gobierno a decretar el estado de excepción en Guipúzcoa, extendiéndose la misma situación diez días después a todo el territorio nacional.
Como era de esperar, esta situación tan propicia fue aprovechada por la Comisión Coordinadora, que ya desde el día 26 de noviembre había convocado una concentración en la plaza de Cataluña de Barcelona para el día 30, a las ocho de la tarde, en defensa de la vida de los detenidos de ETA. En dicha concentración se repartieron octavillas donde se repetían frases como: «¡Contra el franquismo-Opus Deísmo!», «¡Acabemos con la violencia de los tribunales especiales!», «¡Amnistía… Por las libertades
