sobrevivencia y convivencia en los espacios públicos de las ciudades y en las carreteras del país.
Ante esta situación —tímidamente descrita en relación a lo terrible que es la verdadera realidad—, la investigación se pregunta si es aceptable dejar que, además, los conductores de vehículos públicos y privados hagan tabla rasa de la prohibición de utilizar el teléfono celular al manejar, lo que aumenta significativamente los riesgos y los daños para la vida, el cuerpo, la salud, la propiedad.
La segunda situación observada en esta obra es la de la utilización indiscriminada, frecuentemente subrepticia, en suma, indebida, del equipo internético móvil (primero de las laptops, las tablets y ahora, con más frecuencia, de los teléfonos inteligentes) durante las clases universitarias. A esta conducta de masiva propagación del uso de la tecnología digital para fines ajenos al desarrollo de las clases puede atribuírsele, hipotéticamente y de modo general, una responsabilidad importante en el decaimiento general del trabajo académico y, en especial, en la pérdida de la atención y del aprovechamiento de los alumnos. No obstante la importancia de este hecho negativo sobre el desarrollo de un sector fundamental del país, como es el de la educación superior, en la investigación no se ha podido encontrar información documentada sobre la adopción de política alguna, privada ni pública, dirigida a evitar las interferencias de la tecnología internética en las clases. Tampoco se ha sabido si las autoridades universitarias han asumido, en forma explícita y pública, una política de desregulación sobre la materia. Simplemente, se ignora el problema y no se toma posición institucional alguna al respecto. Debido a este vacío normativo, las infracciones (por llamarlas de algún modo) de la regla sobre restricción del uso del Internet móvil en clases hasta ahora son establecidas (o no) y tipificadas por cada profesor en forma individual, según su parecer. También las consiguientes medidas correctivas o sanciones son ideadas y aplicadas por cada docente según su punto de vista. Como es de suponerse, tal incertidumbre normativa repercute en interrupciones de las clases, llamadas de atención, confrontaciones y, a veces, incluso actos violentos verbales, gestuales y de conducta, todo lo cual no solo desmerece el ámbito académico, sino que entorpece de manera radical su desarrollo. Hay que anotar, además, que esta situación se produce dentro de una actividad como la universitaria, que, de acuerdo con la observación general, se encuentra en grave deterioro desde hace varias décadas, por lo que el año 2015 se ha puesto en vigencia la Nueva Ley Universitaria 30220 que contiene una reforma legislativa sustancial y que, por ello mismo, no está exenta de polémica.
Ante esta situación de desregulación universitaria, aparentemente asumida no por convicción, sino por inacción, la investigación se pregunta si no resulta aconsejable que las universidades dediquen un tiempo a estudiar el asunto y a establecer consciente y deliberadamente las medidas que resulten pertinentes para que los equipos internéticos contribuyan al proceso educativo.
En cuanto a la utilización del Internet móvil durante el espectáculo cinematográfico, hay que empezar haciendo notar que este entretenimiento público es el de mayor consumo popular en el país. Desde los años noventa, con la introducción de las multisalas y el cambio integral del modelo del mercado cinematográfico, el desarrollo de la actividad de exhibición pública de películas ha seguido incrementándose notoriamente. Debido a las características de su oferta de programación y a sus precios, los cines no solo han mantenido, sino que han aumentado las preferencias del público de toda edad y de toda condición social y económica. Aunque, en los espacios de ingreso a las salas de cine y también mediante algún anuncio proyectado con antelación a la película principal, se advierte al espectador sobre la restricción de uso del Internet móvil durante las funciones, son frecuentes las transgresiones y los consiguientes conflictos cada vez más violentos que se desatan a causa de ellas, sin que, en general, intervengan los empleados a cargo del espectáculo para atender y resolver las pugnas imponiendo el cumplimiento de la norma empresarial cinematográfica. También es necesario destacar que, desde el año 1994, el sector empresarial de la distribución y exhibición cinematográficas carece de regulación y supervisión oficiales especializadas sobre el espectáculo que brinda, por cuanto el Decreto Ley 20574 del año 1974 y su último Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 002-81-0CI/OAJ sobre la Junta de Clasificación de Películas han sido dejados sin efecto de manera informal por las mismas autoridades del Ministerio de Educación, que son las responsables de aplicarlas. Esta situación legal anómala, generada durante el primer gobierno de Fujimori, ha sido mantenida por las sucesivas autoridades de Educación de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y, ahora, Pedro Pablo Kuczynski. A ninguno le ha importado ni interesado que, con la complicidad estatal, se haya instalado y se mantenga la desregulación informal en el sector de la distribución y exhibición cinematográficas, y que los empresarios hayan asumido la facultad de clasificar las películas y de resolver los incidentes que se produzcan en las salas, como el referente al uso transgresor del Internet móvil durante la proyección de las películas.
Ante esta situación de perturbación frecuente causada en el público que concurre al espectáculo masivo de mayor arraigo, la investigación se pregunta si no deberían las empresas exhibidoras hacer que sean realmente efectivos sus mensajes disuasivos sobre el uso del IM durante las funciones y, así, ganar todos con ello: respeto, dinero y disfrute del entretenimiento.
Finalmente, respecto a la cuarta situación escogida para observación, sustancialmente diferente al conjunto de las tres anteriores, que es la del uso del Internet móvil en las reuniones familiares o de amigos, todos somos testigos de las constantes llamadas de atención, o discusiones, que se suscitan al respecto entre los integrantes de la familia o en grupos de amigos. Es frecuente, en dichas ocasiones, el fenómeno conocido como phubbing, que consiste en que los asistentes dan preferencia al uso del aparato de telecomunicación (antes teléfono celular o móvil, hoy Internet móvil) en desmedro de la interacción directa con las personas presentes. La proliferación de este comportamiento de dar prioridad a la comunicación virtual sobre la presencial plantea cada vez más interrogantes y despierta cada vez más el interés de los estudiosos de Internet. En esas reuniones, algunos de los asistentes arguyen que el instrumento tecnológico afecta gravemente el intercambio familiar o amical directo, mientras que otros lo niegan. Por todo ello, esta situación de uso transgresor del IM en la vida cotidiana también merece ser observada y analizada, aunque este comportamiento no viole una norma legal o institucional, sino solo una norma individual o social que, a veces, se expresa espontáneamente durante el mismo evento. No puede dejar de reconocerse, sin embargo, que esta situación es fuente de discusiones y pugnas que no siempre se manejan o resuelven positiva o pacíficamente en el momento de la reunión, sino que, incluso, se prolongan hasta el hogar y, quizá, agravan las relaciones ya deterioradas.
Ante esta situación, la investigación se pregunta si hay suficiente conciencia personal y familiar respecto a cómo evaluar y afrontar esta nueva forma de interacción y de posible adicción, sobre todo, de los más jóvenes.
Entre algunos de los logros que se han pretendido alcanzar con el desarrollo de esta investigación, se halla el de conocer si, de modo general, el uso transgresor de los instrumentos móviles o portátiles de Internet, especialmente en las situaciones que han sido observadas, constituye una nueva expresión y un nuevo factor de reforzamiento o incremento de la actitud ciudadana masiva que he calificado de “anomia de convivencia cotidiana”, sobre todo en los espacios públicos, dentro del fenómeno general de anomia o de cultura nacional de transgresión, es decir, de incumplimiento cotidiano mayoritario de una serie de normas mínimas o básicas de civismo, educación, urbanidad, cortesía, etiqueta (o como se les quiera llamar), que tienen que ver, fundamentalmente, con el respeto por los demás. Son normas, en algunos casos, todavía formalmente vigentes en el plano legal, institucional y social en el país, pero cada vez con más escasa aplicación en la práctica.
La más lejana inspiración de esta obra proviene de alrededor del año noventa. Un alumno del curso de Sociología de Derecho, motivado por el estudio que hicimos en clase de la creciente situación problemática del tránsito
