Maynard Keynes definió esta situación como la “paradoja del ahorro”. Cuando todos economizan al mismo tiempo sin que haya consumo para promover la inversión, se lleva a la economía a la falacia de composición. Ésta implica que lo que se cumple para las partes, no necesariamente se cumple para el todo. Cuando todos practican la austeridad al mismo tiempo el resultado no es positivo: se contrae la economía en todas sus actividades. Las políticas de austeridad terminan siendo contraproducentes. Keynes combatió la “austeridad impuesta”, como la aplicada en el Tratado de Versalles. La experiencia lo llevó a escribir su libro The Economic Consequences of the Peace, en el cual prácticamente predice el desenlace de otra guerra mundial como consecuencia de las imposiciones impuestas al pueblo alemán.
La Gráfica 6 ilustra dicho fenómeno. En el eje vertical aparecen el ahorro y la inversión. En el horizontal, la producción. El punto E, donde se intersectan la inversión y el ahorro, representa el nivel inicial de producción, Y0. Cuando el ahorro aumenta, la curva original S se desplaza hacia arriba, hasta llegar al nivel S1, representado por una línea punteada. Podrá observarse cómo la nueva intersección entre el ahorro y la inversión se ubica ahora en el punto H, para el cual, el nivel de producción Y1 es menor que la producción inicial Y0. El incremento del ahorro derivó en una caída de la producción. Paradójicamente, el hecho de que todo el mundo ahorre de manera simultánea lejos de beneficiar a la economía trae como consecuencia una caída de la producción. Este fenómeno, planteado de manera insigne por Bernard Mandeville en la Fábula de las Abejas, claramente se adapta a la dinámica de las economías nacionales, inclusive de las regionales, cuando se adoptan simultáneamente regímenes de austeridad.
Para evitar un efecto contrario al deseado, la compleja relación entre consumo y ahorro debe ser fiscalizada. El Estado debe intervenir oportunamente en esta relación. Es innegable que, en determinadas circunstancias, resulta necesario que las economías nacionales limiten sus gastos. Ciertamente, el desbordamiento de las deudas soberanas puede generar desbalances críticos entre ingresos y gastos. Pero cuando la austeridad se instaura como régimen generalizado, se corre el riesgo de que provoque, también de manera generalizada, severas contracciones en la producción de las economías involucradas.
La noción de que la reducción de las tarifas impositivas impulsa la inversión, el crecimiento económico y, por ende, una mayor recaudación fiscal, ha sido fuertemente impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a raíz de la crisis de 2008 (FMI, 2012). No obstante, la evidencia empírica apunta a que el aumento de recaudación fiscal como resultado de la reducción a la tasa marginal impositiva sólo se verifica para el caso de economías consolidadas. En tales economías, la tasa marginal impositiva puede aproximarse a cero, e inclusive asumir valores negativos. La gráfica 7 que alude a la célebre curva de Laffer ilustra los efectos que pueden tener diversos escenarios fiscales en términos de niveles de captación y de crecimiento económico.
Bajo esta racionalidad se afirma que la reducción de impuestos a las empresas redunda directamente en reinversión de utilidades y, por ende, expansión económica. Sin embargo, lo anterior no necesariamente se cumple para las economías emergentes. Cuando el ámbito empresarial está invadido por empresas transnacionales, la repatriación de utilidades y expansión hacia nuevos destinos producen comúnmente que los sacrificios de ingresos públicos que representan las reducciones fiscales a las empresas terminen rindiendo frutos fuera de las fronteras. A su vez, las mermas en la captación fiscal reducen la capacidad de amortización de la deuda soberana. Cuando los países gozan de baja capacidad de pago, las variaciones de su déficit público implican, indefectiblemente, incrementos de las tasas de interés de su deuda. A consecuencia de la menor confianza, se afectan en cascada la inversión fija, el consumo interno, el tipo de cambio, el nivel de precios y el producto agregado. Dado que los acreedores financieros focalizan su atención en las variaciones de corto plazo de la relación (deuda/producción), la austeridad reduce al mínimo los grados de libertad para impulsar el crecimiento mediante expansión del gasto corriente e inversión públicos. Así, el propio régimen de austeridad tiende a constituirse como principal factor de desaceleración de la actividad económica. Krugman ha sido claro al enfatizar esta problemática: “en la medida en la que se les esté imponiendo a las economías emergentes, las políticas de austeridad estarán produciendo cada vez peores resultados” (Krugman, 17 de mayo de 2013).
No obstante, los organismos financieros internacionales continúan promoviendo las “bondades” del régimen de austeridad. Entre éstas, se ha venido enfatizando en los últimos años la sustentabilidad fiscal. Desde la visión del FMI, la búsqueda de la sustentabilidad fiscal no va necesariamente en contra de otras acciones estatales a las que comúnmente se recurre para estimular la economía. A decir del Banco Mundial (BM), los gobiernos de países emergentes cuentan con márgenes de acción suficientes para impulsar la economía bajo esquemas de austeridad. “Grandes pasivos contingentes de largo plazo, como las pensiones con garantía estatal, podrían fácilmente liberarse a través de medidas como el incremento de la edad de jubilación” (Korpi, 2003:440).
Sin mencionar la reacción social que inducen, planteamientos como el anterior soslayan cuestiones tan fundamentales como que la prolongación forzada de la vida laboral requiere previamente la resolución de las carencias de los servicios públicos de salud. Lo anterior constituye un peso adicional que gravita sobre el presupuesto estatal y que fácilmente puede superar el ahorro que se busca al elevar la edad de jubilación.
Otros rasgos característicos de la austeridad se relacionan con la inequidad en la distribución de los costos económicos y sociales que implica. La reducción del gasto público no afecta simétricamente a los distintos estratos de la población. Mientras los estratos bajos dependen vitalmente de los servicios públicos y de la existencia de programas sociales, los estratos altos cuentan con alternativas para sortear los efectos de las reducciones al gasto social. Inclusive pueden verse beneficiados si saben aprovechar financieramente las fluctuaciones en los mercados financieros que se generan con los cambios de calificación del grado de inversión y riesgo soberano.
A partir de que la austeridad comienza a generar sus primeros efectos adversos sobre el crecimiento, la reducción del grado de inversión se constituye como una amenaza adicional sobre las economías emergentes. Las primas adicionales de riesgo que se deben pagar para compensar a los acreedores financieros representan mayor carga sobre el presupuesto público. Ello estrecha aún más los márgenes de acción de la política fiscal.
El prolongado sostenimiento de un régimen de austeridad en el mundo ha revelado que los supuestos que se aducen para sostenerlo no se cumplen en general. El supuesto de la confianza del consumidor es un ejemplo. Dicho supuesto parte de que los consumidores, al observar la adopción de medidas estatales de austeridad para sanear las finanzas públicas y aligerar el peso relativo de la deuda soberana, aumentarán su nivel de gasto. Lo anterior, bajo la expectativa de que, en un futuro cercano, el gobierno, saneado financieramente, tendrá menor necesidad de cobrar impuestos. La disminución de impuestos hará entonces que los créditos adquiridos no afecten la capacidad de consumo presente.
No obstante, la realidad muestra que cuando un gobierno adopta un régimen de austeridad, la propensión del consumidor tiende a replicar la conducta austera del gobierno. “Si el gobierno se conduce de esta manera, seguramente es porque se avecinan tiempos más difíciles” (Beetsma, 2015). Así, los recursos financieros disponibles son reservados por los consumidores para cuando la situación económica se vislumbre mejor. Ello reduce el consumo total y por ende el crecimiento económico. Razones análogas hacen que tampoco se verifique el supuesto de la activación de la inversión empresarial. Inclusive las pequeñas y medianas empresas se pueden ver obligadas a contraerse como resultado del aumento de las tasas de interés vinculadas a las altas primas de riesgo que suelen acompañar a los regímenes de austeridad.
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