habitacional chileno ha desarrollado menos y en una zona que se vio afectada por el terremoto (de 1985) (Arriagada Luco y Órdenes, 2011, p. 7).
No obstante, la situación ha cambiado fuertemente en la última década. El mismo programa de investigación identifica diez años después de su primera publicación una situación diferente, marcada por cambios en la estructura de oferta y demanda de vivienda, alza del arriendo y la reorganización del sector inmobiliario global y local como base de un boom de procesos de renovación urbana, rentismo y surgimiento de negocios de subarriendo precario para migrantes (Arriagada-Luco & Jeri Salgado, 2020, p. 7). El trabajo de Contreras, Ala-Louko y Labbé (2015) ha profundizado en las condiciones de acceso en espacios tugurizados y de deficiente habitabilidad en barrios donde conviven personas migrantes vulnerables con nuevas clases medias, e incluso con algunas tendencias de gentrificación.
Durante la última década se incrementan las deficientes condiciones de habitabilidad en la que acceden a una vivienda las personas migrantes. El análisis de Razmilic (2019) sobre información censal y Casen 2017 muestra que cerca del 20% de la población migrada habita en condiciones de hacinamiento, duplicando a la población no migrante. El déficit habitacional cuantitativo, que consiste en calcular la necesidad de viviendas para abordar situaciones de hacinamiento y allegamiento, se estimó en el año 2017 en algo más de 400 mil unidades de vivienda a nivel país. La población migrante representa el 13,8% de este déficit, con especial presencia en comunas de la Región Metropolitana. Los datos estadísticos disponibles son claros en mostrar la desigualdad en las condiciones de habitabilidad entre población migrante y no migrante. En una línea similar, el informe de Fundación Techo (Centro de Investigación Social, CIS TECHO-Chile, 2017) destaca la condición de informalidad de acceso a la vivienda. Esta situación afecta desigualmente a distintos colectivos, siendo personas de origen haitiano las que más acceden a viviendas sin contrato, mientras que personas de origen venezolano acceden comparativamente en mayor número en condiciones formales. Esta situación evidencia una clara discriminación por ingresos económicos, educación formal y raza en las formas de acceso a la vivienda, deviniendo en un factor que refuerza la vulnerabilidad de determinados colectivos (Contreras et al., 2015).
El concepto de «arriendo abusivo», si bien existe en la legislación chilena, su aparición pública en años recientes se encuentra estrechamente vinculada a la situación migrante. Troncoso, Troncoso y Link (2018) plantean la necesidad de redefinir el concepto, pues está basado en una relación asimétrica entre arrendador y arrendatario, construido sobre una falta de información y especulando con las limitadas posibilidades de la persona migrada de acceder a otras alternativas habitacionales. El arriendo abusivo se suele vincular con bajas condiciones de habitabilidad, precios de arriendos comparativamente altos e inseguridad de la tenencia. Identificada esta situación que padece un importante número de personas, algunos estudios han propuesto la necesidad de que los programas habitacionales y normativas particulares aborden características de la población migrada (Arriagada-Luco & Jeri Salgado, 2020). Si bien se ha expresado la preocupación de cómo la política regular no logra proteger a personas migradas vulnerables, aún no se han realizado pasos concretos, tal como expresa un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, sobre las limitaciones que experimentan migrantes para acceder al sistema de subsidios de arriendo (MINVU, 2018).
El estudio de la situación habitacional ha estado principalmente focalizado en el análisis estadístico o en la descripción de situaciones de arriendo abusivo (Arriagada Luco y López, 2018; Contreras et al., 2015). El acceso a vivienda por medio de un asentamiento precario, como son los campamentos, ha tenido atención descriptiva y analítica, principalmente en ciudades como Antofagasta o en una escala a nivel país (CIS TECHO-Chile, 2017; López-Morales, Flores, y Orozco, 2018). En Santiago, especialmente en comunas periféricas, han aumentado los residentes extranjeros en asentamientos precarios. Una revisión de prensa permite identificar que desde el 2018 se empiezan a publicar numerosos artículos periodísticos que plantean esta tendencia creciente, pero aún hay pocos estudios en esta dirección que puedan aportar no solo a describir la situación migrante, sino también comprender nuevos procesos de los asentamientos precarios. En esta línea, el trabajo de Palma (2020) se centra en Colina, y destaca las posibilidades que ofrecen los campamentos para que las familias puedan adaptar el espacio habitacional a sus necesidades, pese a la precariedad. Esta afirmación es coherente con resultados de estudios de la última década sobre campamentos, que identifican razones similares esgrimidas por población no migrante: altos precios de arriendo y consideraciones de seguridad (Brain, Prieto, y Sabatini, 2010; Rivas, 2013). La relación entre nuevos campamentos y población migrada requiere reconceptualizar la situación de los asentamientos precarios, vinculando esta reemergencia a programas habitacionales, expectativas y conocimientos de habitar de las personas migradas con mercados de vivienda y suelo entregados al imperio de la ganancia privada (Imilán, Osterling, Mansilla, y Jirón, 2020).
La perspectiva de la vivienda como objeto y fuente de recursos de integración es uno de los tópicos clásicos que vincula la investigación urbana con migración. El trabajo de J. Riis de fines del siglo XIX en Nueva York, la Escuela de Chicago y la sociología urbana en general han abordado profusamente este campo, la mayoría de las veces desde un enfoque funcionalista y de análisis de desigualdades distributivas, produciendo evidencias de cómo las condiciones raciales y étnicas juegan como factor de discriminación e incremento de la precariedad. Más allá de los análisis de acceso, la vivienda también es un espacio con dimensiones significativas y sensibles que las personas apropian y transforman, formando parte de/en las experiencias de desarraigo y adaptación. En la relación vivienda y migración, el concepto de hogar tiene una significancia especial cada vez más visitada por la investigación internacional (Miranda Nieto, Massa, & Bonfanti, 2020). La vivienda aquí no es vista como un objeto o un bien, sino como proceso de espacialización de una experiencia migratoria. En esta línea, para Santiago, el trabajo de Bonhomme (2013) plantea cómo las materialidades al interior de las viviendas, objetos y decoraciones juegan un rol de apropiación, de construcción de un espacio bajo control por parte de sus habitantes. De forma similar, Imilan (2017) sugiere, a través del análisis de una práctica de la vida cotidiana, cómo es el cocinar, las diversas emociones, memorias y significaciones que permiten re-crear un hogar desde la experiencia migrante; la vivienda, entonces, deviene en un espacio construido de afectos, memorias y nuevos sentidos.
4.2. Convivencia urbana
Conceptos como hiper- o superdiversidad se han acuñado recientemente para plantear los desafíos de convivencia de personas de múltiples adscripciones sociales y que se relacionan cotidianamente en espacios públicos, implicando desafíos de convivencia en función de valores, creencias, estilos de vida y prácticas cotidianas diversas (Tasan-Kok, T., van Kempen, R., Raco, M. & Bolt, 2013). En este sentido, la interseccionalidad juega un rol analítico central, a la vez que se aleja en términos políticos de la idea normativa de «igualación» de la Escuela de Chicago, o de nociones de «integración» o «asimilación» que supone un referente hegemónico al que deben adscribir las personas en su proceso migratorio. Por otro lado, esta perspectiva permite observar la ciudad como un espacio producido a través de las prácticas cotidianas (Lefebvre, 1992) de forma contingente, múltiple y en permanente conflicto (Massey, 2005). Esta mirada relacional descentra el foco en las personas migrantes como un colectivo cerrado en sí mismo, y permite ver sus prácticas y experiencias en términos relacionales.
El concepto de superdiversidad no ha surgido explícitamente en los estudios en Santiago, pero sí algunas de sus dimensiones. El trabajo de Márquez en el barrio La Chimba (2013) aborda de forma paradigmática la reconfiguración de un barrio habitado por diversas oleadas de migración que han construido espacios de apropiación a través de redes de apoyo que permiten llevar a cabo sus proyectos migratorios. El resguardo y la conectividad que ofrece este espacio permite la convivencia de diversidad de historias de migración, donde condiciones de clase y estilos de vida se entrelazan más allá de la pertinencia nacional. La Chimba, como un lugar único en la ciudad en su condición de umbral, surge como un «asentamiento de frontera, la
