y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso Fernando Claro analiza el triunfo de Gabriel Boric y la derrota de José Antonio Kast, y asegura que “esta crisis institucional a la que llegamos fue causada, en gran parte, por haber tenido dos presidentes seguidos entrelazados entre sí. Eso significó un estancamiento total de personas, ideas, discursos y el enraizamiento de rencores y amistades entre diferentes políticos que impidieron un flujo sano dentro de las sillas del poder”. Insiste en que “si la centroderecha aspira a gobernar no puede ser hegemonizada por el conservadurismo”.
En el ensayo “Una derecha moderna” además afirma que “la izquierda, y especialmente la de los últimos cuatro años, ha sido lo que los cientistas políticos llaman ‘oposición desleal’, algo que ha sido incluso catalogado como el principal mal de las democracias latinoamericanas”.
El abogado Sebastián Soto profundiza en las “enfermedades políticas” que han padecido tanto izquierdas como derechas en los últimos años. Las primeras habrían pecado de falta de contención, llegando a su cúspide al asumir la presidencia Sebastián Piñera en 2018. De ahí en más -y sobre todo post 18 de octubre- “las izquierdas compitieron por esconder cualquier espacio de moderación que pudiera matizar su apoyo al momento más desestabilizador que Chile conozca en el último medio siglo”.
El gran problema de la derecha, en cambio, asegura el autor, fue su simplicidad, “característica que puede ser en muchos ámbitos una virtud, pero en política es definitivamente un pecado”. La derecha “no tuvo en estas tres décadas elementos que la tensionaran y provocaran por ello una reflexión”. Para ambas “enfermedades”, el abogado sugiere sus remedios.
Por su parte, la también abogada Constanza Hube analiza “desde dentro” el proceso constituyente. En su calidad de convencional, identifica lo que en su opinión está en juego en la discusión: “Si hay un derecho fundamental que está en juego en esta discusión constitucional, y que es base de cualquier democracia, es el derecho a la igualdad ante la ley”. En su ensayo “Hacia una Constitución de la desigualdad”, afirma que “este derecho básico de toda democracia a nivel mundial está alterado gravemente en las discusiones aprobadas en informes de las diversas comisiones. Cuando se argumentó a favor de una Nueva Constitución se sostuvo que el objetivo era combatir la desigualdad, y al parecer esta solo ha aumentado”.
Cierra este conjunto de ensayos el escrito “Los duros dilemas de Boric”, de Sergio Muñoz Riveros. En él el autor define lo que a su juicio es el desafío más importante para el presidente Gabriel Boric: no naufragar. “Lo mejor será que actúe sobriamente”, dice, y para ello es imprescindible la estabilidad. Estabilidad que está amenazada por distintos flancos: el actuar de la Convención Constituyente, el terrorismo, el crecimiento de la economía.
Muñoz, un ex militante comunista, resalta la especial admiración de Boric por el expresidente Salvador Allende, y concluye: “Le conviene tener muy presente la experiencia de Allende y la izquierda socialista/comunista entre 1970 y 1973. Allí están concentradas las enseñanzas acerca de todo lo que no debe hacer”.
Elecciones 2020-2021:
La suma de todos los miedos
Gonzalo Arenas Hödar
Abogado.
Académico Universidad San Sebastián.
Violencia, miedo y Convención Constituyente
El llamado estallido social de octubre de 2019 y la violencia desatada hasta marzo de 2021 marcaron a fuego la sociedad chilena. El país fue testigo de más de 2.900 hechos de violencia graves, de los cuales el 85% ocurrieron entre octubre y noviembre de 2019, dejando un saldo de 118 estaciones de metro vandalizadas, 35 de ellas incendiadas y 7 destruidas por completo; cerca de 300 supermercados saqueados; 544 cuarteles policiales atacados, más de 1.000 vehículos policiales dañados y casi 5.000 carabineros lesionados, de los cuales 126 fueron heridos a bala. A lo anterior se deben agregar cerca de 10.000 civiles lesionados y más de 30 fallecidos.
Esta realidad inundó de miedo el ambiente político y social del país. El miedo a ser víctima de la violencia, el miedo a no poder retomar la actividad económica sacudida por el estallido, el miedo a un futuro político y social totalmente incierto.
El miedo fue también, aunque algunos de sus protagonistas lo nieguen, el origen del acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019 que estableció el Plebiscito Constituyente. Miedo al que, por último, se sumó la pandemia por Covid-19, la que mostró sus primeros efectos a partir de marzo de 2020 y que fue la causa real del término de la violencia.
Debido a las alarmantes cifras de la pandemia de Covid-19, el Plebiscito Constituyente fijado para el 26 de abril de 2020 se aplazó para el 25 de octubre del mismo año, fecha en que, a pesar de la mejora en las condiciones sanitarias, el país volvió a vivir la amenaza de la reactivación de la violencia callejera. Una especie de recordatorio al electorado sobre las posibles consecuencias de un resultado “no deseado” en el plebiscito.
Fue así como, desde principios de octubre, se notó un aumento en los ataques de carácter terrorista en la llamada Macrozona Sur, los que el 3 de octubre de 2020 cobraron la vida del trabajador forestal Pedro Cabrera de 49 años; le siguió, el día 19 de octubre, uno de los mayores ataques que se recuerdan en la zona, con la quema de 13 camiones en las cercanías de Angol.
También regresó, en gloria y majestad, la violencia en la llamada Plaza Italia de Santiago, la que se radicalizó luego de la caída de un joven de 16 años desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho. Se acusó a un carabinero de haber producido el hecho al interceptarlo.
La angustia de los vecinos de Plaza Italia volvía a salir a la luz. “Desmanes reviven angustia de los vecinos de Plaza Baquedano”, informó la prensa, agregando que “en medio de un creciente número de viviendas que están quedando vacías, los residentes esperan que el plebiscito constitucional del 25 de octubre ponga fin a la violencia que se arrastra desde el año pasado” (El Mercurio, 9 octubre 2020, C9). En la misma nota se consignan las palabras de la presidenta de la junta de vecinos San Borja, Carmen León, de 77 años: “Había ilusión de que estábamos saliendo de esto, pero no fue así”.
Misma esperanza manifestó el presidente de la junta de vecinos del Parque Forestal, Héctor Vergara, quien confiaba que después del plebiscito regresaría la paz: “Tenemos esperanzas de que con una decisión mayoritaria, que es lo que se manifiesta en las calles, venga un aspecto más positivo para el barrio”. Por su parte, Francisca Fernández, locataria de la fuente de soda Blanco, manifestó también su esperanza: “Algunos dicen que con el plebiscito este tipo de manifestaciones ya no deberían existir” (El Mercurio, 9 octubre 2020, C9).
Acercándose la fecha del plebiscito, el 9 de octubre Plaza Italia vivió el día más violento de protestas desde marzo de 2020. Destrucción de bienes públicos y buses de transporte colectivo, con su tradicional secuela de barricadas e incendios. Un desconsolado alcalde de Santiago afirmó: “Los vecinos están sintiendo que están regresando a octubre de hace un año, cuando las manifestaciones terminaron con violencia y destruyendo prácticamente todo el barrio” (El Mercurio, 11 octubre 2020, C8).
Por otra parte, en el campo político, un sector de los partidos de oposición aumentaba sus esfuerzos por provocar la desestabilización del gobierno presentando una serie de acusaciones constitucionales, incluyendo al Presidente de la República, a quien además le pedían la renuncia. A pocos días del Plebiscito Constituyente también fueron acusados los ministros del Interior y de Salud.
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