Introducción
Para finales de la segunda década del siglo XXI las autoridades públicas poseen un sofisticado arsenal de recursos para tratar de alcanzar valores como la eficacia, la eficiencia y la economía en su actuar. La clave en la llamada sociedad del conocimiento es la generación de información fiable y pertinente que pueda ser empleada en los procesos de toma de decisiones y para las subsiguientes estrategias que se implementarán. Sin embargo, en muchas ocasiones las creencias que poseen los actores que participan en los regímenes democráticos no siempre están fundamentadas en el conocimiento científico y radican más bien en el cálculo del beneficio político partidista, grupal o individual. Este panorama es el que se le presenta a dos instrumentos de gobierno que a lo largo del siglo XX se incorporaron en las oficinas gubernamentales de todo el mundo: las políticas públicas y la evaluación. El ciclo de políticas públicas se cierra con la fase de evaluación y el objetivo de ambos es generar información útil para la acción de gobierno en ambientes donde el poder político ya no se legitima por su confesión ideológica sino por su actuación efectiva en la resolución de problemas. Pero la realidad le presenta una serie de retos a estos dispositivos de gobierno.
El objetivo de este ensayo es analizar algunas de las problemáticas que enfrenta la evaluación de políticas públicas en el marco de la acción de gobierno en un régimen democrático al finalizar la segunda década del siglo XXI.
Para alcanzar el objetivo mencionado el texto se divide en cinco partes: en la primera se formula una definición de política pública considerando los elementos mínimos en los que coinciden algunos autores que debe contar una política pública para ser tal. La segunda se aboca a realizar una breve descripción de las fases que actualmente integran el ciclo de políticas públicas, entendido como una construcción conceptual útil para simplificar el análisis de los procesos políticos, pero que no refleja necesariamente la realidad ya que no todas las políticas públicas siguen la secuencia de cada una de sus fases. En la tercera sección se define a la evaluación como una actividad que tiene como propósito recolectar, verificar e interpretar la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas públicos. Su importancia no es menor, ya que las instituciones y las autoridades públicas tienden a fundamentar su legitimidad no sólo en la legalidad de sus decisiones, sino en lo que hacen, es decir, en sus resultados. En el cuarto apartado se describe brevemente la forma como se fue incorporando la evaluación en la acción de gobierno, misma que es empleada mayormente como parte de los programas puestos en marcha en los Estados Unidos en la década de los años sesenta del siglo XX; la evaluación también fue una herramienta muy aprovechada por los gobiernos a finales de la década de los 70 y principios de los 80 con el propósito de justificar los recortes al “tamaño” de la administración pública. En el quinto apartado se plantea una serie de problemas que actualmente se le presentan a la evaluación de políticas públicas, como lo son el desafío que representan sociedades complejas y heterogéneas a herramientas que están diseñadas desde un enfoque racional, y cómo la utilidad que en teoría debería tener la información generada por la evaluación para el diseño de políticas públicas termina siendo minimizada por los criterios políticos de los actores involucrados en la formulación de políticas públicas.
Las políticas públicas
La lengua española emplea el término políticas públicas como traducción del vocablo inglés policy, el cual según The Oxford American Desk Dictionary significa: “1. course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual, etc. 2. prudent conduct; sagacity”.2 En este sentido, y entrando en terrenos del lenguaje especializado,3 Jean-Baptiste Harguindéguy señala que las políticas públicas “son programas desarrollados por autoridades públicas”;4 mientras que para Manuel Tamayo Sáez las políticas públicas se conforman por “el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.5
Como establece José Luis Méndez,6 existen numerosos conceptos de lo que es una política pública, pero los elementos mínimos en los que coinciden dichas definiciones nos llevan a entenderlas como la acción consciente y específica (decisiones, programas, estrategias) por parte de las autoridades públicas (el Estado y/o el gobierno), dirigida a cumplir ciertos objetivos (prioridades). Definida así, la política pública tiene como un instrumento fundamental en su estructura la noción de programa público, el cual, según Harguindéguy, se integra por lo menos de 5 elementos:7
1) El contenido, el cual se entiende como las medidas utilizadas, particularmente los instrumentos movilizados: prestaciones, recortes, represión, etc.
2) El calendario, es decir, la programación de la acción de la autoridad pública en el tiempo para maximizar su efecto.
3) Una teoría del cambio, ya que detrás de cada programa se esconde un razonamiento causal, de esta forma se genera una intervención de las autoridades públicas porque se cree que tendrá un efecto "X" sobre un grupo "Y".
4) El campo de acción, el cual se compone de un grupo de personas y/o de un espacio geográfico; estos individuos son los receptores de la política y este criterio les diferencia de otros grupos territoriales y/o sociales que no se verán afectados directamente por el programa implementado.
5) La coerción, ya que tiene que haber una forma de obligar a la gente a que haga lo que se le pide.
A propósito de este último elemento, el de la coerción, es importante observar que la intervención de las autoridades públicas pretende justamente producir resoluciones que sean vinculantes para todos los miembros de una comunidad.
Desde este factor del programa público, Josep M. Vallès apunta que una política pública tiene como foco un área determinada de conflicto o tensión social; en este sentido, las políticas públicas son adoptadas formalmente en el marco de las instituciones públicas, hecho que les confiere la capacidad de obligar, es decir, de ser vinculantes, coercitivas; sin embargo, deben ser precedidas de un proceso complejo de formulación, en el cual han participado una pluralidad de actores públicos y privados de la comunidad.8 De esta forma, las políticas públicas no deberían ser acuerdos o transacciones voluntarias adoptadas por actores que defienden determinadas posiciones; las políticas públicas son determinaciones que se imponen sobre la comunidad, en virtud de son constituidas por las autoridades públicas, y por ello, cuentan con legitimidad política.9 El componente coactivo de una política se manifiesta de modos diferentes: a) en unos casos, la coacción es ejercida directamente señalando conductas obligadas; b) en otros, se manifiesta indirectamente ya que no se obliga a adoptar una conducta precisa, pero se establece que, en caso de manifestarse dicha conducta, debe ajustarse a determinadas condiciones; asimismo, este ejercicio de la coacción afecta en ocasiones a grupos amplios de ciudadanos o incluso a toda la comunidad, mientras que en otras alcanza solo a algunos grupos.10
Como lo expresa Ricardo Uvalle, la política es una práctica social que se estructura en cursos de acción que responden a la complejidad de la acción colectiva,11 por ello el hacer uso de las políticas públicas como una herramienta de gobierno incentiva la cooperación entre los actores públicos y privados de la comunidad. Este instrumento de gobierno puede servir para desactivar tensiones, regular problemas y definir soluciones focalizadas para evitar la alteración violenta de la correlación de fuerzas.
Es importante aclarar que una política pública es un proceso que se rehace sin cesar; elaborar una política es un proceso de aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados. Las políticas públicas van cambiando a la luz de nuevas consideraciones producidas
