de políticas públicas es una herramienta que emplean las autoridades públicas de los regímenes democráticos para comprender, comunicar y controlar porque:34
a) Tratan de comprender lo que pasa con los procesos sociales inducidos por la acción pública para fundamentar de manera lo más acertada posible las acciones futuras.
b) Tienen la obligación de comunicar para explicar, con base en una información argumentada, y dialogar con sus públicos con el fin de conseguir el respaldo a sus acciones.
c) No pueden dejar de lado la responsabilidad de ejercer un control sobre las actividades que realizan.
Como se ha podido apreciar, la evaluación en general, y particularmente la evaluación de políticas públicas, es un acto de designación de valor, y por ello es un acto político, que se presenta como un asunto complejo en el momento en que intervienen los valores y creencias de los diferentes actores que participan en el acto de evaluación. Pero, ¿desde cuándo se ha incorporado el ejercicio de evaluación a la acción de gobierno? Precisamente este punto será objeto de análisis en el siguiente apartado.
La evaluación de la acción de gobierno
Los antecedentes del empleo de la evaluación para efectos de la acción gubernamental se remontan a la "aritmética política" desarrollada en la Gran Bretaña durante el siglo XVII, pero los primeros estudios que podrían considerarse como evaluaciones formales se encuentran en las investigaciones de los académicos franceses del siglo XIX André Michel Guerry y Jules Depuit. Guerry, en 1833, publicó un estudio en el que trató de demostrar que la educación no disminuía la criminalidad. Mientras que Depuit, en 1844, evaluó la utilidad de las obras públicas, como los caminos y los canales. Fue en los Estados Unidos, en los campos de la educación y la salud, en donde surgieron los primeros estudios sistemáticos de evaluación durante los primeros años del siglo XX.35
Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX, que con la confluencia del avance de las ciencias sociales aplicadas, el establecimiento de los pesos y contrapesos del régimen democrático y el surgimiento de necesidades tanto instrumentales como decisorias, que el gobierno de los Estados Unidos empezó a formular políticas públicas y programas dirigidos a mejorar las condiciones sociales considerando como elemento a la evaluación, debido a que se había supuesto hasta entonces que los servicios proporcionados (como el seguro de desempleo) o la promulgación de leyes (como la prohibición del trabajo infantil) serían suficientes por sí mismos para generar mejores condiciones de vida.36
Es de esta forma que la evaluación de la acción pública moderna se desarrolló en Estados Unidos durante el New Deal de Franklin D. Roosevelt a finales de la década de los 30 y se consolidó posteriormente en la década de los 60, a través de la puesta en marcha del PPBS (Planning, Programming, Budgeting System) que tenía como propósito gastar el dinero federal de la forma más eficiente posible, en el marco de la instrumentación de los programas sociales de la “Guerra contra la Pobreza” durante la época reformista de la “Gran Sociedad”, promovida por la presidencia de Lyndon B. Johnson. La primera agencia evaluadora encargada de monitorizar los programas federales fue la GAO (General Accounting Office) en 1967, dependiente del Congreso. A partir de entonces, la formulación de legislación, sobre todo en materia de educación y salud, obligó a gran número de programas a realizar evaluaciones.37 En Europa Occidental la evaluación de políticas públicas comenzó a ponerse en práctica a partir de la conceptualización y el aprendizaje de las experiencias provenientes de los Estados Unidos.38
Durante la década de 1970 la evaluación de políticas públicas se convierte en una herramienta de uso común, interna y descriptiva de los programas públicos federales en los Estados Unidos para la resolución de los problemas sociales y en un instrumento político para la reconsideración de políticas y presupuestos; sin embargo también esta década marca el comienzo de evaluaciones experimentales como el Negative Income Tax (Impuesto Negativo sobre la Renta), una especie de transferencia focalizada a familias con ingresos bajos, otorgada partir de la información sobre ingresos declarados a la autoridad tributaria. Siguieron a este experimento ejercicios similares de subsidios para vivienda, seguro médico, desempeño educativo, entre otros.39
A finales de la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, en el contexto de los déficits financieros que experimentaban numerosos Estados del Bienestar en su gasto y que los ponían en riesgo de crisis fiscal, la evaluación fue considerada como el dispositivo analítico y directivo indispensable para conocer y medir las áreas de notoria ineficiencia económica de la acción gubernamental, ya que se encontraba en condiciones de ofrecer información que permitiera alcanzar el equilibrio entre el costo y la eficiencia de las políticas públicas y los programas de gobierno. Así la evaluación produjo información que fue clave para sanear las finanzas públicas y construir un equilibrio ingreso-gasto público, introduciendo reformas administrativas de compactación de niveles jerárquicos, medición del desempeño y control de gestión y, en casos extremos, de cancelación de programas y organismos considerados ineficientes.40
Este modelo de “nueva gestión pública” consistió en la privatización de empresas públicas, la “agenciación” de la administración del Estado y auditorías a los servicios burocráticos. El objetivo de estos cambios buscaba que se manejara al sector público con los mismos valores y herramientas que el sector privado y, por ende, de evaluar todo lo evaluable; desde entonces se lleva a cabo un proceso de revisión periódica de la administración como el que impulsó el Federal Sunset Act en 1998.41
Hacia la conclusión de la segunda década del siglo XXI la evaluación de políticas públicas forma parte inherente del proceso integral de trabajo de las autoridades públicas. Además se cuenta con el importante apoyo que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); su aplicación ha permitido en algunos países construir amplias redes de evaluación de políticas públicas por parte de ciudadanos que dan seguimiento de aquellas políticas públicas que directa o indirectamente les afectan en su actividad cotidiana, pudiendo entablar diálogos “en tiempo real” con las autoridades responsables de su formulación, instrumentación y evaluación.
Pero ¿qué implicaciones tiene el ejercicio de la evaluación en el contexto de las políticas públicas la son las políticas públicas?, la respuesta a esta pregunta se desarrollará en el siguiente apartado.
Algunas problemáticas que presenta la evaluación de políticas públicas
La evaluación de políticas y programas públicos es un campo que pretende dar solución a los retos y problemas prácticos que plantea la acción pública, misma que se desarrolla en el marco de una realidad social cada vez más compleja y fragmentada. Esta labor de evaluación se realiza con base en un conjunto de supuestos que parten de la idea de la relación de causalidad que el diseño y la ejecución de las políticas y programas implican, por lo que la evaluación tiende a centrarse más bien en la medición de los efectos que provocan los comportamientos de las organizaciones, unidades o personal de la administración pública, a cuyos aciertos y fallas se imputarán los efectos concretamente. Dichos supuestos establecen:42
a) Al suponer que el diseño de una política o programa contiene una apropiada o correcta relación entre acción-resultado, causa-efecto, medios-fines, la evaluación concentra lógicamente su atención y medición en la actividad, el desempeño, el producto, el resultado, que puede ser inapropiado, deficiente o fallido por errores, defectos e incumplimientos de operación, pero no debido a errores o fallas en el diseño causal de la política. El diseño podrá ser cuestionado posteriormente, a resultas de los datos de la evaluación.
b)
