href="#ulink_d6ed3c90-129d-5183-aa48-8dc5ea46e72d">61, y el segundo el control de las violaciones de derechos humanos y ambientales por parte de las empresas multinacionales y sus subcontratistas en el extranjero62. Las transnacionales han adoptado frecuentemente la estrategia de ocultar quiénes son sus subcontratistas para evitar eventuales campañas de los consumidores políticos o denuncias de los medios de comunicación. Cuando se han visto obligadas a afrontar el problema, han optado por una solución de derecho «blando» que les permitiera controlar la regulación lo que ha dado lugar a una gran proliferación de códigos de conducta en materia de responsabilidad empresarial.
El desastre de Bhopal, «la tragedia olvidada» por utilizar la expresión de un documental dedicado al suceso63, tuvo lugar en 1984 al producirse un escape de una sustancia química tóxica en una fábrica de plaguicidas de la India, propiedad de la empresa estadounidense Union Carbide, matando a 20 000 personas y dejando a otras 150 000 con graves secuelas. Como respuesta a este desastre la industria química norteamericana se apresuró a adoptar un código de conducta llamado Responsible Care (Cuidado responsable), mientras presionaba para que no se adoptasen medidas legislativas más estrictas. El mensaje era: «Somos los expertos, amamos la naturaleza y nos ocuparemos de ella. Es mejor que vosotros, los políticos y los gobiernos, no os metáis en el asunto»64. Podemos ver aquí un caso en que el código de conducta no es adoptado individualmente por una empresa, sino colectivamente por todas las industrias de un determinado sector.
A partir de estos datos, puede afirmarse, pues, que los códigos de conducta en materia de responsabilidad empresarial surgen originalmente como parte de una doble estrategia corporativa: por un lado, constituyen una operación de marketing que pretende un «lavado de cara» de la empresa (o sector) y, por otro, son una forma de prevenir la intensificación de la regulación mediante normas de hard law y mecanismos de control más estrictos. Más en general, la eficacia de la autorregulación empresarial pura por medio de códigos de conducta individuales o sectoriales resulta más que dudosa. Un especialista en este campo afirma lo siguiente en la introducción a un volumen en el que diversos autores llevan a cabo una serie de estudios de caso:
Después de años de negociación y consulta, este autor no conoce ninguna industria, grupo de industrias o instituciones multisectoriales que hayan desarrollado, o implementado, un código significativo que incluya los elementos esenciales de especificación de objetivos, medidas orientadas a su cumplimiento, monitorización externa y transparencia en la información pública65.
Debemos detenernos aquí para examinar una cuestión en relación con la cita precedente: el autor habla de «monitorización externa», lo que pone de manifiesto que se está refiriendo a un grupo más amplio de formas de autorregulación que las que aquí hemos incluido dentro del conjunto «autorregulación pura». Esta solo comprende los casos en los que los códigos (u otro tipo de fórmulas normativas) son dictados, supervisados y ejecutados por la misma instancia que está obligada a cumplirlos, sea esta una empresa individual o un sector de la producción. Si introducimos formas de monitorización externa, eso significa que algunos aspectos relativos al control del cumplimiento efectivo del código son realizados por una entidad diferente de aquella que lo dictó, por lo que no estaríamos ante un caso de autorregulación «pura» tal como aquí se entiende.
Para calibrar la extensión del campo al que se refiere Sethi, hemos de tener en cuenta que esa cita se refiere a los casos en los que las empresas u organizaciones empresariales dictan voluntariamente códigos de conducta, como sería el caso de Nike comentado más arriba, o el del Responsible Care, elaborado por la industria química norteamericana tras la tragedia de Bhopal. Se trata de supuestos en los que el poder público no establece obligación alguna de que las empresas habiliten mecanismos de autorregulación. En estos casos las compañías suelen encargar la supervisión externa a una ONG o a una empresa auditora.
Hay diversas ONG que verifican el cumplimiento de los códigos de conducta, especialmente en lo que se refiere al respeto de los derechos laborales por parte de las empresas subcontratistas y las filiales de las grandes transnacionales. La fiabilidad de los informes de estas entidades varía mucho según los casos en función de una serie de factores, el más importante de los cuales es la forma como se obtiene la información sobre la empresa monitorizada. No es lo mismo que los datos se consigan por medio de una labor de investigación que recibirlos de la empresa supervisada. Tampoco es igual que las visitas de «inspección» se programen con antelación que realizarlas de forma imprevista. Una cuestión muy importante es que se imponga a la empresa monitorizada la obligación de ofrecer toda la información acerca de la identidad y localización de sus subcontratistas y que la entidad fiscalizadora pueda escoger por sí misma qué factorías supervisar66.
Una organización que realiza informes e investigaciones fiables y que atiende también a las quejas de los trabajadores es Worker Rights Consortium (WRC). En su sitio de Internet podemos encontrar documentación sobre una enorme cantidad de empresas e informes realizados sobre la base de reclamaciones de violaciones de derechos laborales, indicando tanto cuál es la empresa denunciada como la firma transnacional que es su principal (o único) cliente. Entre los informes realizados en 2020, uno de ellos se refiere a la violación del derecho de libre sindicación por parte de una empresa, llamada All-Sportz y situada en la República Dominicana, que es subcontratista de una firma que organiza competiciones entre equipos de «animadoras» de diferentes institutos estadounidenses y les vende los uniformes, cuyo nombre es Varsity. Otro investiga a Posmi Sweaters Ltd., una empresa de Bangladesh que produce jerséis para El Corte Inglés, acusada de violación de las normas relativas a la jornada laboral y de despido improcedente67. El trabajo que realiza la WRC es de enorme trascendencia.
En el otro extremo del espectro, encontramos el programa Worldwide Responsible Acredited Production (Producción Responsable y Acreditada Mundialmente), WRAP en sus siglas en inglés, que se presenta con las siguientes palabras en su sitio de Internet: «Producción Acreditada Mundialmente Responsable (WRAP) es una organización independiente, objetiva, sin fines de lucro con un equipo de expertos mundiales en compliance social dedicados a promover la fabricación segura, legal, humana y ética en todo el mundo a través de la certificación y la educación»68. En una tabla comparativa elaborada por Rodríguez Garavito acerca de diversas organizaciones sin ánimo de lucro que realizan funciones de monitorización externa del cumplimiento de los códigos empresariales, WRAP es calificada con un cero sobre diez, mientras que WRC obtiene una puntuación de sobresaliente con nueve puntos69.
Esta evaluación se realizó en el año 2005, pero la situación no parece haber mejorado de acuerdo con la avalancha de estudios sobre responsabilidad social empresarial que se realizaron tras el desastre acaecido en el complejo de Rana Plaza de Bangladesh en la primavera de 201370. Un estudio realizado por la propia entidad acerca de la fiabilidad de sus evaluaciones, basado en entrevistas a representantes de diversos grupos de interesados (stakeholders), puso de manifiesto que los métodos utilizados por el WRAP no inspiraban demasiada confianza71. A ello se añade que la creación del WRAP en el año 2000 fue resultado de una iniciativa de la Asociación Americana del Vestido y el Calzado, cuyos miembros comercializan la mayoría de las prendas de vestir que se venden en los EE UU, y que decidieron crear un código de conducta compartido acompañado de un programa de certificación de fábricas. En realidad,
