forestales, los peligros naturales y el desarrollo sostenible (Escobar, 1996; Moore, 1996; Peluso, 1995; Sachs, 1992; Yapa, 1996b; Zimmerer, 1996); 3) los análisis centrados en regiones geográficas específicas y en conflictos sobre acceso a los recursos ambientales (Collins, 1987; Moore, 1996); 4) los estudios de énfasis socioeconómico en clase, género y etnicidad (Bebbington y Tan, 1996; Colchester, 1993; Peluso, 1995), y 5) los estudios sobre los actores sociales y sus interrelaciones a través de su capacidad de acción (Bryant, 1992; Bryant y Bailey, 1997). Algunos investigadores, como Bebbington y Tan (1996), Escobar (1998) y Yapa (1996a), están desarrollando una perspectiva que se ocupa de las políticas y concepciones ambientales de los movimientos sociales.
De manera similar, la economía ecológica estudia las relaciones entre la economía y el medio ambiente, y los flujos de materia y energía. Sus orígenes se remontan a la primera ley de la termodinámica,13 en la que se basó el texto clásico y controversial de Meadows (Meadows, Randers y Behrens, 1972), que por medio de un experimento de modelamiento dinámico —Dynamo— puso en evidencia la incapacidad física del planeta para crecer indefinidamente. Desde esta perspectiva, también critica a la visión de la economía ambiental, al plantear que no existe en el mercado un precio correcto para los recursos naturales, ni una manera eficiente de asignar un valor o establecer una “disponibilidad a pagar” por los servicios que presta la naturaleza, porque, fundamentalmente, no se conoce con certeza el tipo, cantidad y complejidad de dichos servicios.
Algunos investigadores (Escobar, 1998; Yapa, 1996; Bebbington, 1996) “están desarrollando una perspectiva que se ocupa de las políticas y concepciones ambientales de los movimientos sociales” (Ulloa, 2001, p. 209).
El enfoque de la ecología política en Latinoamérica ha inspirado dos grandes vertientes de estudios muy relacionadas. La primera está asociada con los estudios críticos del desarrollo, la antropología y la sociología, que se ocupa de examinar las relaciones entre conflicto y desarrollo. La segunda vertiente, sumamente fértil en estudios en Perú, Chile y Bolivia, se encarga de estudiar el neoextractivismo y los conflictos generados por la extracción minera y de hidrocarburos en Latinoamérica (Fontaine, 2002, 2004; Gudynas, 2005, 2007; Ortiz, 1999; Sabatini, 1997a, 1997b; Sabatini, y Sepúlveda, 1997).
La mayoría de estos enfoques utilizan el concepto de conflictos socioambientales o redistributivos, y están orientados, por una parte, a medir cómo se reparten los costos y beneficios de estas actividades extractivas y sus relaciones con el conflicto, y, de otra, a documentar las acciones colectivas y los movimientos sociales que buscan resistir a proyectos de corte neoextractivista (Alimonda, 2002, 2011; Gudynas, 2007; Toro-Pérez, 2012).
Numerosos elementos considerados por los tres enfoques críticos, en particular en lo que se refiere a la perspectiva cultural, la producción de la pobreza y la distribución de costos y beneficios, han sido tenidos en cuenta en el enfoque elaborado para este trabajo y en la selección de los conceptos centrales, de acuerdo con su coherencia para cada nivel de análisis planteado, y sobre todo por sus relaciones con cada uno de los rasgos de intratabilidad identificados en cada nivel, como veremos en profundidad en la siguiente sección y en los capítulos de resultados, donde se evidencian las asimetrías en la repartición de costos y beneficios en las dinámicas de urbanización informal, autoproducción de hábitat, proyectos de mejoramiento integral de barrios y los subsecuentes procesos de gentrificación a nivel micro.
Las dos nociones de intratabilidad en los conflictos
La primera noción a reseñar en esta sección es la de protracted social conflicts —en adelante, PSC—, acuñada por los investigadores Azar, Jureidini y McLaurin (1978) y Azar (1980, 1985, 1991), investigadores adscritos a la escuela de los estudios de paz de corte estructuralista, también etiquetados como maximalistas. Este concepto surgió como resultado de un extenso trabajo de análisis de las causas, características y dinámicas de permanencia y recurrencia del conflicto armado palestino-israelí durante los años setenta.
La segunda noción, que incluye el adjetivo de intratabilidad, environmental intractable conflicts —en adelante, EIC—, o conflictos ambientales intratables, en castellano, fue acuñada por la escuela norteamericana de resolución de conflictos de corte funcionalista, y etiquetada como minimalista, la cual es utilizada por estudiosos como Bingham (1986), Crowfoot y Wondolleck (1990), Kriesberg et al. (1989) y Lewicki et al. (2003) para referirse a conflictos de larga duración y difíciles de resolver originados alrededor del uso, control o acceso a los recursos naturales.
A continuación, se examinarán los dos conceptos y sus orígenes, para establecer el hilo conductor teórico que alimentó la construcción de la noción de conflictos ambientales con rasgos de intratabilidad elaborada para esta investigación.
Los conflictos intratables (protracted social conflicts)
El adjetivo intratable no es determinista o fatalista, y desde luego no se refiere a la imposibilidad de resolver un conflicto, sino a su complejidad, debido, en primer lugar, a su larga permanencia como hecho irresuelto, su recurrencia, complejidad y numerosas e intrincadas interrelaciones, y, en consecuencia, a la dificultad para identificar una sola secuencia de acontecimientos, es decir, un solo rastro siguiendo las huellas y trayectoria de acontecimientos, ingredientes y actores de manera que permitan comprender sus componentes, desenvolvimiento, relaciones causa-efecto y posibles vías de transformación.
El concepto de PSC se ha traducido con poca fortuna al castellano como conflictos intratables. Sin embargo, el verbo en participio pasado tracted viene del sustantivo trak, que proviene del inglés medieval trak, el francés trac y el germánico antiguo traðk, que significa ‘surco, hilo, huella’. El prefijo pro tiene dos antecedentes, uno latino y otro griego. Pro en latín vulgar significa ‘provecho’, mientras que prode, del latín clásico prodest, significa ‘a quien es útil’; pro en latín también significa ‘hacia adelante, estar a la vista o estar a favor’, los dos vienen de la raíz indoeuropea per, que significa ‘conducir, encima de, contra y alrededor’ (Blánquez, 1954).
Como se puede inferir, las raíces etimológicas de protracted hacen referencia a las múltiples direcciones y orígenes de una huella, o a la incapacidad de saber de dónde proviene el hilo de las cosas, pero además involucran la incapacidad de saber exactamente quién se beneficia y a quién conviene, por lo que la imagen del palimpsesto es muy útil para darnos una idea de su complejidad. En síntesis, la palabra protracted, en inglés, busca describir la dificultad para establecer las razones, el origen, el orden y los hechos cronológicos asociados a un enfrentamiento, a sus causas y motivos, pero además a sus beneficiarios y al por qué; razón por la cual exige un análisis riguroso y detallado.
Edward Azar, a partir de un monumental trabajo de investigación del complejo y duradero conflicto palestino-israelí, definió los protacted conflicts como “luchas prolongadas y a menudo violentas en las que participan grupos comunales por la satisfacción de necesidades tan básicas como la seguridad, el reconocimiento, la aceptación o el justo acceso a las instituciones políticas y económicas” (Azar, 1991, p. 93).
Estos conflictos son complejos por involucrar necesidades fundamentales y componentes culturales y estructurales poderosos, que tienen una gran capacidad para mantenerse activos por largos periodos de tiempo, incluso luego de ser intervenidos a través de algún tipo de acuerdo, al punto de reemerger y tornarse crónicos. En ocasiones los procesos de negociación y acuerdos pueden alcanzar las más altas instancias jurídicas y legales hasta adquirir magnitud internacional sin lograr una salida acordada o una adecuada transformación de los elementos fundamentales que los originan. Se dice que se encuentran anclados a estructuras sociales —culturales, económicas o institucionales— poderosas (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005).
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