para solucionar los conflictos, por ser más reconciliables que las posiciones y contener elementos objetivos que pueden acordarse. Las posiciones, por otra parte, son más complejas y pueden estar mediadas por diferentes elementos de carácter subjetivo, como las creencias y los valores o marcos —que aparentemente son objetivos o que, por lo general, se han naturalizado como tales por parte de los actores enfrentados—. Algo similar sucede con las posiciones institucionales, ligadas a mecanismos jurídicos, normas y reglas “que no se pueden negociar” y que en otros casos están teñidas por los deseos y las aspiraciones de los actores enfrentados; todos los casos anteriores requieren de mayores esfuerzos para transformarse.
Las posiciones de los actores, en el caso que nos ocupa, están asociadas a la adhesión incondicional —por ejemplo, por parte de la gubernamentalidad— a discursos hegemónicos, saberes disciplinarios modernos y “el deber ser” en relación con la conservación, el urbanismo y la planeación del desarrollo urbano. Mientras que en el caso de los propietarios de los predios afectados por la declaración de la Reserva, estas posiciones tienen que ver más con su interés y sus expectativas de obtener provecho económico de sus propiedades. Por otra parte, en el caso de las comunidades pobres, sus discursos no están orientados por posiciones o siquiera intereses, sino que están centrados en la subsistencia, en la necesidad de tener un techo en la ciudad y de agenciar sus medios de vida. Es por esta razón que, en este conflicto de larga data, los actores institucionales y los grandes y medianos propietarios, en virtud de su mayor poder y capacidad de resistencia, despliegan estrategias de mediano y largo plazo, mientras que los actores comunitarios ponen en marcha tácticas de corto plazo, como, por ejemplo, maximizar su capital social, agenciar prácticas de supervivencia o articularse con actores mas poderosos, como las redes clientelistas, las iglesias, las fundaciones y las ONG, entre otros.
Las necesidades son claves en los conflictos con rasgos de intratabilidad, y así se han citado por la literatura clásica (Azar, 1985, 1986, 1990, 1991, 2002), pues corresponden al mínimo que cada actor debe obtener. Con necesidades fundamentales, como identidad, seguridad y supervivencia, no se debe, ni se puede, negociar. De hecho, el satisfacerlas debe ser el objetivo del manejo del conflicto, así como también suavizar o transformar las posiciones de los actores a través del diálogo de saberes y, en definitiva, la interculturalidad.
El conflicto solo es resuelto cuando todas las partes satisfacen sus necesidades; cuando esto no sucede de manera simultánea y acordada, los conflictos tienden a la intratabilidad, se tornan de larga duración, se hacen recurrentes y de difícil transformación.
Por otro lado, cuando la parte más vulnerable ignora y pasa por encima de sus propias necesidades (acomodación), presionada por el poder ejercido por parte de los actores más poderosos o por la actuación de dispositivos y estructuras sociales —como resultado, por ejemplo, de las distintas formas de violencia ejercidas consuetudinariamente, habitus, como la violencia cultural o simbólica—, el conflicto tiende a aplazarse o evadirse, pero nunca a resolverse o transformarse. Esta situación ocurre en virtud de la reproducción histórica de las asimetrías de poder, por lo cual la parte más débil tiende a ceder sobre temas que, en principio, no debería ni podría ceder, lo que hace que el conflicto no se transforme, sino que se posponga, se complejice, se aplace o se evada, con graves consecuencias y costos crecientes a futuro.
En los conflictos en los que las partes tienen poderes relativamente simétricos, la contradicción se define en gran medida por la oposición entre los objetivos que cada una persigue. En una relación asimétrica de poder, como corresponde al caso de estudio, la contradicción es definida no solo por los intereses de cada parte, sino por el tipo de relacionamiento que existe entre ellas y por el conflicto de intereses que es inherente a las características de estas relaciones (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, pp. 58-222).
El conflicto como motor del cambio social: relaciones entre agenciamiento y estructura
Mientras las escuelas europeas que estudian el conflicto se concentran en la necesidad de transformar las estructuras sociales y las relaciones de poder, las norteamericanas —desde una perspectiva más pragmática e instrumental— plantean la resolución, es decir que a medida que se va desenvolviendo el conflicto es necesario gestionarlo con los instrumentos adecuados para prevenir su potencial destructivo y, principalmente, el desencadenamiento de la violencia.
Bajo el contexto de Guerra Fría en que emergieron las escuelas de estudios de paz, los estudiosos centraron sus esfuerzos en utilizar métodos estadísticos y modelamiento dinámico con el fin de predecir las posibles dinámicas de los conflictos y, sobre todo, calcular su potencial destructivo mediante el uso de distintos tipos de variables. Se construyeron plataformas de información que permitieron contar con estadísticas y modelos matemáticos experimentales y cuasiexperimentales, así como predecir y evaluar tanto la gravedad como la magnitud y resonancias e implicaciones geopolíticas de acciones consideradas amenazantes a lo largo de las dinámicas de desenvolvimiento de los conflictos armados, además de las implicaciones y el cálculo de los costos estimados de su desatención, tanto en vidas como económicos.
El uso de nociones como resolución —por parte de las escuelas norteamericanas, centrada en el uso de técnicas pragmáticas de resolución (Lewicki et al., 2003)— o transformación —por parte de las escuelas europeas, centrada en la transformación de las estructuras sociales para generar cambio sociales (Galtung, 1998)— está claramente determinado por el alcance previsto para las intervenciones.
Por otra parte, el uso y definición del concepto de estructura, así como la noción de agenciamiento —vista por algunos como su opuesto— ha sido fuente de numerosas discusiones y elucubraciones para las ciencias sociales, en particular desde las disciplinas de la antropología, por Levi-Strauss, y de la sociología, por Bourdieu (1977, 2000) y Giddens (1979, 1981), algunos de los autores más conocidos. Sin embargo, es preciso resaltar que sobre el concepto de estructura no existe un completo acuerdo, por lo que es percibido como ambiguo y difícil de definir o explicar; por ello, en este trabajo se prefiere trabajar con la noción de dispositivo de poder, aunque al citar algunos autores —como, por ejemplo, Giddens— tengamos que referirnos a estructuras, dado que el concepto de dispositivo data de los años ochenta, por lo que es mucho más reciente.
Giddens señaló en sus textos la necesidad de tener en cuenta el carácter interdependiente de las estructuras —de la misma manera lo presentó luego Bourdieu (2000) como una relación dialéctica—, al ser “medio y resultado de las prácticas que constituyen los sistemas sociales” (Giddens, 1981, p. 27). Al respecto, Sewell (1992) afirma que las estructuras o dispositivos limitan o expanden el acceso a los recursos de la sociedad y, en consecuencia, la posibilidad de agenciarlos mediante un conjunto de prácticas; al tiempo, estas están restringidas por los dispositivos, los cuales determinan las condiciones de posibilidad de su agenciamiento bajo la forma de prácticas, por ejemplo. Los agenciamientos, vistos como conjuntos de prácticas que responden a una lógica particular, están embebidos de las posibilidades que ofrecen las estructuras; de hecho, se presuponen unas a otras, agenciamiento y dispositivos son parte de una misma unidad dialéctica.
Los dispositivos no solo limitan los agenciamientos en términos de regular el acceso a los recursos, sino que a la vez legitiman y determinan los niveles de acceso a estos entre los grupos que componen una sociedad, lo que tiene una relación directa con la noción de clases sociales; en este sentido, las clases privilegiadas dispondrían de mayores y mejores recursos que las menos privilegiadas y, por tanto, de mayor capacidad de agenciamiento. A pesar de esto, en este trabajo no se utilizará el concepto de clase social. En cada sociedad las características, los componentes y las lógicas de los dispositivos con funciones de control o regulación social, cultural, económica, política, etc., actúan a través de distintos mecanismos con lógicas predefinidas que legitiman el acceso a los recursos con que cuenta una sociedad. Es importante no olvidar que estos pueden ser de carácter material o inmaterial; pueden ser incluso derechos,
